Gils Carbó se aseguró el respaldo para ser la futura procuradora

El contraste con Daniel Reposo, el anterior y frustrado candidato de la presidenta Cristina Kirchner, fue tan evidente que la fiscal Alejandra Gils Carbó se aseguró ayer la mayoría de dos tercios de los presentes que la ley exige para que la semana próxima el Senado la designe al frente de la Procuración General de la Nación.

Además del voto de la bancada kirchnerista, la candidata a ocupar la jefatura del Ministerio Público tendría asegurado el apoyo de la mayoría de los bloques radical y del Frente Amplio Progresista, que ayer firmaron el dictamen que avala su designación, y del peronismo disidente, con lo cual su pliego no encontraría inconvenientes en la sesión prevista para el miércoles próximo.

Sólida y locuaz en casi todas sus intervenciones, Gils Carbó expuso durante seis horas ante la Comisión de Acuerdos del Senado y dejó varios puntos de vista de marcado contraste con posturas y decisiones avaladas por el Poder Ejecutivo.

No obstante, también dejó algunas dudas sin responder. Así, se negó a adelantar opinión, argumentando un posible pedido de excusación ante una eventual causa judicial, sobre el uso de los fondos de la Anses para políticas públicas y la tergiversación de los índices que elabora el Indec.

Las expresiones que más agradaron a la oposición fueron sus críticas al desmantelamiento de las funciones de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, que impulsaba su antecesor, Esteban Righi, y avala el Gobierno, y la concesión de salidas a presos para participar en actos políticos de la agrupación kirchnerista Vatayón Militante.

"Por lo menos, en el caso de Vázquez [Eduardo, baterista de Callejeros, que asesinó a su pareja, Wanda Taddei] el gran error es la oportunidad", sentenció Gils Carbó, ante una pregunta del radical Gerardo Morales (Jujuy). Puso, así, en tela de juicio la política del Servicio Penitenciario Federal, que fue defendida por el ministro de Justicia, Julio Alak: "No le hace bien al sistema generar en la ciudadanía un descreimiento tan grande al liberar a esta persona, condenada hacía 20 días, por razones que habría que examinar si son las prioritarias que debe cumplir la institución", agregó.

La funcionaria judicial, que es fiscal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, cuestionó, aunque de manera elíptica, la negativa de organismos del Gobierno a conceder información sobre la propiedad de la ex Ciccone. "Hay causales de limitación, pero en el tema societario no se presentan", afirmó.

Otra definición fuerte se produjo en respuesta a una consulta del radical Mario Cimadevilla (Chubut), quien quiso saber su opinión acerca de si el uso de la publicidad oficial puede limitar la libertad de expresión. "Si es utilizada en forma irrazonable y arbitraria sí, como lo dijo la Corte en el fallo [del diario] Río Negro". Ante una pregunta de María Eugenia Estenssoro (Coalición Cívica-Capital), dejó otra definición importante, al sostener que "desde el Ministerio Público no se puede tener otra posición que la de que las sentencias están para cumplirse".

Cuestionó, además, la estrategia del Gobierno de apelar las sentencias por reajustes en los haberes previsionales. "Si hay un compromiso del Estado en este tema sería obligación de los fiscales que se cumpla este compromiso", respondió cuando Morales le recordó que el Poder Ejecutivo se había comprometido ante la OEA a no dilatar ese tipo de causas.

Por último, Gils Carbó fue muy clara al defender su independencia del Poder Ejecutivo. "Decididamente no", respondió ante la consulta del radical Ernesto Sanz (Mendoza) sobre si tenía algún vínculo político con el kirchnerismo. Ejemplificó su postura con el rechazo a la fusión de Cablevisión y Multicanal, dictamen que, dijo, emitió "en momentos en que nadie hablaba de ningún oligopolio y no estaba en la agenda del Gobierno" su enfrentamiento con el Grupo Clarín.

AVANCE SOBRE LOS DEPÓSITOS DEL BANCO CIUDAD

La Cámara de Diputados reanudará hoy su actividad legislativa con el debate del polémico proyecto de la ultrakirchnerista Diana Conti que propone que los fondos judiciales dejen de depositarse en el Banco Ciudad y se transfieran al Banco Nación.

La iniciativa, que recibiría media sanción gracias a la mayoría kirchnerista en el recinto, es rechazada por todo el arco opositor, encabezado por el bloque Pro, y los trabajadores del Banco Ciudad, que hoy se movilizarán frente al Congreso. No sólo ellos lo resisten; lo curioso es que el propio presidente de la Comisión de Justicia, el riojano Jorge Yoma –perteneciente al bloque oficialista–, también votará en contra por considerar que esta iniciativa vulnerará la autarquía judicial.

En la actualidad, los depósitos judiciales conforman el 30 por ciento de los activos del banco, unos 6800 millones de pesos, indican voceros de la entidad. De convertirse en ley, afectará el fondeo de largo plazo del Banco Ciudad, advirtieron, pues esos fondos se utilizan para otorgar créditos a largo plazo destinados a la vivienda y al desarrollo productivo.

El jefe de gobierno porteño y líder de Pro, Mauricio Macri, exhortó ayer a los diputados nacionales kirchneristas a que "mediten bien" antes de votar la quita de los depósitos judiciales al Banco Ciudad. Asimismo, pidió a la presidenta Cristina Kirchner que "reaccione" frente a esa situación porque una ley en ese sentido "es puro daño a los vecinos y a las pymes que necesitan financiamiento".

En el oficialismo aclararon que los fondos depositados antes de la sanción de la ley no serán transferidos, sino que permanecerán en el Banco Ciudad hasta que terminen las causas. Aun así, todos los depósitos posteriores a la sanción de la norma se efectuarán en el Banco Nación.

Tanto el titular del Banco Ciudad, Federico Sturzenegger, como el presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Jorge Rizzo, y el abogado constitucionalista Alberto García Lema coincidieron en rechazar el proyecto aludiendo a fundamentos legales.

Por otra parte, Alejandro Fargosi, miembro del Consejo de la Magistratura, cuestionó la iniciativa del kirchnerismo. "El oficialismo, para controlar los fondos del Banco Ciudad, justifica que por tratarse de fondos federales deben canalizarse por el Banco Nación. Esto es un grave error constitucional que harán, porque los depósitos judiciales no son del Estado, sino de las partes que litigan y su administración corresponde al Poder Judicial", explicó.

POSICIONES

• Salida de presos. Gils Carbó criticó las autorizaciones a detenidos para asistir a actos de la organización kirchnerista Vatayón Militante. "El gran error es la oportunidad", dijo.
• Derecho penal. Cuestionó la "selectividad del sistema penal, que hoy no persigue los delitos de cuello blanco".
• Desmantelamiento. Calificó de "abstrusa e insuficiente para un organismo tan relevante" la limitación de facultades a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas.
• Publicidad oficial. Dijo que la distribución "irrazonable y arbitraria" puede limitar la libertad de expresión, como estableció la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso del diario Río Negro.