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Fuertes críticas de la Presidenta a la Justicia y a jueces de la Corte
Desde Río Gallegos, les reclamó que no pretendan convertirse en un contrapoder; hizo una cerrada defensa de la reforma judicial
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Corresponsal en Santa CruzMariela Arias
RÍO GALLEGOS.– Locuaz, relajada y ante un público conocido, la presidenta Cristina Kirchner lanzó ayer uno de sus mayores desafíos al Poder Judicial: le reclamó independencia de los poderes económicos y exigió a los jueces que no pretendan convertirse en un contrapoder. Además, hizo una defensa cerrada de la reforma judicial impulsada por su gobierno, frenada por los múltiples amparos presentados contra la elección popular del Consejo de la Magistratura.
Ante un público integrado por jueces, camaristas y fiscales santacruceños, en su mayoría elegidos durante el gobierno kirchnerista, la Presidenta criticó una y otra vez al Poder Judicial, les recordó a dos jueces de la Corte Suprema su pasado político y, horas más tarde, recurrió a la red social Twitter para agregar datos que le habían quedado fuera de los 45 minutos de discurso .
"Queremos independencia para el Poder Judicial de los grandes poderes concentrados económicos, de afuera y de adentro", afirmó en uno de los pasajes más duros de su discurso. "A aquel que se piensa como contrapoder desde el Poder Judicial le notifico que, más que contrapoder del poder popular, es delegado de otros poderes, que no sabemos, pero imaginamos cuáles son", agregó.
La frase recibió una ovación de los militantes de las agrupaciones Kolina y La Cámpora, que colmaron las instalaciones del edificio de la UTN de Río Gallegos, y aplausos del público judicial. En 20 años de kirchnerismo en Santa Cruz, ninguna denuncia que cuestionó al poder político avanzó en la justicia provincial, siempre férreamente controlada.
Cristina Kirchner realizó aquí el primer acto político después de dos años. Al último evento público en esta ciudad la habían acompañado el empresario Lázaro Báez y su hijo Martín, durante la inauguración de la nueva sede del edificio del club Boca Río Gallegos, cuya construcción millonaria fue una donación del empresario ahora cuestionado en la Justicia.
Ayer, a Báez sólo se lo vio en la portada de su diario.
Durante su discurso, de unos 45 minutos de duración, la Presidenta citó a la titular de la Cámara Criminal y Correccional, María Laura Garrigós de Rébori, quien días atrás afirmó que ninguno de los integrantes del actual Consejo de la Magistratura salió de abajo de las baldosas.
"Me encantó esa expresión -dijo la mandataria-, porque es como cuando uno dice «éste no salió de un repollo», y la verdad que ningún juez, ningún miembro, sale de abajo de las baldosas."
"Dos miembros de la Corte fueron militantes, yo los conocí siendo convencionales constituyentes, uno por el Frente Grande, un excelente académico penalista a nivel nacional", dijo la Presidenta, y sin nombrarlo se refirió al actual juez de la Corte Eugenio Zaffaroni. Y también recordó que fue elegido por Néstor Kirchner, "pese a que era opositor nuestro y ha venido a esta provincia a oponerse a la reforma de la Constitución".
En otro párrafo, se refirió al juez Juan Carlos Maqueda, a quien recordó su pasado peronista, "compañero de nuestro partido, que fue senador y diputado conmigo, yo lo voté como miembro de la Corte y nadie se horroriza porque todo el mundo sabe qué piensa, de qué partido es".
Recordó además que "el propio presidente de la Corte Suprema de Justicia (Ricardo Lorenzetti) fue propuesto durante nuestro gobierno", y agregó: "Yo no lo conocía y Néstor presidente lo propuso sin conocerlo".
Horas más tarde, ya en viaje hacia Buenos Aires, la jefa del Estado vía Twitter recordó al juez Carlos Fayt, "el casi centenario miembro de la Corte, que pertenece al histórico y también centenario Partido Socialista", y cuestionó que no se haya jubilado pese al límite de 75 años de edad que establece la Constitución. "¿Ven que están mal informados? Por una acordada (decisión que puede tomar por simple mayoría la Corte Suprema)?".
Las relaciones de la jefa del Estado con el Poder Judicial empezaron tensas este año, durante la apertura de la Asamblea Legislativa. Al anunciar el paquete de medidas para la reforma judicial, lanzó duras críticas que repitió ayer aquí: entonces cuestionó la falta de transparencia de las causas, la demora en el trato de algunos fallos, el uso de las medidas cautelares y la falta de pago del impuesto a las ganancias que beneficia a los jueces.
"Ha habido fallos que declararon la inconstitucionalidad de la ley que fue votada por la mayoría absoluta de los miembros", afirmó la jefa del Estado, y cuestionó "la celeridad para actuar sobre las leyes que involucran al Poder Judicial por parte de los jueces y cuánta lentitud para decidir sobre la ley de medios".
A la hora de hacer un análisis sobre el poder en el país, Cristina Kirchner se preguntó quién tenía más poder en la Argentina: "Un presidente, el Parlamento o un juez que decide, que paraliza una ley que envió alguien que representa al pueblo, que votó un Parlamento que representa al pueblo y que con dos líneas y una medida cautelar impide el ejercicio del sistema".
La Presidenta también reprochó a los jueces que no tributen impuestos y les cuestionó que no den a conocer sus declaraciones juradas. "Ellos interpretan que las declaraciones juradas de la Presidenta, lo que está muy bien -estoy de acuerdo-, y de los funcionarios sean publicadas, analizadas descuartizadas y despellejadas, pero yo les pregunto a ustedes: ¿alguien conoce la declaración jurada de un juez, alguien la vio alguna vez?"
En su largo discurso, la jefa del Estado recordó que la medida que más discusión generó es la elección de los representantes del Consejo de la Magistratura por voto popular, y afirmó que en Santa Cruz "la elección del Consejo de la Magistratura es por voto popular, no es un invento de Santa Cruz, nosotros lo copiamos de la provincia de Chubut". En rigor, de los siete representantes del Consejo de la Magistratura provincial el único que se elige aquí por voto popular es un representante por el pueblo; la elección se realiza cada cuatro años durante las elecciones a gobernador.
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