Impotencia del kirchnerismo por el fracaso de los cambios que impulsó en la Justicia

El video que difundió Cristina Kirchner la semana pasada con una durísima diatriba contra la Corte Suprema fue un síntoma de la impotencia que hoy sufre el kirchnerismo para desplegar su agenda tribunalicia. Alberto Fernández se plegó a la embestida de su vice contra la Justicia. Pero esa cruzada tuvo el poder de fuego de un tuit: hace tiempo que el Presidente resignó su gestión judicial y se conforma con evitar los ruidos con su socia política.

Distintos colaboradores de interlocución con la vicepresidenta reconocen que el escenario político en el Congreso y en el Consejo de la Magistratura -sumado a la gravísima coyuntura económica- hacen inviable, no ya una reforma de la Justicia, sino cualquier retoque en los tribunales que mejore el horizonte para la exmandataria. “Es tal el descalabro que no podemos sacar adelante ni las cuestiones en las que estamos de acuerdo con la oposición”, se lamentó una figura importante del grupo de funcionarios kirchneristas abocados a la cuestión judicial.

El sistema de funcionarios, legisladores, dirigentes y abogados que orbita en torno a Cristina hoy apenas apela a llenar alguna vacante clave en Comodoro Py antes de que termine la gestión. Mientras, la vicepresidenta está convencida de que le espera un fallo condenatorio en el juicio por Vialidad, cuyos alegatos comienzan en agosto. En los últimos días, su abogado penalista, Carlos Beraldi se habría mostrado bajo de ánimo, según describieron dos referentes que lo conocen.

Así, solo quedan dos herramientas a disposición de Cristina y su staff de operadores. Por un lado, el apedreo discursivo contra los cortesanos y los jueces federales. Por el otro, el paso del tiempo. Así como Cristina manifestó que su condena en Vialidad “está escrita” aun antes de los alegatos, cerca suyo transmitieron que una eventual sentencia que lleve adjunta una potencial inhabilitación para ejercer cargos públicos tiene que estar confirmada por la Corte Suprema para entrar en vigencia. Por eso desestimaron que afecte los planes electorales de la exmandataria para 2023. “La propia Corte dijo en el caso de (Carlos) Menem que es ella la que tiene que confirmar el fallo para una inhabilitación”, dijo uno de los funcionarios con llegada a la vicepresidenta. “No es eso lo que preocupa”, aseguró.

Hay, en cambio, una misión que el kirchnerismo sí quisiera ejecutar este año: terminar de sacarles la silla a Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, dos camaristas que fallaron en contra de la vicepresidenta en distintas causas por corrupción. En 2020, el kirchnerismo había querido anular sus traslados a la Cámara Federal al alegar que no habían tenido acuerdo del Senado. La Corte Suprema finalmente los dejó en sus cargos, pero solo hasta que un concurso resolviera sus reemplazos.

Lo que busca hacer ahora el kirchnerismo es finalizar dichos concursos . Así se lo hicieron saber al presidente de la Corte, Horacio Rosatti, días atrás en una reunión en el Consejo de la Magistratura. “Ahora que Rosatti preside también el Consejo, la pregunta es si va a cumplir con su propio fallo o va a ser cartón pintado”, transmitió uno de los consejeros del oficialismo. A tal punto quiere el kirchnerismo completar esos nombramientos que estaría dispuesto a negociar “un juez elegido por el oficialismo y el otro juez elegido por la oposición” de las dos nóminas de postulantes que ya pasaron por la instancia de entrevistas personales.

El rol del ministro de Justicia

Sin margen de acción, el ministro de Justicia, Martín Soria, está hace tiempo relegado a un papel testimonial y de difusor en medios y redes sociales del discurso beligerante del kirchnerismo contra la Justicia. El Presidente, puertas adentro, no hace una buena calificación del funcionario. “Alberto cree que Soria no hace nada como ministro. En la práctica maneja todo Mena por órdenes de Cristina”, dijo un colaborador que habló con el jefe de Estado en las últimas horas. Otro funcionario que trabaja en Casa Rosada aportó: “Soria no hizo avances de gestión, pero por lo menos no te trae los ruidos que había con Marcela (Losardo, su antecesora)”. El jefe de Estado ya abandonó toda expectativa de aplicar la reforma Poder Judicial que había emprendido al inicio de su mandato. “Algunos no me acompañaron’', recordó esta semana en Twitter y dijo que sigue “comprometido” en buscar “una justicia honesta e independiente de los poderes políticos y fácticos”.

Pese a la falta de resultados de fondo, para el kirchnerismo Soria es funcional a la “guerra de trincheras” contra la Justicia. “No obstaculiza, y tiene un perfil opuesto al de Losardo, que era muy condescendiente con la familia judicial”, dijo un importante actor del kirchnerismo. Y agregó: “Si sirve o no sirve es otro tema. El desquicio político es tal que no cambia en nada quién es el ministro. Podés traer a Churchill pero lo que desordena es la política, y va más allá de quien ocupe esa silla”. Sobre esa hipótesis, un abogado que defiende a varios exfuncionarios kirchneristas en expedientes por corrupción consideró que “si Mena puede hacer gestiones y Soria está pintado, entonces Soria no es tan malo”.

Antes de asumir en el poder Ejecutivo, Soria era un activo denunciante del macrismo. Desde su banca en el Congreso presentó denuncias penales con los diputados kirchneristas Rodolfo Tailhade, Martín Doñate y Eduardo Valdés. Según supo LA NACION, Doñate y Tailhade todavía mantienen contacto con Soria y cada tanto trabajan de manera coordinada.

Sin resultados

El oficialismo se frustró una y otra vez en sus emprendimientos judiciales de los últimos dos años y medio. Desde la trinchera, el kirchnerismo lanza llamas contra el procurador general de la Nación Eduardo Casal. Pero la razón que todavía lo mantiene como jefe de los fiscales es la falta de acuerdo dentro del propio Frente de Todos para tratar el pliego del juez Daniel Rafecas en el Senado.

La reforma judicial, iniciativa promovida por el Gobierno para licuar el poder de los jueces federales, también es un proyecto frustrado. El Presidente se refirió a la falta de acuerdo con la oposición para aprobar en Diputados el proyecto de reforma judicial, que obtuvo media sanción en el Senado y perderá estado parlamentario el año próximo. También representa la falta de resultados del Gobierno en el ámbito judicial el Consejo de la Magistratura. El propio Soria considera que el Consejo está “intervenido” por el presidente de la Corte Suprema Rosatti.

El proyecto para ampliar la Corte fue una respuesta de la vicepresidenta en su enfrentamiento con el máximo tribunal por la conformación del Consejo de la Magistratura. Fue presentado por senadores oficialistas con el aval de un grupo de gobernadores, pero no modificar la integración de la Corte es uno de los pilares de la oposición para “defender a la Constitución”. El oficialismo ya le dio dictamen, pero quedó en pausa por el “receso legislativo”. La intención del Frente de Todos es tratarlo en agosto.

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