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Juicio político a la Corte: el oficialismo citó al juez Maqueda y la oposición advirtió que quiere provocar su renuncia
El magistrado del máximo tribunal fue convocado para el 6 de julio para que dé explicaciones sobre supuestas irregularidades en la obra social del Poder Judicial; citan a De Pedro y a gobernadores por el fallo de coparticipación
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LA NACIONLaura Serra
Merced a su mayoría, el oficialismo de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados citó al juez de la Corte Suprema Juan Carlos Maqueda para el 6 de julio, para que dé explicaciones sobre las irregularidades detectadas en la obra social del Poder Judicial en su carácter de supervisor del organismo. La oposición de Juntos por el Cambio rechazó la embestida del Frente de Todos contra Maqueda y advirtió que el kirchnerismo busca provocar su renuncia en la Corte para contar con una vacante más a cubrir antes de las elecciones presidenciales.
Maqueda hizo trascender que no concurrirá a la comisión. El reglamento de este cuerpo no lo obliga. El juez entiende que no le corresponden los cargos que el oficialismo le endilga, pues él no estaba formalmente a cargo de supervisar la obra social del Poder Judicial durante el período en que se detectaron las irregularidades (2008 a 2021). El oficialismo sostiene lo contrario y lo justifica en un mail que el propio Maqueda envió a sus pares del tribunal el 30 de agosto de 2021, en el que anunció su retiro de la supervisión de la obra social.
En paralelo, el oficialismo dispuso citar para el próximo 27 de este mes al ministro del Interior Eduardo “Wado” de Pedro, y a gobernadores peronistas, los primeros convocados para exponer sobre el fallo por el cual la Corte Suprema dispuso que el Gobierno devuelva a la ciudad de Buenos Aires los recursos de coparticipación que le detrajo en 2020. Por el mismo caso convocó a Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte Horacio Rosatti, y al exministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro. El oficialismo sospecha, y por ello pidió el juicio político, que hubo connivencia entre la Corte y el gobierno porteño para beneficiar a la ciudad en su fallo.
Al referirse sobre la citación a Maqueda, el diputado Juan Manuel López, de la Coalición Cívica, insistió en que no hay ningún acto administrativo de la Corte por el cual se le haya asignado a Maqueda esa función. “El oficialismo intenta realizar una responsabilidad diferenciada sobre uno de los jueces de la Corte basado en pruebas sesgadas. Si hubo algún tipo responsabilidad en este caso, al menos durante el período 2008-2018, es de quien presidía la Corte durante el período en el que se detectaron las irregularidades, Ricardo Lorenzetti”, sostuvo.
“Ustedes construyeron un relato con un ensañamiento muy claro contra el juez Maqueda –insistió el legislador–. Este juez cumple 75 años el año próximo, ustedes apuntan directamente contra él. Me parece que están buscando la renuncia de un ministro para provocar dos vacantes en la Corte antes de las elecciones, para negociar no sé con quién los cargos del tribunal. Tampoco está designado el procurador de la Nación, cuya propuesta está en el Senado pero el oficialismo no tramita y el Presidente tampoco retira. Insólito”.
En su citación al juez Maqueda, el oficialismo replicó las irregularidades detectadas por las cuatro auditorías que ordenó la propia Corte sobre la obra social en 2021. Entre ellas se destacan la decisión de no cubrir vacantes claves en el organismo; la delegación de la firma en diferentes agentes –incluso en personal contratado bajo locación de servicio–; la ausencia de previsión presupuestaria; irregularidades en la registración contable; balances contables sin certificación del consejo profesional de Ciencias Económicas y faltantes en stock de medicamentos.
La réplica opositora
Para Juntos por el Cambio estas presuntas irregularidades no constituyen causal de mal desempeño de los jueces. “Estos supuestos vicios ocurren en todas las obras sociales del país. Si tuviéramos que enumerar las que existen en el PAMI o en el IOMA, podríamos llenar la plaza del Congreso”, ironizó el diputado de Pro Pablo Tonelli. “Estas presuntas irregularidades no son otra cosa que la reproducción de la auditoria que ordenó la propia Corte, que además tomó decisiones para subsanar y corregir los defectos encontrados”.
“Estos cargos son un disparate, al igual que todos los demás. No se puede acusar por mal desempeño a la Corte por no haber cubierto vacantes en la obra social; con esta lógica, a todos los diputados y senadores se nos debería promover juicio político por no haber designado al Defensor del Pueblo, que está vacante hace años”, enfatizó.
Desde el oficialismo, Leopoldo Moreau y Vanesa Siley replicaron los argumentos opositores. “Aquí hay una responsabilidad directa y colectiva de la Corte sobre el funcionamiento de la obra social y Maqueda, en su famoso mail, asume que tenía el rol de supervisión. Varios testigos que testimoniaron en esta comisión así lo corroboraron”, sostuvo Moreau, a lo que Siley acotó: “Dice [la oposición] que estas irregularidades no constituyen causal de mal desempeño cuando la propia Coalición Cívica incluye este caso [de la obra social del Poder Judicial] en el juicio político que promueven a Ricardo Lorenzetti”.
Coparticipación
Concluido el debate sobre la obra social del Poder Judicial, el oficialismo anticipó que la siguiente denuncia a investigar por la comisión será el fallo que dictó la Corte Suprema en diciembre pasado por el que benefició a la ciudad de Buenos Aires con la devolución de fondos coparticipables que le había detraído la Nación en 2020.
Por este fallo, el máximo tribunal ordenó que se entregue a la Capital el 2,95% de la masa de fondos coparticipables (CABA reclamaba 3,50% en el reclamo de fondo) y que dichas transferencias se realicen en forma diaria y automática por el Banco Nación. El presidente Alberto Fernández, indignado, embistió contra la Corte Suprema y pidió su juicio político en el Congreso, pedido que fue cumplido por su tropa oficialista en Diputados.
“La cautelar (de la Corte) establece en forma injustificada un promedio entre lo que reclama la ciudad, el 3,5%, y lo que paga el Estado nacional, 2,95, en forma transitoria. Una irresponsabilidad determinar a ojo de buen cubero”, se quejó el entrerriano Marcelo Casaretto, del Frente de Todos.
“La hipótesis principal que nosotros tenemos que investigar es el acuerdo y la complicidad, o si se quiere, la connivencia entre la Corte Suprema y un sector político que conduce el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”, apuntó, por su parte, el también oficialista Rodolfo Tailhade.
Desde la oposición advirtieron que el oficialismo pretende, con la invitación a De Pedro y los gobernadores, montar un show electoral en la comisión. “Evidentemente van a hacer campaña con el tema coparticipación, usando este escenario como un búnker, por algo esperaron a que llegue julio para tratar este tema”, enfatizó el diputado López
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