Fuertes críticas por la creación de un "tribunal de ética" contra el lawfare

Eduardo Barcesat
Eduardo Barcesat
El organismo, con sede en Madrid, es presidido por el abogado Barcesat y juzgará la labor de la prensa; "es una iniciativa desopilante", advirtió el jurista Gil Lavedra
Constanza Bengochea
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17 de enero de 2020  

La creación de un tribunal de ética para el juzgamiento del lawfare, que cuenta con la presidencia del abogado constitucionalista argentino Eduardo Barcesat y que también integra el exmagistrado español Baltasar Garzón, produjo fuertes repercusiones en el ámbito judicial y político.

Entre otros puntos polémicos, la iniciativa contempla el análisis del comportamiento de los medios y periodistas para evitar "distorsiones a la verdad".

El tribunal de ética es el resultado de una acción conjunta del Instituto Lawfare de San Pablo, que tiene a los abogados defensores de Lula, y el Common Action Forum de los países de África, y se inauguró en noviembre pasado, en Madrid. Se presenta con el nombre de Tribunal Ético de Common Action Forum.

Consultado por LA NACION Barcesat sostuvo que el lawfare -o guerra judicial- es una práctica de "persecución y destrucción de enemigos políticos o adversarios, empleando como arma los procesos judiciales".

La figura del lawfare fue denunciada el año pasado por el papa Francisco, al expresar ante juristas de varios países su preocupación por "el uso indebido y arbitrario" de la prisión preventiva. Ese argumento fue adoptado en nuestro país por sectores kirchneristas para debilitar los procesos judiciales sobre casos de corrupción.

Esta práctica, según Barcesat, posee mecanismos "que no generan la mala prensa que tienen los atentados, asesinatos y desapariciones forzadas, sino que en estos casos, se produce una persecución por fuera de los parámetros constitucionales y tratados internacionales de derechos humanos". Alega que la persona queda inerme en manos de un Poder Judicial que actúa destructivamente, como en el caso de la prisión preventiva".

Explicó que el propósito de la iniciativa, cuya sentencia será solo de "imperio moral y de convicción", será analizar no solo los juicios llevados adelante por los magistrados, sino también "todo lo que rodeó el proceso cuestionado, como los servicios de inteligencia y la prensa", afirmó.

Contra los medios

Al no restringirse la acción del tribunal a la actuación judicial de los magistrados, Barcesat confirmó que se cuestionará específicamente el accionar de los periodistas Jorge Lanata, Luis Majul y Daniel Santoro, pues a su criterio "distorsionaron la verdad".

Agregó que un ejemplo, a su entender, seria "cuando el diario Clarín anticipó con el resultado de la pericia de Nisman".

El caso de Rafael Correa en Ecuador y el de Lula y Dilma Rousseff en Brasil, serán las primeras causas sobre las que se expedirá el tribunal. Respecto de la legislación en la que apoyaran sus sentencias, Barcesat especificó que serán los tratados internacionales.

Repudio

Las manifestaciones de repudio por la creación del organismo no tardaron en hacerse conocer .

El abogado Ricardo Gil Lavedra, quien integró en la Argentina el tribunal del Juicio a las Juntas, calificó de "desopilante" la iniciativa de Barcesat.

En diálogo con LA NACION, dijo que tiene un claro "tinte político" y explicó que "para todos los vicios o falencias que puedan presentarse dentro de un proceso, hay alternativas para solucionarlos dentro del sistema judicial, para ello existen los tribunales de revisión y superiores".

El periodista Daniel Santoro, en su cuenta de Twitter, expresó que "Barcesat y Baltasar Garzón arman un tribunal ético contra el lawfare: juzgarán a jueces, fiscales y periodistas que investigaron la corrupción K. Pinochet usó el mismo término lawfare cuando Baltasar Garzón lo detuvo en Londres".

"Tribunal para la liberación "ética" de los latinoamericanos... en Madrid. La impunidad que CFK no consigue en su país la va a buscar al otro lado del Atlántico", dijo la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en su cuenta de Twitter. Y agregó: "Otro traje populista a medida para reivindicar a políticos juzgados por delitos de corrupción y perseguir periodistas".

Luis Petri, diputado nacional de la UCR, también cuestionó la constitución de un tribunal ético: "Después decían que Dady Brieva hablaba a título personal y que era imposible una Conadep contra el periodismo. Fueron más allá".

Consultado Barcesat sobre la posible existencia de un sesgo político que afecte que el accionar del tribunal dijo: "Ya sé que no somos neutrales, la pregunta sería respecto de qué bando no lo somos".

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