José Manuel de la Sota: "El policía que piense que puede abandonar a la sociedad será echado de la fuerza"

El gobernador cordobés, José Manuel De la Sota, aseguró hoy que no hay incumplimiento en el acuerdo firmado con policías durante el conflicto de diciembre, y advirtió que quien "proteste de cualquier manera y abandone a la sociedad" será "echado de la fuerza".

Durante una conferencia de prensa junto al secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, el mandatario cordobés afirmó también que solicitó el envío de gendarmes "para llevarles una tranquilidad adicional a todos los cordobeses".

"La plana mayor está trabajando muy bien para reordenar y devolverle a la Policía el prestigio que los cordobeses merecemos", manifestó el gobernador, aunque admitió que "los hechos ocurridos el 3 y 4 de diciembre del año pasado originaron un quiebre entre la fuerza policial y la sociedad civil", y dijo que su gobierno está "trabajando para recomponerla".

Suspensión

De la Sota también respaldó la decisión adoptada por el Tribunal de Conducta Policial, que suspendió a cuatro efectivos por "incentivar" una nueva protesta de la fuerza en la provincia.

"Hemos conversado sobre una planificación alternativa frente a cualquier pretensión de alteración del orden público. Vamos a actuar conjuntamente para garantizar la paz y la tranquilidad de todos los cordobeses", sostuvo.

En ese marco, De la Sota fue muy crítico con aquellos efectivos que pretenden volver a la huelga como metodología para los reclamos.

"Se terminó el hecho de que cualquiera cree que siendo policía puede protestar de cualquier manera y abandonar a la sociedad a los ladrones. El que piense eso, que se prepare para ser echado de la fuerza", sentenció.

Gendarmes

El gobierno nacional dispuso hoy el envío a Córdoba de "mil efectivos de las fuerzas federales" y advirtió que "no va a permitir la extorsión por parte de algunos sectores de la policía", luego de que se denunciaran intentos para promover una nueva revuelta entre los uniformados de esa provincia.

La decisión de la Casa Rosada se produjo ante la detención en Córdoba de 17 personas, entre ellos 16 policías y una ex agente y esposa de un efectivo, por su participación en el autoacuartelamiento de la fuerza provincial en diciembre pasado, que derivó en saqueos generalizados en la capital.

Agencia: DyN