Guernica. Crónica de una jornada de incertidumbre y temor al desalojo, en un predio al que llegan nuevos ocupantes

Aunque hoy comenzó el plazo para el desalojo ordenado por la Justicia, el predio tomado de Guernica amaneció tranquilo. Sin disturbios, sin personal policial, pero con mayor movimiento de personas en comparación a las últimas semanas. En ellas pesaba la incertidumbre acerca de la inminencia del desalojo, que podría darse en cualquier momento a lo largo de los próximos 15 días, según lo dispuesto por la Justicia.

Si bien no está confirmada la fecha para el "lanzamiento" –como llaman en la jerga judicial al ingreso de la policía al predio–, fuentes de la fiscalía adelantaron a LA NACION que el lunes 19 de octubre podría ser una opción.

Temprano, en la toma se supo que hoy no iba a tener lugar el operativo, porque las organizaciones sociales y delegados habían sido convocados a una mesa de diálogo por el gobierno bonaerense de Axel Kicillof, que tuvo lugar a las 10, en La Plata. Sin embargo, el anuncio no fue motivo de descuido para los que estaban en el descampado.

Ante la ausencia de algunos delegados –citados al encuentro con la Provincia–, los ocupantes se organizaron para cuidar los cuatro barrios y estar alertas al ingreso de desconocidos al predio. La mayoría pasó la noche en vela, a la espera de novedades, y participó de un "abrazo solidario", a las 6 de la mañana.

El diputado nacional por el Frente de Izquierda, Nicolás del Caño, fue uno de los referentes sociales que estuvo presente en el abrazo. "Vinimos a acompañar a la gente, aunque se supone que hoy no habrá desalojo, al abrirse el diálogo con el gobierno provincial", dijo a LA NACION, pasadas las 8, cuando se retiraba de la toma.

Del Caño se mostró escéptico respecto al diálogo con el gobierno bonaerense e indicó que no prosperará hasta que no se cambie la propuesta. "El planteó de la gente es tierra por tierra. No hay avivada, sino que no tienen dónde vivir. Ofrecer plata para alquiler o materiales para construir –en el jardín de un familiar– no satisface la necesidad, porque no es sustentable en el tiempo", sostuvo el diputado.

Además, el militante de izquierda hizo alusión a la solución a largo plazo ofrecida por el gobierno bonaerense, a cambio del retiro voluntario de los ocupantes, en la que se entregarían lotes sociales en un plazo de seis meses: "La gente no compra las promesas a largo plazo porque no cree en la palabra. Nadie te dice ni dónde ni cómo será".

Jenny Oviedo, de 23 años, es una de las personas que no firmó un acuerdo con el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, y aún permanece en el descampado de Guernica, junto a su marido y su hijo de 5 años. Esta mañana, mientras compartía mate con sus vecinos de la toma, le dijo a LA NACION que no firmará ningún acta porque "no sirve lo que ofrecen".

"No tenemos dónde ir, no tengo un terreno para construir y el alquiler que me ofrece el gobierno es por tres meses. Después, ¿qué hago?", se preguntó Oviedo, quien se mantiene inquieta ante el inminente desalojo. "Si vienen nos quedaremos en la calle, no tengo otro lugar", agregó la joven, la oriunda de Guernica.

En el transcurso de la mañana hubo reuniones y asambleas en distintos puntos del descampado de 100 hectáreas. A los ocupantes se sumaron personas que llegaron al lugar para "acompañarlos en la lucha". La posta de salud del barrio La Unión fue uno de los focos de encuentro.

Preocupación por los menores

Ahí estaba Natalia Rodríguez, estudiante de medicina, que permanece en la toma desde el primer día, colaborando con la asistencia sanitaria. "Acá atendemos a 80 chicos por día. Por hongos que se agarran en el predio, tos, brotes o alguna caída", explicó Rodríguez.

La joven hace guardias en la toma junto a un equipo de pediatras y médicos clínicos, entre los que prestan atención primaria tanto a las familias del lugar como a vecinos de Presidente Perón. Además, en el centro de salud también se organizan ollas populares y hay dos camas para dar asilo a quien lo requiera, como, por ejemplo, en casos de violencia familiar.

Según Rodríguez, los ocupantes esperan un desalojo violento y, por eso, solicitaron a las familias que intenten reubicar a los menores: "Pedimos que dejen a los hijos en la casa de algún familiar, para que no estén acá el día que llegue la policía, ya que seguramente habrá violencia".

