Investigan si fue irregular una licitación para construir cárceles

La Justicia comenzó esta semana una investigación para determinar si funcionarios del gobierno de Néstor Kirchner cometieron irregularidades en los procesos de licitación para la construcción de tres cárceles federales.

Las aparentes anomalías consistieron en millonarios aumentos de los presupuestos de ejecución de las obras, que se incrementaron entre el 52 y el 86 por ciento respecto de las cifras previstas originalmente. Esas variaciones fueron convalidadas, en junio pasado, por un decreto de necesidad y urgencia firmado por el presidente Néstor Kirchner.

Las licitaciones, que comenzaron en diciembre de 2003, están destinadas a la construcción de cárceles en las ciudades de Güemes, en Salta; Mercedes, en la provincia de Buenos Aires, y Coronda, en Santa Fe.

En la causa, que está a cargo del juez federal Julián Ercolini, aún no hay imputados. De haberlos, serán funcionarios de los ministerios de Justicia y de Planificación Federal, los organismos de aplicación del programa, o de la comisión mixta -integrada por tres funcionarios de cada cartera- que se ocupó de la evaluación de las propuestas de las empresas.

Pese a que los procesos de licitación estaban casi concluidos y los actos para la firma de los contratos, programados, las obras no llegaron a ser adjudicadas.

Unos días antes de dejar el Ministerio de Justicia, el 26 de julio pasado, Horacio Rosatti frenó los trámites y remitió los expedientes a la Oficina Anticorrupción (OA). El caso había llegado antes al organismo por una denuncia anónima.

Especulaciones

Incluso en los días posteriores al alejamiento de Rosatti, en ámbitos políticos se especuló con que esa diferencia había sido uno de las causas principales de su renuncia.

Cerca del ex ministro lo niegan, pero afirman que no firmó los contratos porque había una denuncia en la OA y dicen: "Mientras no hubiera claridad en este punto, no los iba a firmar".

Desde entonces, la OA investiga en forma reservada el proceso de licitación para decidir si agrega una denuncia a la causa abierta en la Justicia.

Ante una consulta de LA NACION, voceros del organismo que dirige Abel Fleitas Ortiz de Rozas se limitaron a informar que hace cerca de un mes se había pedido un informe técnico a la Subsecretaría de Obras Públicas para aclarar las diferencias entre los precios presupuestados.

Martín Montero, que hoy secunda a Fleitas en la OA, formó parte de la comisión mixta, por designación del primer ministro de Justicia de Kirchner, Gustavo Beliz.

El expediente judicial se inició por una denuncia del diputado de ARI Adrián Pérez, que el martes pasado ratificó la presentación y pidió la declaración testimonial de Rosatti.

En el escrito de Pérez, joven abogado que integra la fuerza de Elisa Carrió, se hacen tres cuestionamientos a los procesos licitatorios:

• Los incrementos en los presupuestos de ejecución de las obras.

• La falta de idoneidad de los integrantes de la comisión mixta.

• La "falsedad ideológica" de un informe de esa comisión que invocó la participación de equipos técnicos del Ministerio de Justicia en la selección de las ofertas, algo que no ocurrió de esa forma.

"Nos parece que hubo irregularidades, sobre todo por la diferencia abismal entre el presupuesto original y el adjudicado", advirtió Pérez a LA NACION.

Variaciones

La mayor variación, que fue del 86 por ciento, se registró en la licitación para construir la cárcel de Coronda. El presupuesto original, fijado en abril de 2004, era de 23.040.000 pesos. Cuatro meses más tarde, Montero -entonces secretario de Justicia- solicitó a la Subsecretaría de Obras Públicas un incremento del 25 por ciento en el presupuesto, que, de esa forma, pasó a 28.800.000 pesos.

El último incremento se produjo en junio pasado con el decreto de Kirchner. Tras analizar las diferentes propuestas, la comisión mixta había seleccionado en diciembre pasado a la empresa Eleprint-Emaco, con una oferta por 42.857.803 pesos. El decreto presidencial adaptó el presupuesto de la obra a esa cifra ofertada.

El diputado Pérez aclaró que, en un primer momento, no se habían calculado de manera adecuada los metros cuadrados por construir. Pero sostuvo que eso sólo explica una porción, quizá grande, del aumento presupuestario, pero nunca todo.

En el Ministerio de Planificación no respondieron a la consulta de LA NACION para hablar sobre el tema.

Aunque con diferentes cifras, la operatoria usada para la cárcel de Coronda se reiteró en las otras dos licitaciones. En Güemes, el precio fue de 38.400.000 pesos a 64.985.972, y en Mercedes, de 124.800.000 a 189.606.167, según documentos oficiales aportados en la denuncia. En ambos casos se seleccionó a Iecsa-Supercemento.

Por Gabriel Sued

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