Preocupados, intendentes oficialistas pidieron datos a los jueces para monitorear los arrestos domiciliarios

En línea con la controversia que atravesó a esta última semana, cuatro intendentes oficialistas del conurbano bonaerense se reunieron hoy con funcionarios judiciales de la Asociación de Magistrados de Morón para pedir información sobre los casos de detenidos que hayan recibido prisiones domiciliarias en ese partido.

Los cuatro intendentes que asistieron al encuentro con representantes de jueces fiscales y defensores fueron Alberto Descalzo, de Ituzaingó; Lucas Ghi, de Morón; Juan Zabaleta, de Hurlingham y Gustavo Menéndez, de Merlo. Manifestaron la preocupación por la seguridad de los municipios y pidieron obtener los datos sobre los liberados para llevar adelante un monitoreo.

El encuentro se dio horas después del cacerolazo masivo que se llevó adelante en la Ciudad de Buenos Aires y en distintas localidades de la Provincia de Buenos Aires para protestar contra las excarcelaciones, arrestos domiciliarios y otras medidas alternativas al encierro que se concedieron en el último mes y medio, en medio de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus.

Los intendentes mostraron su inquietud para conocer los pasos que seguirán los funcionarios judiciales respecto a la eventual disposición de prisiones domiciliarias para personas que hayan incurrido en delitos menores, y expresaron su preocupación acerca de que esas medidas no afecten la seguridad en cada uno de los municipios que integran el Departamento Judicial. "Queremos que nos informen a quiénes liberen para poder hacer un seguimiento del tema porque la gente está muy asustada", explicó uno de los intendentes a LA NACION.

Los magistrados informaron sobre la situación carcelaria y dieron cuenta de la inquietud por la propagación los contagios de Covid 19 dentro de los penales, a raíz de las condiciones de hacinamiento. Manifestaron que esas condiciones de contagio exponencial podrían impactar en la saturación de los sistemas de salud pública en las distintas comunas.

Se comprometieron a informar a los intendentes cada una de las medidas que se tomen respecto de las prisiones domiciliarias y la ubicación de las personas que potencialmente podrían obtener su liberación transitoria, en el marco de la crisis sanitaria.

Esta semana, el intendente de San Miguel, Jaime Méndez, había sido el primero en manifestar su malestar por el regreso de 20 detenidos que recibieron el beneficio de la prisión domiciliaria en ese distrito y alertó por "la fragilidad" de los controles.