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Justicia injusta en el Reino del Revés
La orden de liberar a dos procesados por la represión ilegal, a fines de 2008, aunque ajustada a derecho, provocó airadas reacciones. La Presidenta tronó desde el atril, la oposición la culpó por no tratar su proyecto, la Corte acusó al Congreso, y todos prometieron, como escarmiento, acelerar los juicios por la represión ilegal.
Pero este enfoque es sesgado porque en verdad es un beneficio. Sólo en la Argentina, en el Reino del Revés, puede considerarse un perjuicio. Hasta la Alicia del País de las Maravillas quería apurar su juicio. Lo trágico es quedar enjuiciado eternamente.
Hay que acelerar los juicios, pues sería injusto postergar a los procesados comunes, especialmente a los detenidos. Y también las investigaciones por corrupción en el Gobierno y en empresas. No es posible que por especulaciones políticas se hagan diferencias. Ninguna política de derechos humanos lo justifica.
El proceso oral es un problema. Es superior al escrito, pero es más artesanal y engorroso. Y en la Argentina se organizó con costos astronómicos. Al impulsar el movimiento por la reforma judicial mirábamos el juicio oral con jurados como un Stradivarius; algo ideal pero inalcanzable. Cuando hace 20 años lo propuso Alfonsín, y luego lo concretó Menem, denunciamos muy endebles estudios de impacto y anticipábamos la posibilidad de un colapso como el actual y que estas fallas de implementación desacreditarían al sistema.
El objetivo de dar celeridad debe ser igual para todos y no limitarse a la represión ilegal. Y en estos casos hay que respetar el clima que debe rodear a quien ejerce el sagrado deber de juzgar a un semejante, que no es susceptible de la más mínima distorsión. Si predicamos garantías, deben ser parejas, tanto en la celeridad como en el trato. Ha habido casos preocupantes, con banderas, insultos, pancartas; un abogado defensor salió sangrando de la sala de audiencias y hasta se hostigó al ex presidente Alfonsín, que declaraba como testigo.
La reforma judicial continúa pendiente, y la situación de la policía, del enjuiciamiento penal y de las cárceles es gravísima. Urge cambiar la realidad de un país que no puede garantizar un juicio justo en un plazo razonable para todos.
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