1
Irregular uso de créditos millonarios
Se gastaron US$ 27 millones en intereses y 22 en consultorías
1 minuto de lectura'
Por ineptitud, por negligencia, por picardía o por corrupción. Cuando alguien se pregunte por qué a los gobiernos argentinos el mundo duda en prestarles más dinero, podría encontrar en aquellos justificativos una respuesta válida.
Semejante aclaración permite entender de manera más cabal los motivos por los cuales entre 1998 y 2001 la Argentina tomó créditos del Banco Mundial (BM) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por un total de 700 millones de dólares, los usó en una pequeña proporción y, como consecuencia de ello, tuvo que pagar 27.711.000 dólares en servicios de deuda e intereses.
Además, está en la mira la conducta de los funcionarios que, encargados de administrar los recursos, de los 700 millones de dólares prestados habrían gastado de manera poco clara 22 millones, los cuales se habrían utilizado en consultorías presuntamente irregulares. Por este motivo, el Gobierno ya decidió cesar en sus funciones a 11 personas.
Así se desprende de un informe interno del Gobierno, al que tuvo acceso LA NACION, que da cuenta del estado actual de cada uno de los programas y de su historial.
Los hechos descriptos ocurrieron años atrás en la Unidad Ejecutora Central, una dependencia del Ministerio del Interior que se encarga de administrar hacia el interior del país los fondos otorgados por los organismos crediticios. Pero los coletazos de ese accionar sólo salieron a la luz dos semanas atrás, cuando el nuevo titular de la cartera política, Aníbal Fernández, ordenó la expulsión de once funcionarios técnicos que manejaban los recursos, por considerarlos sospechosos de una administración "no muy pulcra" de los fondos provenientes de los préstamos.
"Se hizo una limpieza de personal en la UEC porque tal como se manejaba no respondía a los requerimientos de transparencia necesarios para la administración pública; no era algo muy pulcro", explicó Fernández ante la consulta de LA NACION.
En 1998, el BID y el BM otorgaron préstamos para financiar tres programas destinados a poner en marcha obras de infraestructura y reformas administrativas en todo el país. La UEC se encargaría de instrumentar los programas.
Sin embargo, principalmente en dos de esos programas, se subejecutaron los préstamos, se dejó el dinero congelado en las cuentas y se habría incurrido en un gasto discrecional de un porcentaje de los recursos.
Informe detallado
LA NACION accedió a un preinforme interno del Gobierno que da cuenta del estado actual y del historial de cada uno de los tres programas que cuentan con la financiación de estos organismos crediticios. El siguiente es un resumen de lo consignado en el documento:
- El primero de ellos es el denominado Programa de Desarrollo Provincial (PDP), un proyecto que nació en 1998 con un crédito del BM por 225 millones de dólares y cuyo propósito era alentar reformas administrativas en todo el país.
De los tres créditos analizados, éste es el menos problemático. Sucede que es el único que llegó a un nivel aceptable de ejecución. Al 30 de junio último, el 85% de los fondos del PDP había sido utilizado. En la representación del BM en Buenos Aires informaron a LA NACION que el crédito estaba aún vigente.
- El segundo de los programas es el de Grandes Aglomerados Urbanos (GAU). Este nació en marzo de 1998 con un préstamo del BID por 225 millones de dólares. Pero, a diferencia del anterior, nada resultó como estaba previsto pues, según el informe, hasta noviembre de 2002 no se habían ejecutado las inversiones acordadas con el banco.
Además, entre 2000 y 2001 se pagaron servicios de deuda por 19 millones, y 3,5 millones se cancelaron utilizando recursos de otras fuentes.
Hay otros agravantes. De acuerdo con el paper, entre la fecha de otorgamiento del crédito y 2001 se gastaron 12 millones en consultorías, muchas de ellas no justificables a los fines estipulados con el banco. Es aquí donde radican importantes sospechas de corrupción, que por estos días están siendo investigadas en una causa radicada en el Juzgado Federal número 10, Secretaría Segunda.
