Justicia laboral de la Ciudad: infraestructura jurídica para el desarrollo productivo

La transferencia de competencias de la Justicia laboral a la Ciudad de Buenos Aires no fue azarosa: es el resultado de un camino en el que venimos trabajando desde hace dos años. El 10 de diciembre de 2023 asumí al frente del primer Ministerio de Justicia de la historia de la Ciudad, que creó Jorge Macri con el objetivo de conseguir los traspasos de competencias pendientes para la consolidación de la autonomía porteña.

Desde ese momento iniciamos las conversaciones institucionales con el gobierno nacional y solicitamos el traspaso de las competencias judiciales pendientes, tal como establece nuestra Constitución. Decidimos empezar por lo laboral porque es un fuero que impacta en la producción y el empleo.

Soy abogado laboralista, me dediqué a esto toda mi vida: la Justicia del trabajo es donde se concentra todo el conflicto social y económico. Cada fallo provoca una serie de reacciones en el mercado y en el mundo jurídico, y eso impacta directamente en la matriz productiva de nuestra Ciudad.

Es innegable que la incertidumbre judicial es un ítem determinante en la hoja de costos de cualquier Pyme porteña. Un juicio laboral imprevisible no solo afecta al trabajador, que tarda años en recibir una compensación licuada, sino que congela la capacidad de contratación de esa empresa. Es necesario eliminar ese riesgo sistémico para promover el empleo en la Ciudad.

En 2024, mientras se mantenían los canales de diálogo con el gobierno nacional, la Ciudad comenzó a preparar el terreno: impulsamos un proyecto para poner en funcionamiento el Fuero Laboral local junto a su propio Código de Procedimiento. Conformamos una mesa de trabajo conjunta en la que utilizamos de punto de partida un proyecto que yo había escrito durante mi labor como senador bonaerense, que posteriormente se convirtió en la ley que fundamentó el nuevo Código Procesal Laboral de la Provincia.

Después de meses de arduo trabajo y debates muy fructíferos, confeccionamos un Código Procesal ágil y moderno para la Justicia del Trabajo y lo presentamos en la Legislatura porteña. Con esa aprobación legislativa pusimos en funcionamiento el fuero. En febrero de 2025 el Consejo de la Magistratura abrió concursos para cubrir los nuevos cargos de 10 juzgados y dos salas, y la recepción que tuvimos fue inaudita. En total se inscribieron 1.251 personas para los 6 concursos.

Esto nos demostró que eran cada vez más las personas que querían formar parte de esta nueva Justicia en la Ciudad. A ese puntapié inicial se le sumó el impulso que recibimos a través del fallo “Levinas”, en el que la Corte Suprema de Justicia volvió a ratificar su criterio de fallos anteriores (“Corrales”, “Bazán”, “Nisman”), al convalidar nuestro rumbo instituyendo al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad como la autoridad máxima a la que deben acudir las cámaras ordinarias antes de llegar a la Corte.

A su vez, la Corte encomendó a los legisladores cumplir con la transferencia de competencias judiciales pendientes. Con ese envión, en el verano de 2025 instamos al gobierno nacional a crear una Comisión de trabajo conjunto para evaluar las condiciones que tenía que tener el traspaso de las competencias judiciales. Estuvimos todo un año escuchando a las distintas cámaras ordinarias -laboral, civil, comercial, penal- y Asociaciones de Magistrados, tanto de Ciudad como de Nación, para ver cuál era la mejor forma de llevar adelante estas transferencias. Y, mientras todo esto ocurría, el gobierno nacional decidió avanzar en un proyecto de Modernización Laboral.

La oportunidad para concretar el traspaso de las competencias laborales era histórica, porque la reforma nacional necesitaba una Justicia local moderna para funcionar plenamente. Los equipos técnicos de ambas jurisdicciones -Ciudad y Nación- trabajamos durante semanas en la redacción de un convenio para transferir las competencias sobre los conflictos laborales individuales, que finalmente firmamos el Jefe de Gabinete nacional y quien suscribe.

Ese convenio se envió al Congreso nacional incorporado al texto de la Reforma Laboral y quedó homologado por la aprobación de ambas cámaras. Es decir que, en solo dos años, creamos el Fuero, diseñamos el Código y ahora conseguimos la aprobación del Congreso nacional para avanzar con la transferencia definitiva.

Lo que resta ahora es que la Legislatura porteña apruebe el traspaso y que acordemos con Nación la manera de instrumentar esa transferencia. Hecho eso, tenemos 180 días para poner en funcionamiento la Justicia laboral de la Ciudad. Esta Justicia laboral propia va a ser completamente distinta a lo que conocemos hoy. Venimos preparando un modelo que, acorde a nuestras convicciones, entiende a la Justicia como un servicio al ciudadano. En ese sentido, va a estar enfocada en las personas y en la concreción de resultados.

En lo que respecta a la estructura, la Justicia laboral porteña va a tener una nueva organización, con oficinas de gestión comunes y equipos especializados, para sistematizar el trabajo, reducir tiempos y mejorar la calidad de las decisiones. En cuanto a lo instrumental, van a contar con la última tecnología en materia de conectividad, herramientas digitales e infraestructura edilicia, para agilizar todos los procesos internos. Los expedientes van a ser electrónicos, para que las partes puedan hacer fácilmente un seguimiento; y vamos a implementar IA y audiencias virtuales.

Para todo esto, además, vamos a prestar soporte y capacitación. Y en cuanto a lo cultural, que para nosotros es lo más importante, van a ser jueces mayoritariamente nuevos, interpretando una norma de fondo también nueva. Esos magistrados van a tener contacto directo con las personas involucradas en los procesos judiciales. Con todo esto, estimamos que un juicio que antes duraba entre 5 y 8 años, ahora durará apenas 1 o 2. Y esta reducción de tiempo impacta directamente en empleadores y empleados: los que contratan van a tener una mayor previsibilidad y los que son contratados van a poder resolver sus conflictos de forma ágil y cercana.

Con un Fuero Laboral moderno, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se vuelve cada vez más confiable para invertir. Queremos que las empresas elijan radicarse acá no solo por la infraestructura y el talento de nuestro capital humano, sino porque saben que, ante un conflicto, hay un juez porteño, formado con tecnología de punta, que resuelve en tiempo acorde a la necesidad de la gente. De esto hablamos cuando hablamos de autonomía: tener la decisión política de construir una infraestructura jurídica que impulse el desarrollo productivo de la Ciudad.

*El autor es ministro de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires

Por Gabino Tapia

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