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Julio de Vido, de preso a perseguidor
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LA NACIONHernán Cappiello
Cambiaron las condiciones procesales, pero también las condiciones políticas. Solo así se explica la fulminante resolución exprés por la cual el exministro Julio de Vido quedó en libertad en menos de cuatro horas desde que su abogado Maximiliano Rusconi pidió su excarcelación hoy al mediodía.
Acompañado por una gran intuición y confianza en que esta vez iba a tener éxito, el letrado insistió con la libertad de su cliente. Quien le abrió la puerta para que De Vido saliera de su casa fue el fiscal Miguel Angel Osorio,que veloz como el rayo consintió el pedido de Rusconi apenas pasada la hora del almuerzo. Todas las excarcelaciones deben resolverse en un plazo máximo de 24 horas.
Así las cosas, los jueces del Tribunal Oral Federal N°1 votaron a primera hora de la tarde y ordenaron sacarle a De Vido la tobillera electrónica que controlaba sus movimientos. Antes de las 18, de Vido ya podía salir de su casa de Puerto Panal en Zárate sin tener que pedirle permiso a nadie.
Votaron de manera unánime Adrián Grumberg, de Justicia Legítima, que ya había votado por la liberación a fines del año pasado, y Ricardo Basílico y José Michilini, que suelen votar en disidencia con su colega y que en octubre se habían pronunciado por extender la prisión preventiva del exministro.
Ahora, los jueces entendieron que las razones por las cuales en octubre pasado le denegaron la libertad y prorrogaron su prisión preventiva ya no eran las mismas.
Ya no queda ningún funcionario krichnerista que cumpla prisión preventiva por corrupción. Solo están en prisión los exfuncionarios condenados Amado Boudou, Ricardo Jaime y José López, cumpliendo sentencia.
El nuevo Código
Con Julio de Vido cambiaron las cuestiones procesales: en octubre pasado no estaba en vigor el nuevo Código Procesal Penal, que establece limitaciones para el dictado de la prisión preventiva. Además, De Vido estaba preso por la causa de los cuadernos de las coimas. Este tribunal había decidido otorgarle la prisión domiciliaria, que el fiscal Osorio consintió, y su prisión preventiva se había prorrogado por un plazo de seis meses, que vencía en 20 días.
Pero De Vido insistió hoy, argumentando que en este plazo había cumplido las exigencias judiciales, que ya no existía riesgo de fuga y que tampoco había riesgo de que entorpeciera la Justicia. Fue Martín Irurzun, presidente de la Cámara Federal, quien había dicho en 2017 que De Vido debía quedar preso porque testigos habían mencionado que ordenó quemar expedientes como parte del encubrimiento. Ahora, los abogados de De Vido citaron testimonios que niegan que esas órdenes se hayan dado y que señalan que los expedientes no fueron quemados. La doctrina Irurzun está en baja.
Los jueces del tribunal oral ahora tuvieron en cuenta que ya no tenía restricciones en otras causas y que la condena que tiene en pie por la tragedia de Once no está firme, es decir, que debe ser aún revisada por la Cámara de Casación.
El nuevo clima político
Pero también cambiaron las condiciones políticas: en estos seis meses el kirchnerismo duro profundizó la presión sobre el presidente Alberto Fernández, agitando el reclamo de la libertad de los presos políticos, con el nombre de Julio de Vido al tope de la lista.
Fernádez insistió en que en la Argentina no hay presos políticos y su jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, polemizó públicamente con De Vido por la cuestión. Cafiero y Fernández se aferraron a la categoría de las detenciones arbitrarias, pero De Vido, desde Puerto Panal, los chicaneaba: "¿Qué dirían si fuera Cristina Kirchner la presa?". Cristina Kirchner no se pronunció sobre su exministro. Su preocupación es personal y por sus hijos Máximo y Florencia.
Las condiciones políticas cambiaron en este verano al punto que los jueces, ya desgastados y defenestrados ante la opinión pública por mérito propio, fueron denostados desde el kirchnerismo como "títeres" del gobierno de Juntos por el Cambio y como instrumentos de un lawfare que buscaba "combatir los gobiernos populares con apoyo de los medios hegemónicos".
A esta idea que repiten los De Vidos en los tribunales se sumó que desde lo mas alto del Gobierno no solo se descalificó a los jueces que investigaron la corrupción, sino que se presentó un proyecto para disminuir sus jubilaciones y diluir su poder para decidir sobre los fraudes contra la administración pública. La debilidad es evidente y se extiende a la misma velocidad que los plazos que impone el Código para resolver sobre la libertad. Por eso De Vido, -aún condenado- ya anunció que luchará para perseguir a los que lo encarcelaron.
