Investigan si el propio Senado pagó las coimas

El juez federal Gabriel Cavallo sospecha que los presuntos sobornos que se habrían pagado en el Senado a cambio de la ley de reforma laboral pudieron haberse pagado con fondos de la propia Cámara alta.

Por eso, explicaron fuentes judiciales, el magistrado remitió ayer tres oficios al presidente provisional del Senado, Mario Losada, en los que pide informes sobre el manejo del dinero en el cuerpo legislativo.

Cavallo quiere saber cuánta plata ingresó en el Senado el año último -para gastos y como fondos reservados- y quién se encargaba de su manejo, cómo se distribuyeron los subsidios y las pensiones graciables que los senadores entregaron durante 2000 y cuál es la nómina de empleados de la tesorería de la Cámara alta, confirmaron dos fuentes del caso.

Los tres oficios que hurgarán en las cajas del Senado forman parte de una batería de 33 medidas de prueba que ayer ordenó el juez para avanzar en la pesquisa que instruyó el juez federal Carlos Liporaci hasta que fue suspendido el miércoles de la semana última. Algunas no fueron reveladas por los investigadores para no frustrar la pesquisa.

Como informó La Nación en forma exclusiva, Cavallo empleará en la causa el sistema Excalibur para descubrir si hubo comunicaciones entre los senadores y los ex funcionarios sospechados, entre enero y abril del año último, cuando se habrían negociado y pagado las presuntas coimas.

Remitió oficios a todas las empresas de telefonía para que envíen los listados de las comunicaciones que hicieron los 12 senadores imputados, sus familiares directos y algunos colaboradores en los días anteriores al 26 de abril último, cuando se sancionó la controvertida ley.

Y solicitó a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) que informe los números de celulares del ex titular del organismo y amigo del Presidente, Fernando de Santibañes, el secretario de finanzas, Juan José Gallea -podría quedar imputado en el caso-, y algunos otros funcionarios, para luego disponer los listados de sus llamados.

El juez tomó la misma con los números del ex ministro de Trabajo Alberto Flamarique y el ex viceministro de la cartera Jorge Sappia, informaron fuentes judiciales.

En la causa que conmocionó al país el año último están imputados por cohecho los senadores justicialistas Augusto Alasino, Ricardo Branda, Emilio Cantarero, Alberto Tell, Remo Costanzo, Angel Pardo, Ramón Ortega y Eduardo Bauzá y los radicales Alberto Meneghini, Alcides López, Raúl Galván y José Genoud.

Los ex funcionarios Santibañes y Flamarique también están acusados en el expediente, pero, igual que Genoud, todavía no fueron indagados por el juez.

Para los fiscales Eduardo Freiler y Federico Delgado, que el 1º del actual apelaron la falta de mérito de siete legisladores, está probado que "el Gobierno pagó las coimas con fondos que la SIDE habría pedido al Ministerio de Economía con el argumento de llevar adelante una reestructuración interna".

Sin embargo, fuentes de la fiscalía admitieron ayer a La Nación que no descartan que "parte del dinero de las coimas pueda haber salido de otro organismo estatal".

En la misma resolución, firmada ayer por la tarde, Cavallo solicitó a la Corte Suprema que ponga a su disposición a un perito contador para que analice todos los datos financieros agregados en el expediente, que ya acumula más de 20 cuerpos.

"Necesitamos que alguien que sepa de cuestiones contables revise declaraciones juradas e informes sobre el manejo de cuentas y fondos. Por eso queremos un contador acá las 24 horas", explicó a La Nación una alta fuente judicial.

El magistrado ordenó varias pruebas relacionadas con movimientos de dinero en cuentas bancarias del senador Tell -que tendría en la sucursal Jujuy del Banco Nación y en el Banco Galicia- y pidió a la AFIP que remita las declaraciones juradas de 2000 de Santibañes y de Flamarique, como había hecho anteriormente Liporaci con los senadores sospechados.

El magistrado ordenó al secretario del caso, Marcelo Sonvicco, que certifique varias causas que tramitan en otros juzgados y dispuso que remita a los fiscales Paulo Starc y Guillermo Montenegro todos los datos patrimoniales de los senadores imputados que no tengan directa relación con la investigación.

El juez Adolfo Bagnasco delegó en los fiscales una investigación por el presunto enriquecimiento ilícito de Alasino, Cantarero, Jorge Massat y la probable malversación de caudales en el cuerpo.

Entre los expedientes que le interesan a Cavallo figuran una causa que instruye María Servini de Cubría sobre empresas vinculadas con la SIDE y el caso en el que fue procesada una decena de policías federales por la represión en el Congreso, durante una manifestación de los sindicalistas contra la reforma laboral. En esa causa algunos testigos habrían hablado de irregularidades durante la negociación de la ley.

Durante la semana, Cavallo se reunió con funcionarios de la Oficina Anticorrupción (OA), el síndico general de la Nación, Rafael Bielsa, que prometieron colaborar con la investigación.

El magistrado citó a declarar como testigos al síndico Ricardo Pérez Vélez, integrante del equipo de la Sigen que analizó los movimientos de fondos de la SIDE, y al representante legal del hotel Elevage, donde supuestamente se habrían efectuado reuniones en las que habría estado presente Enrique Nosiglia para acordar detalles del acuerdo espurio.

Por último, Cavallo ordenó algo que todos pensaban que se había hecho hace tiempo. Solicitó a la Policía Federal que realice un peritaje para determinar si el anónimo que describió la maniobra de las coimas se hizo en alguna máquina del propio Senado.

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