Implican a Giustozzi en una obra de cloacas "inútil"

El juez federal Sergio Torres procesó por administración fraudulenta al ex intendente de Almirante Brown Darío Giustozzi por una obra de cloacas iniciada en 2009 en Claypole, que le costó al Estado nacional casi $ 5 millones, pero que no funciona y que tampoco podría ser adaptada ahora a la red. El magistrado trabó un embargo de $ 3 millones contra el actual diputado nacional.

Lo mismo hizo con Daniel Bolettieri y Luis Carusso, ex funcionarios de Giustozzi, y con Eduardo Bortolozzi y Lucio Mario Tamburo, ex administradores del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enhosa), que financió las obras iniciadas en 2009. Torres los consideró coautores de la maniobra que habría generado un perjuicio para el Estado -a valores actualizados- de 12 millones de pesos, sin contar multas y otros costos futuros.

El juez interpretó que los cinco procesados "sabían que lo que irían a hacer no servía para su verdadero cometido, pero sin embargo avanzaron, ya que les permitía publicitar una gestión de apariencia exitosa". Fuentes de la investigación consultadas por LA NACION añadieron que, según las pericias, las deficiencias técnicas de la obra se podían apreciar desde el anteproyecto.

Desde el entorno del diputado negaron las acusaciones y anticiparon que apelarán el procesamiento: "Quedó demostrado que no hay faltante de dinero, que la obra se hizo y era necesaria, pero fue un organismo especializado del gobierno kirchnerista quien irresponsablemente y arbitrariamente la desfinanció, y por eso no se puso en funcionamiento".

Señalaron que la obra se completó en un 90%, pero que el financiamiento nacional se cortó en 2013, cuando Giustozzi se sumó al Frente Renovador de Sergio Massa.

En efecto, la investigación no encontró sobreprecios en las obras, pero el expediente apunta a que, además de avanzar con un proyecto que se sabía que no iba a funcionar, los procesados falsearon documentación para conseguir los fondos del Enhosa, y que se obviaron permisos y autorizaciones.

"Se presentaron planillas con el logo de AySA que no eran de la empresa estatal; se insertó un informe de impacto ambiental del municipio -que no puede emitirlo- en lugar del que debía obtenerse del Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible, y existen declaraciones juradas que dicen que la obra se terminó y que funciona, y que AySA la aprobó", sintetizaron en tribunales.

El expediente señala que, por los numerosos defectos de diseño de la obra y las falencias en su ejecución, la obra resulta "inútil" e imposible de ser integrada a la red cloacal.