Juntos por el Cambio definirá en la audiencia pública si respalda a Rafecas para la Procuración

"La audiencia pública va a ser definitoria". La frase es repetida como un mantra por los senadores de Juntos por el Cambio para dilatar una respuesta sobre qué posición tomará el principal conglomerado opositor ante la postulación del juez federal Daniel Rafecas como procurador general de la Nación.

Sin embargo, en varios despachos opositores de la Cámara alta comenzaron a poner la lupa sobre el episodio que protagonizó en 2012, cuando mediante mensajes de texto el magistrado mantuvo conversaciones sobre la causa Ciccone con el abogado Ignacio Danuzzo Iturraspe.

Rafecas había quedado a cargo del expediente y Danuzzo Iturraspe era representante de José María Núñez Carmona, amigo de Amado Boudou e involucrado junto al exvicepresidente en la causa por la compra de la imprenta.

Así lo destacó un senador de Juntos por el Cambio en diálogo con LA NACION, quien se refirió al incidente que protagonizó Rafecas como "el tirón de orejas" que el juez recibió por ese tema. Aludió de esta manera a la decisión de la Cámara Federal de apartar al juez de la causa Ciccone como consecuencia de su relación con una de las partes.

El incidente ocurrió a principios de 2012 y quedó al descubierto cuando el propio Danuzza Iturraspe se presentó ante el Consejo de la Magistratura para entregar copia de los mensajes que había intercambiado con el juez federal, en un intento de tratar de mejorar la situación de su representado.

De la lectura de aquellas conversaciones se puede inferir que Rafecas aconsejó al abogado sobre los pasos a seguir en la causa.

Rafecas siempre negó haber jugado a favor de la defensa de Núñez Carmona y de Boudou, aunque reconoció haber mantenido los diálogos con Danuzzo Iturraspe. "Eran los primeros momentos de la investigación, cuando creía que era una causa puramente mediática", se defendió el juez en diálogo con LA NACION hace casi ocho años.

"Pude haberme excedido en alguna palabra o comentario informal", admitió Rafecas, quien también justificó el intercambio en los 20 años de conocimiento personal que tenía con el abogado. "Cuando advertí que empezó a derivar a una función de lobby, cambié la actitud y se terminó el contacto", explicó.

Protegido por el kirchnerismo, Rafecas zafó por un voto de ser acusado en juicio político en el Consejo de la Magistratura. Sin embargo, en 2018 su nombre volvió a quedar en medio de la polémica cuando desestimó la causa por el memorándum con Irán que había impulsado el fiscal Alberto Nisman.

El radicalismo pidió la suspensión del juez y la apertura de una investigación para tratar de determinar si Rafecas había incurrido en alguna irregularidad que pudiera terminar en su destitución por la celeridad con la que había decidido archivar la causa.

Sin embargo, aquella ofensiva, liderada por los radicales Mario Negri y Ángel Rozas, no tuvo el acompañamiento del macrismo y el Consejo de la Magistratura terminó considerando que no se había cometido delito alguno. No obstante, aplicó al juez una multa equivalente al 50% de su sueldo por única vez por la "falta de decoro" en su actuación en el expediente.

Rafecas fue elegido por el presidente Alberto Fernández para convertirse en el nuevo procurador general de la Nación, cargo que se encuentra vacante desde que renunció Alejandra Gils Carbó, a fines de 2017, presionada por la investigación por irregularidades en la compra de un edificio del organismo.

La nominación de Rafecas se encuentra sometida al decreto 22203, por el cual el Poder Ejecutivo habilita un período para presentar impugnaciones y adhesiones. Una vez superado este proceso, el Gobierno estaría enviando su pliego al Senado, que debe darle acuerdo.

Y aquí entra a tallar el peso de la bancada de Juntos por el Cambio. Con 27 senadores, tiene la llave para bloquear la designación de Rafecas, ya que para obtener el acuerdo de la Cámara alta necesitará una mayoría agravada de los dos tercios de los presentes.

Es en este escenario donde el desempeño del juez en la audiencia pública que celebrará la Comisión de Acuerdos antes de enviar su pliego al recinto será clave para la suerte de su nominación y para la apuesta del Gobierno al impulsar su candidatura.