Por estos motivos, el Gobierno y el banco decidieron redireccionar parte de los fondos del programa y en la actualidad se aplica sólo para dos de las cuatro ciudades que originalmente lo constituían.
- El más conflictivo de los créditos es el que el BID destinó en diciembre de 1998 al denominado Programa de Reformas y Desarrollo de Municipios Argentinos (PRDM) por un total de 250 millones de dólares. El préstamo era para que las intendencias de todo el país pusieran en funcionamiento diversos planes de obras públicas, proyectos productivos y reformas administrativas.
Sin embargo, desde el primer día los recursos permanecieron casi paralizados. Eso provocó que en noviembre de 2002 se discontinuara el crédito y se reorientara parte de los fondos, con el agravante de que, de todos modos, el país tuvo que pagar servicios de deuda por 8.711.000 dólares.
La suma de estas cancelaciones con los 19 millones de dólares que fueron liquidados por el GAU arrojan el total de 27.711.000 dólares que el país tuvo que pagar por no haber usado los recursos prestados.
En la sede del BID en Buenos Aires explicaron a LA NACION que la filial transita por un recambio de autoridades, y que el nuevo titular de la repartición, Daniel Oliveira -que asumió en el cargo el 15 de este mes, en reemplazo de Jorge Elena-, no hablaría pues no conocía los antecedentes de los casos.
Sin embargo, en el Centro de Información Pública del organismo financiero informaron que el PRDM está en reformulación junto con otros ocho préstamos otorgados al Estado, y confirmaron que el GAU aún está vigente para dos de las ciudades inicialmente pautadas.
Según el documento interno del Gobierno, por este último crédito en el camino se habrían gastado unos 10 millones de dólares en consultorías que se encargaban de hacer preinformes de calificación de los proyectos, pero que en muchos casos nunca arribaban a conclusiones y eran inservibles al objetivo previsto.
Liberación de partidas
De acuerdo con la explicación que se brinda en el informe, la operatoria ilegal en que se habría incurrido fue posibilitada por los mecanismos de liberación de partidas acordados con el BID.
El organismo había permitido, para facilitar la instrumentación del programa, que se utilizaran partidas de hasta 50.000 dólares de manera autónoma. Es decir, se podía gastar el dinero de manera inconsulta y luego rendirlo. Pero, al parecer, el sistema no funcionó como estaba previsto.
"La cancelación de la operación fue como consecuencia del manejo irregular, desacertado, que aprovechaba facultades de contratación con revisión ex post BID", concluye el documento elaborado por el Gobierno.
Los préstamos en la mira
Los programas
- Irregularidades. Entre 1998 y 2001, el país tomó créditos del BM y del BID por un total de 700 millones de dólares. Se utilizó una parte y como consecuencia de ello se pagaron US$ 27.711.000 en servicios de la deuda e intereses y US$ 22 millones en consultorías presuntamente irregulares.
- El programa de Desarrollo Provincial (PDP). En 1998, el BM otorgó un crédito por US$ 225 millones para reformas administrativas. Se ejecutó el 85% de los fondos .
- Grandes Aglomerados Urbanos (GAU). Era un programa del BID por US$ 225 millones. Estaba destinado a financiar obras públicas en cuatro grandes ciudades, pero no se ejecutaron las inversiones acordadas. Se pagaron consultorías.
- Programa de Reformas y Desarrollo de Municipios (PRDM). Un crédito del BID por US$ 250 millones. Fue interrumpido porque los recursos estaban semiparalizados.
Aníbal Fernández
- El ministro del Interior ordenó la expulsión de 11 funcionarios técnicos de la Unidad Ejecutora Central -la dependencia que se encarga de centralizar y administrar los fondos otorgados de por los organismos internacionales- que manejaban los recursos, por considerarlos sospechosos de una administración irregular de éstos.
- "Se hizo una limpieza de personal en la UEC porque tal como se manejaba no respondía a los requerimientos de transparencia necesarios para la administración pública; no era muy pulcro", explicó el titular de la cartera política.