Etelvina Rojas, de 32 años, hizo caso al pedido del personal de salud. Rojas llegó a la toma el 20 de julio junto a sus cuatro hijos, de entre 7 y 14 años, a quienes ayer llevó a la casa de un familiar, por miedo a lo que podría pasar durante el desalojo. "Solo me quedé con mi hijo de 7, que no se despega de mí. Al resto los llevé a lo de un primo porque me da miedo que les pase algo", dijo la mujer, en diálogo con LA NACION.

Rojas vivía en Quilmes, en una casa alquilada, la cual dijo no poder seguir pagando. Además, según explicó, "nadie quiere alquilarte un lugar si tenés cuatro chicos". Aún así, Rojas no quiere acceder al subsidio que ofrece el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, porque no confía en que el gobierno bonaerense cumpla con lo prometido: "Toda la vida pedí ayuda y nunca me pagaron nada".

Rojas espera el operativo, sin poder dormir, en su carpa armada con nylons negros, sobre la cual escribió "no al desalojo", con pintura blanca. Las carpas vecinas también se llenaron de inscripciones, en repudio al lanzamiento previsto para los próximos días. "Berni, hay chicos" y "Tierra para vivir", son algunas de las frases que se leen.

Llegan nuevos ocupantes

Además de las personas que asistieron a Guernica en apoyo a los ocupantes, siguen llegando familias al lugar para tomar los terrenos vacíos, que se desocuparon tras los acuerdos con el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad. "Es que el déficit habitacional es muy grande", explica Sabrina, una joven de 33 años que tomó una parcela en el barrio La Unión, cerca de la posta de salud. Sabrina –que prefirió no dar su apellido– es cooperativista y alquila un cuarto en Burzaco, del cual dispone hasta febrero, pero ve a la ocupación como una "oportunidad para tener algo propio" ante la "falta de herencia familiar".

La joven viaja semanalmente de la toma a su casa, para bañarse y buscar comida. "Estos días me estoy quedando para resistir, con más compañeros, porque es la única posibilidad que tenemos".

Entre la gente de la toma no había expectativas de que la reunión con el gobierno provincial fuese positiva. "Todas estas tierras están vacías y el gobierno insiste en una política de hacinamiento: te entregan materiales para construir una casilla en lo de algún familiar o te ofrecen esperar seis meses en un parador", se lamentó una joven.

Las negociaciones

De hecho, una vez finalizada la reunión, no se dieron a conocer definiciones concretas. Según dijeron a LA NACION fuentes de Polo Obrero, "el gobierno hizo una propuesta insuficiente, y pasaremos a un cuarto intermedio hasta el sábado, que se hará una nueva reunión". Además, los grupos de izquierda solicitaron la realización de un nuevo censo en el terreno, "para terminar con las especulaciones acerca de la cantidad de gente".

Sin embargo, voceros del ministro bonaerense de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, se limitaron a indicar que "están en diálogo permanente" y "no hay nada confirmado", respecto de lo expuesto por los grupos de izquierda.

Sin adelantar detalles, Silvia Saravia, referente nacional de Barrios de Pie, dijo a LA NACION que la oferta que la Provincia puso sobre la mesa estuvo vinculada a una posible "reubicación" de las personas que permanecen en la toma. "Hubo una propuesta concreta del gobierno. Se va a trasladar eso a los vecinos y vecinas, para evaluarla con ellos", indicó Saravia.

De momento, pareciera que se ha reactivado el canal de diálogo entre la Provincia y los grupos de izquierda. En este sentido, las organizaciones decidieron suspender, por unos días, las manifestaciones y cortes de ruta que preveían encabezar, en repudio al desalojo.

Por su parte, el juez de Garantías de Cañuelas, Martín Miguel Rizzo, emitió una resolución en la que ratifica que la orden de desalojo se encuentra en curso, tras el rechazo del Tribunal de Casación al pedido de Guido Lorenzino, Defensor del Pueblo bonaerense, de dejar sin efecto el dictamen judicial.

"Tener presente lo resuelto por los señores jueces de la sala cuarta del Tribunal de Casación provincial en punto al rechazo del recurso de queja presentado por el Sr. Defensor Oficial", dice el escrito, en el que "no se hace lugar a la medida de suspensión del desalojo".