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Irregularidades en préstamos del Bapro
Se investigan diversas anomalías en más de 42.000 créditos otorgados entre 1991 y 1999, por un total de 2400 millones de pesos
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LA PLATA.- Por lo menos 300 millones de pesos en créditos del Banco de la Provincia de Buenos Aires (Bapro), otorgados principalmente entre 1991 y 1999, a clientes que resultaron insolventes, presentan irregularidades y podrían configurar un modus operandi delictivo en perjuicio de la administración pública.
Así coincidieron en asegurarlo a LA NACION fuentes legislativas y judiciales que investigan presuntas anomalías en más de 42.000 préstamos por un total de 2400 millones de pesos, catalogados como incobrables, otorgados por el Bapro a empresarios y a particulares; gran cantidad de esos préstamos, sin el apego a las normas vigentes.
El caso ya provocó la exoneración de un gerente de la casa matriz del banco, Héctor Ferraro, que aparece también como imputado por la Justicia, y podría tener derivaciones insospechadas; entre ellas, el procesamiento de varios funcionarios y hasta de miembros del directorio de aquella época.
"Nosotros vamos a investigar a fondo este tema", dijo a LA NACION el gobernador bonaerense, Felipe Solá, que afronta la espinosa situación de enfrentar las sospechas de la oposición legislativa, desde donde se sostiene que en la entrega de los préstamos hubo favores políticos, en la gobernación del hoy presidente Eduardo Duhalde, cuyo período de gestión coincide con la fecha de otorgamiento de la mayoría de las operatorias cuestionadas.
"Ya hemos comprobado que 300 millones de pesos de esa deuda pertenecen a créditos mal otorgados", reveló el procurador general de la Suprema Corte bonaerense, Eduardo Matías de la Cruz.
La investigación judicial a la que se refiere De la Cruz se ciñe a la casa matriz con sede en esta ciudad y partió de una denuncia penal realizada el 22 de febrero de 2000 por el apoderado de la entidad, Julián Loyato, luego de que el gerente Ferraro fue sumariado.
La causa fue impulsada por las actuales autoridades del Banco Provincia, encabezadas por Ricardo Gutiérrez -su gestión se inició en diciembre de 1999-, que se manifestó preocupado por la situación y aseveró que "desde el banco se pondrá toda la información a disposición para que esto se esclarezca".
Los fiscales que investigan el caso, Carlos Arguero y Esteban Lombardo, a cargo de la Unidad Funcional de Investigaciones Complejas (UFIC) de La Plata, recibirán, en estas horas, un extenso y minucioso trabajo de los peritos de la Corte provincial.
Según anticiparon fuentes judiciales a LA NACION, hay pruebas suficientes para responsabilizar a funcionarios del Bapro y para comprobar la utilización de una "metodología en el otorgamiento irregular de los créditos".
Esos voceros afirmaron que ya está prácticamente probada la materialidad de los hechos, que podrían derivar en acusaciones por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, fraude a la administración, malversación de caudales y administración fraudulenta.
Paralelamente, una comisión bicameral investiga los créditos cuestionados. Ese cuerpo, presidido por el senador Carlos Díaz (PJ), fue creado en julio último -aunque demoró siete meses en ponerse en funcionamiento- como condición impuesta por la Alianza para investigar los préstamos que fueron transferidos del pasivo del banco a las arcas del Estado.
"Hecho desgraciado"
"Si queremos arribar a la verdad tenemos que ser muy cuidadosos, porque esta investigación es muy compleja por el número de créditos como por la especificidad del tema bancario", señaló Díaz. Y calificó lo ocurrido con los prestamos de "hecho desgraciado para los bonaerenses".
El traspaso del pasivo del Bapro al Estado tuvo el aval de la Legislatura provincial, que autorizó al Ejecutivo a emitir un título de deuda pública por $ 1100 millones contra lo que recibirá la cartera en mora, que supera los $ 2400 millones.
Entre los principales beneficiarios de los préstamos figuran empresas que recibieron líneas crediticias por más de $ 100 millones, pero que nunca saldaron sus cuotas y se encuentran ahora en las categorías 3, 4, 5 y 6, que corresponden a morosos e incobrables.
En esos listados de deudores -de todas las casas de la cuestionada entidad- aparecen firmas como Yoma, Gatic, Showcenter, Victorio Américo Gualtieri, Sasetru, Alpargatas, Massuh, Tren de la Costa, Masis, Reynoso Hnos. e Hijos y Distribuidora Tres Arroyos, entre otras 1000 compañías que, en conjunto, adeudan poco más de $ 800 millones. El resto, unos 41 mil créditos, son operatorias personales por menos de $ 200 mil pesos (o dólares ahora pesificados a $ 1,40) que incluyen a pequeños empresarios, productores y particulares.
Las reiteradas dificultades que retrasaron el funcionamiento de la comisión alimentan las suspicacias en el ámbito parlamentario.
"El desafío es comprobar la presunción que tenemos sobre el manejo político de los créditos", explicó el diputado Alejandro Mosquera (Frepaso), miembro de la comisión investigadora.
El legislador, que se quejó de la falta de colaboración del Banco ante los requerimientos del cuerpo, aseguró que "aquí funcionó un sistema orquestado desde arriba".
Recuperación de las deudas
LA PLATA.- El denominado Comité de Administración Fiduciaria fue ideado para recuperar los créditos impagos del Banco Provincia de Buenos Aires y será el encargado de negociar con los morosos.
Este organismo administrador del fideicomiso tuvo serios problemas para funcionar ya que el gobernador de la provincia, Felipe Solá, debió remover a sus integrantes luego de que trascendió que uno de sus miembros, Eduardo Di Marco, había sido asesor legal de Gualtieri, uno de los morosos incobrables cuyos créditos están severamente cuestionados.
Desde el gobierno se defendió al organismo, ahora presidido por Félix Cirio. Frente a las críticas por las presuntas demoras, el Ejecutivo informó que "esa tarea será iniciada gradualmente por el comité, ya que aún falta que se concrete la transferencia de la cartera de deudores por parte del Banco Provincia".
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