Fuerte polémica por las cifras de desaparecidos

El 23 de octubre de 1976, fuerzas de seguridad entraron en la casa de la familia Fernández Meijide y se llevaron a Pablo, su hijo de 17 años. Su desaparición cambió para siempre la vida de esa familia y torció el rumbo que llevaba su mamá, que se deshizo de su instituto de idiomas para dedicarse obsesivamente a trabajar en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.

Así empieza el libro casi autobiográfico de Graciela Fernández Meijide La historia íntima de los derechos humanos , donde se entrelazan su tragedia y los orígenes de los organismos de derechos humanos.

En el texto, Fernández Meijide habla de "casi 9000 desaparecidos", el número final al que llegó la investigación de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (Conadep) y de los 7030 que hoy figuran en los registros oficiales en Internet.

Su omisión de los 30.000 casos que denuncian los organismos de derechos humanos y su propuesta posterior de rebajar las penas a los militares a cambio de información partieron literalmente en dos a la opinión pública y trajeron al país una polémica que florece ante la lentitud de la Justicia y el silencio de los acusados.

"La rebaja de penas a cambio de información se hizo con éxito en Sudáfrica. Está de acuerdo con el espíritu del Código Penal y no consagra la impunidad", le dijo a LA NACION Julio César Strassera, el fiscal del juicio a las juntas militares.

Strassera también apoyó los reparos de Fernández Meijide frente al número de desaparecidos. "Ella no negó nada, sólo dice cuántos hay documentados", consideró.

Número documentado

Jorge Torlasco, integrante de la Cámara Federal que juzgó a las juntas, tuvo una opinión similar.

"La Cámara pidió todas las causas del país y reunió 9000 casos, es el único dato documentado que existe", sostuvo Torlasco.

Entre quienes integraron la Conadep, Santiago López, ex diputado radical y compañero de Fernández Meijide en ese organismo, buscó bajar la polémica. "El número de 30.000 desaparecidos es simbólico. No tengo duda de que hay más casos de los que tenemos registrados, pero no es un dato matemático. Es tan grave que sean 10.000 como 30.000", aseveró.

Los organismos de derechos humanos, en cambio, fueron terminantes con su rechazo en ambos temas.

"Es terrible lo que dice, es tomar con superficialidad lo que hemos padecido", apuntó compungida Laura Bonaparte, integrante de Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora.

Bonaparte dijo a LA NACION que tampoco aprobaba la propuesta de rebajar penas a cambio de información porque "sería ponerse al nivel de los asesinos".

Las presidentas de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, ya habían hecho públicas sus críticas.

Para Bonafini, hablar de la cantidad de desaparecidos es "un oprobio, una ofensa".

"Es prácticamente decir que mentimos", se le sumó Carlotto, que agregó que los 30.000 desaparecidos no son "un número caprichoso", sino basado en distintas pruebas.

"No negociamos de ninguna manera la impunidad por encontrar a nuestros nietos", aclaró Carlotto, que todavía no halló al suyo.