Impacto ambiental: preocupan a la Iglesia los riesgos de una obra que favorecerá a Vaca Muerta
El obispo de Rawson, monseñor Roberto Álvarez, le planteó al gobernador de Chubut, Ignacio Torres, si la provincia no debería atender las derivaciones que podría tener la construcción de un oleoducto en Río Negro
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Una preocupación por los riesgos ambientales transmitió la Iglesia, a raíz de la anunciada construcción de un oleoducto que atravesará la meseta patagónica y la proyectada planta de GNL que las petroleras YPF y Petronas construirán en el puerto rionegrino de Punta Colorada. Se trata de inversiones que cuentan con el fuerte respaldo del gobierno de Javier Milei ante el potencial impacto en el desarrollo de Vaca Muerta.
La inquietud fue expresada por el obispo de Rawson, monseñor Roberto Álvarez, en una carta enviada al gobernador de Chubut, Ignacio Torres, al vicegobernador Gustavo Menna, y al procurador general de la provincia, Jorge Luis Miquelarena, en la que anima a los poderes del Estado a preguntarse sobre “la responsabilidad que les competería en el debate de este asunto tan delicado para el medio ambiente”.
En sintonía con los lineamientos de la encíclica Laudato si, el principal documento del papa Francisco en materia ambiental, el obispo insta a preguntarse en la carta si los riesgos mencionados no ameritan la “necesaria intervención” de la provincia. En la misma línea, recoge una inquietud que se extiende a otros obispos de la región patagónica, que suelen pronunciarse en forma conjunta frente a distintas cuestiones sociales.
En sus argumentaciones, el obispo también advierte sobre “los intereses particulares y económicos” que suelen prevalecer por encima del bien común, al citar una expresión de Francisco.
La inversión
Las obras anunciadas en Río Negro, consideradas de vital trascendencia para fortalecer la capacidad exportadora de las reservas de gas y petróleo de Vaca Muerta, se ejecutarán en el sur de esa provincia, sobre las costas del Golfo San Matías, ocho kilómetros al sur del Parque Nacional Islote Lobos e y otros ocho kilómetros al norte del Área Natural Protegida Puerto Lobos.
Se trata de una iniciativa que nació a la luz del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), que favoreció a la provincia gobernada por Alberto Weretilneck y postergó el proyecto que defendía el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, para realizar la inversión en Bahía Blanca.
“Entiendo que el proyecto también contempla la construcción de 20 tanques de reserva sobre una superficie de 250 hectáreas costeras con una capacidad de almacenamiento de un millón de metros cúbicos, equivalente a 6,2 millones de barriles”, enumeró en su carta el obispo Álvarez, conocido en su acción pastoral como Padre Chobi.
El obispo de Rawson señala que en sus formulaciones no intenta asentar posturas científicas y que no lo mueve ningún posicionamiento ideológico. “Es solo mi preocupación ciudadana, a la que se suma la carga de ser el obispo que tiene el oficio pastoral sobre esa zona de la provincia del Chubut”.
La inquietud del Padre Chobi derivó en un intercambio de cartas con el gobernador Torres y el procurador Miquelarena, y motivó la reacción del diputado nacional Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Federal), quien afirmó que “los obispos de la Patagonia están en contra del progreso y el desarrollo”, en una fuerte crítica a la Iglesia. “Se oponen al oleoducto, al gasoducto y a todo lo que significa trabajo. Parece que quieren más pobreza y menos oportunidades para la gente”, advirtió el legislador por Río Negro.
También el obispo del Alto Valle del Río Negro, monseñor Alejandro Benna, advirtió sobre “los proyectos que hipotecan el agua y la tierra”. Lo dijo en la tradicional peregrinación a Chimpay, el pueblo de Río Negro donde nació el beato Ceferino Namuncurá. Ante los proyectos de explotación gasífera, petrolera y minera pidió que “se escuche a la gente y exista un diálogo transparente, no audiencias públicas que son obras de teatro con actores pagos”. Lo acompañaban los obispos de Viedma, Esteban Laxague, y de San Carlos de Bariloche, Juan Carlos Ares
En la carta enviada al gobernador Torres, el obispo de Rawson recordó el artículo 41 de la Constitución nacional: “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo”.
En su respuesta, el gobernador Torres le expresó al obispo que en la vecina jurisdicción de Río Negro tienen vigencia las normas constitucionales y convencionales, además de “los presupuestos mínimos ambientales que aseguran el desarrollo sostenible, con el cuidado de mantener un ambiente sano para el desarrollo humano y de la biodiversidad”. Y adelantó que en el caso de la provincia de Chubut “podrá estudiarse la posibilidad de la celebración de un convenio interprovincial con Río Negro para el desarrollo de un plan de manejo ambiental conjunto de los ecosistemas conformados por el Golfo San Matías y el Golfo San José, a los fines de monitorear el funcionamiento de las actividades productivas que se aprueben y desarrollen en dicho ámbito territorial”.
Frente al planteo del obispo, que se basa en inquietudes transmitidas por actores sociales, el gobernador Torres y el procurador Miquelarena señalan, sin embargo, que “no es legítimo imponer una visión por fuera de la institucionalidad y de las normas que organizan el poder del Estado”.
Monseñor Álvarez respondió en una segunda carta que en su rol de referente, por su carácter de obispo, le interpela “cumplir con aquello que Francisco nos daba como marco conceptual en una de sus encíclicas”. Y cita: “El sometimiento de la política ante la tecnología y las finanzas se muestra en el fracaso de las cumbres mundiales sobre medio ambiente. Hay demasiados intereses particulares y muy fácilmente el interés económico llega a prevalecer sobre el bien común y a manipular la información para no ver afectados sus proyectos”.
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