Elecciones en Tucumán y San Juan: el oficialismo no descarta acusar a la Corte en la Comisión de Juicio Político

La noticia provocó un cimbronazo en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados. La decisión de la Corte Suprema de suspender las elecciones en Tucumán y San Juan, que iban a celebrarse este domingo, sorprendió a los legisladores en plena audiencia de la comisión, reunida justamente para avanzar en el enjuiciamiento a los cuatro magistrados del alto tribunal, proceso que se inició en enero pasado.

El oficialismo reaccionó indignado. “Hemos hablado con los legisladores de San Juan y de Tucumán. Van a pedir el juicio político a la Corte Suprema por este fallo -enfatizó el diputado Eduardo Valdés, autor del primer pedido de enjuiciamiento contra el máximo tribunal-. A cuatro días de la elección, este fallo representa una violación de las autonomías provinciales.”

La decisión de la Corte desató un clima de agitación entre los legisladores oficialistas, que entraban y salían de la comisión con sus celulares al rojo vivo. En plena audiencia, el diputado kirchnerista Leopoldo Moreau pidió una interrupción para dar cuenta de lo sucedido.

“Es un hecho institucional inédito que a cinco días de las elecciones en las provincias de Tucumán y San Juan, después de tener los reclamos durante meses, la Corte suspenda las elecciones”, apuntó el legislador para rematar: “Esto viene a demostrar que ese retazo de Corte tiene vocación restrictiva”. Luego, en diálogo con LA NACION, añadió: “Yo no descarto que por esta razón se incorpore una nueva causal de Juicio Político en la investigación que llevamos adelante en la comisión. Este fallo puede provocar un desorden institucional muy grave”, sostuvo Moreau.

Más cauto, aunque no menos ofuscado por la situación, el jefe del bloque oficialista Germán Martínez advirtió que su bloque “no va a mirar al costado”.

“Nuestro bloque se reserva la posibilidad de hacer todas las acciones que tenga que hacer en términos políticos. Todas. Si consideramos que hay causal de mal desempeño, haremos la presentación correspondiente”, enfatizó. “Este fallo es de una gravedad enorme, nosotros no podemos mirar para el costado, pero lo primero que vamos a hacer es estar al lado de cada uno de los compañeros y compañeras de estas provincias, resguardando lo que haya que resguardar para que la vida democrática en las provincias de San Juan y de Tucumán esté plenamente resguardada”, sostuvo.

La Comisión de Juicio Político lleva adelante desde enero pasado una investigación que involucra a los cuatro jueces de la Corte Suprema, a los que el oficialismo acusa por mal desempeño en sus funciones. El proceso, impulsado por el presidente Alberto Fernández, contó en su momento con el respaldo de un grupo de gobernadores, aunque no de todos: justamente el sanjuanino Sergio Uñac se abstuvo de firmarlo para no contravenir a la Corte Suprema, a sabiendas que tenía pendiente una definición sobre su reelección.

Entretanto, la Comisión de Juicio Político celebró ayer su decimo tercera audiencia del proceso de enjuiciamiento contra la Corte. Por segunda vez recibió al exadministrador de la Corte Suprema Héctor Marchi, quien advirtió que el presidente del tribunal, Horacio Rosatti, habría otorgado contratos para intentar negociar fallos. Dichos contratos, dijo, habrían sido solicitados por Silvio Robles -mano derecha de Rosatti- y destinados a la Cámara de Casación, donde estaba radicada la causa que lo afectaba por presunto enriquecimiento ilícito. Esta Cámara sobreseyó a Rosatti el año pasado.

“Esto es en referencia a la causa (sobre enriquecimiento ilícito contra el presidente de la Corte) iniciada en la ciudad de Santa Fe contra Rosatti por un exchofer de la municipalidad de Santa Fe, que declaró llevarle dinero todos los meses. Tuvo (la causa) un recorrido por distintas instancias judiciales y también recusaciones a jueces por parte de Rosatti. Dada la informalidad y preferencia con los que solicitó Silvio Robles (los contratos) y teniendo en cuenta su comportamiento en los hechos anteriormente denunciados por mí, sería conveniente pedir los fallos de las distintas instancias y los contratos que se dieron a los jueces (de la Cámara de Casación, donde está radicada la causa) durante los años 2021 y 2022″, sostuvo Marchi ante los legisladores.

“Los contratos son una herramienta coyuntural con que cuenta el tribunal para atender las necesidades urgentes y prioritarias de la Justicia. Esta posible demostración de poder seguramente no fue advertida por los demás ministros, ni por los jueces intervinientes”, agregó Marchi.

Esta es la segunda vez que el exadministrador se presenta como testigo en la investigación que impulsa el oficialismo en la Comisión de Juicio Político contra la Corte Suprema por supuesto mal desempeño de sus funciones. Marchi, quien fue el hombre fuerte del tribunal durante 15 años de la mano de su mentor, el juez Ricardo Lorenzetti, fue desplazado de su cargo hace un mes atrás por disposición de los jueces Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda. Se ordenó su pase a la Cámara Federal de Seguridad Social. Lorenzetti se opuso.

Ante los legisladores, Marchi insistió en cuestionar a Rosatti y a su colega Maqueda por la gestión de la obra social del Poder Judicial, sobre la que recaen una serie de denuncias sobre irregularidades y desmanejos que son investigados por la Justicia. Marchi insistió que el juez Maqueda fue el responsable directo de supervisar la obra social hasta 2021, la cual estaba bajo la dirección de un hombre suyo, Aldo Tonón.

En una nota que envió a la Comisión de Juicio Político, el máximo tribunal rechazó las denuncias de Marchi, se desligó de la administración de la obra social del Poder Judicial y responsabilizó al propio funcionario desplazado, al que señaló como quien debía velar por la correcta administración junto a quien oficiaba de presidente de la Corte hasta 2019, el juez Lorenzetti.

En su segunda aparición ante la comisión, Marchi advirtió que las irregularidades continúan durante la actual gestión del director Mariano Althabe, designado por Rosatti cuando asumió la presidencia de la Corte. Enfatizó que perdieron $2700 millones por no haber puesto el dinero de los afiliados en plazos fijos. “Se lo advertí dos veces al presidente de la Corte, pero siguieron como si nada. Creo que es una negligencia grave”, sostuvo.

Con estos elementos, el exfuncionario presentó una denuncia ante la Justicia y testificó en el juzgado federal de Ariel Lijo, quien investiga supuestas irregularidades en la gestión del organismo. “El solo hecho de que me hayan trasladado inmediatamente después de mis informes (de auditoría) sobre irregularidades en la Obra Social es una prueba clara de la conexión entre ambos hechos”, sostuvo ante Lijo.

Por Laura Serra

• Corte Suprema de Justicia

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