Juan Bautista Mahiques asumió la presidencia de la Asociación Internacional de Fiscales y reclamó por una exfiscal argentina

El fiscal general de la ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques, fue elegido presidente de la Asociación Internacional de Fiscales (IAP, por sus siglas en inglés) durante una asamblea general de la organización celebrada en Tiflis, Georgia.

En esa reunión, Mahiques abogó por la independencia de los fiscales, se refirió a los casos de cinco que fueron asesinatos en América latina (tres ecuatorianos, un paraguayo y una hondureña) y denunció lo ocurrido con la argentina Cecilia Goyeneche, que era la fiscal anticorrupción de Entre Ríos y fue removida de su cargo tras avanzar contra el poder político.

“Investigó a sectores vinculados al oficialismo provincial del exgobernador y fue destituida por un Jurado de Enjuiciamiento constituido irregularmente con un órgano acusatorio ad hoc”, dijo Mahiques sobre Goyeneche en su discurso del lunes, en el que se refirió a las “persecuciones que sufren los fiscales de Latinoamérica”. También relató casos de fiscales echados en Guatemala, El Salvador y Haití.

Mahiques destacó que solo en lo que va del año mataron a los fiscales ecuatorianos Edgar Escobar Zambrano, Federico Estrella y Luz Marina Delgado, así como también a la hondureña Karen Almendares y al paraguayo Marcelo Pecci, que tenía una megacausa que investigaba redes de crimen organizado y de lavado de activos, y fue asesinado por sicarios en Colombia mientras estaba de vacaciones.

Mahiques propuso implementar “protocolos de protección que brinden a los fiscales las condiciones para desempeñarse adecuadamente en un contexto regional de extrema hostilidad y violencia”. Y sostuvo que “el carácter eminentemente transnacional de las investigaciones que dan lugar a este tipo de represalias exige desarrollar mecanismos de articulación y cooperación entre los organismos internacionales especializados en la temática”.

“Hoy en día, los fiscales que investigan al poder político, a organizaciones criminales o graves hechos de corrupción son amedrantados, ellos y sus colegas, perseguidos y destituidos irregularmente o bien amenazados y, en el peor de los casos, asesinados”, dijo Mahiques, y destacó que “la seriedad y extensión de esta situación ya ha reclamado la atención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al condenar al Estado peruano por haber destituido de forma irregular al fiscal Julio Casa Nina”.

En ese caso, la Corte Interamericana señaló que el trabajo de los fiscales debe estar protegido contra las presiones externas y que deben contar con las debidas garantías de un adecuado nombramiento y de inamovilidad en el cargo.