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Justicia: una red de centros de ayuda para sortear la burocracia
Se desplegaron 90 oficinas en todo el país para asesorar judicialmente a los sectores más vulnerables
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"¿Acá puedo consultar por la tarifa social?", pregunta una señora en una oficina del barrio de Once de la ciudad de Buenos Aires a primera hora de la mañana. Al mismo tiempo, en esa ajetreada dependencia de Rivadavia 2690, un grupo de personas hace fila detrás de un mostrador para sacar turno, otro -más numeroso aún- espera ser atendido y el resto se arremolina frente a un escritorio para transmitir sus consultas. Al finalizar el día, en promedio, más de 350 pasaron por el lugar. Es que allí, justo a una cuadra de la Plaza Miserere, un punto de conexión clave para el transporte público, funciona uno de los 90 Centros de Acceso a Justicia (CAJ) distribuidos por el país.
Estas oficinas son una suerte de "dispositivo territorial" del Ministerio de Justicia que buscan servir como puente para que los sectores más vulnerables puedan superar el entramado burocrático para ejercer sus derechos.
"Nuestra política de acceso a la Justicia es una política de empoderamiento legal que asiste a los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos, para superar diversas barreras", dijo a LA NACION María Fernanda Rodríguez, subsecretaria de Acceso a la Justicia.
"El CAJ es un solucionador de problemas, es un mecanismo de exigibilidad de derechos que elimina barreras burocráticas y territoriales y obstáculos que resultan de la falta de información, de educación y de capital social", agregó.
Para cumplir este fin, cerca de 400 agentes llegan cada día a los centros ubicados a lo largo del territorio argentino, desde Susques (Jujuy), a 3896 metros de altura, pasando por la villa 31 (ciudad de Buenos Aires), hasta Tolhuin (Tierra del Fuego), que no supera los 3000 habitantes.
Abogados, trabajadores sociales, psicólogos y administrativos se despliegan para colaborar frente a cualquier tipo de problema legal.
Allí enfrentan consultas por antecedentes penales, trámites ante Migraciones y Anses, problemas de vivienda, conflictos familiares, situaciones de violencia, entre muchos otros asuntos que atienden a diario. Para ayudar apelan a transmitir información, capacitar, realizar mediaciones comunitarias, sacar turnos online ante distintos organismos estatales, llamar a otros funcionarios, facilitar trámites, pedir la intervención de otras dependencias y brindar asesoramiento legal y psicológico, incluso conseguir patrocinio gratuito para una disputa legal.
"Se trata de contextualizar una vida", grafica en diálogo con LA NACION Ezequiel Martínez, del equipo del CAJ de Once, mientras recibía consultantes en la dependencia. Laura Poblet, que llegó a coordinar el centro, señala: "Puede entrar una persona y atenderse por una SUBE, y puede surgir que necesita además un trámite en Anses y una asesoría jurídica. Escuchamos y entramos en confianza para que entiendan que la idea es ayudarlos y no perjudicarlos".
La subsecretaria de Acceso a la Justicia, junto a la Universidad de Buenos Aires, trabajaron el primer informe de "Necesidades jurídicas insatisfechas y niveles de acceso a la Justicia de Argentina".
Entre otras conclusiones, el estudio reveló que la mayoría de los consultados piensa que la Justicia no está concebida para solucionar las necesidades de la sociedad y que la gente no sabe ni siquiera que tiene un problema legal.
Empoderar
En esa línea, en diálogo con este diario, la abogada, la psicóloga y la trabajadora social de la sede coinciden en un concepto: "Les decimos a quienes asisten que ?estos son sus derechos, estas son sus obligaciones, esto es lo que puede hacer', y mediante la escucha lo que se hace es suavizar esa exposición de la persona en situación de vulnerabilidad, que siempre está de un lado para otro: se la empodera".
En 2017, los Centros de Acceso a Justicia atendieron 286.248 consultas y en el primer trimestre de este año, un total de 89.640.
En el ranking de consultas, de mayor a menor, figuraron: acceso a documentación y certificaciones, seguridad social, relaciones de familia, educación, violencia de género, vivienda, trabajo y salud.
El ambicioso proyecto es definido por el director de Acceso a la Justicia, Gustavo Maurino, como un "ecosistema". Es que para cumplir con su finalidad se firmaron numerosos convenios, por ejemplo, para acceder a distintas locaciones a lo largo del país, para que otros organismos puedan ayudar y para hoy brindar patrocinio jurídico.
Por estos días, una muestra del nivel de cooperación que requiere la iniciativa fue la inauguración del CAJ de Susques. El equipo, integrado por una trabajadora social, una abogada, una médica y un chofer-administrativo, prestará atención legal y de salud una vez por semana en el Centro Integrador Comunitario de esa ciudad, mientras que el resto de los días recorrerá un radio de hasta 200 kilómetros en una camioneta.
El servicio funciona de manera coordinada por los ministerios de Salud y Justicia, en el marco del programa Corredor Norandino Legal y Sanitario del Plan Belgrano.
¿Qué queda por hacer? El equipo del Ministerio de Justicia anhela trabajar no solo en centros urbanos, sino también con comunidades más rurales. Pero además, según adelantó Maurino, el plan es trabajar en instalar "hospitales de derechos". "No tenemos algo parecido. Las fiscalías hacen unas cosas; las defensorías, otras; la oficina de Defensa del Consumidor, otras más. Para las comunidades más vulnerables se necesita resolver estos problemas de integración, coordinación y de superposición. En el hospital estarían todas las oficinas en un solo lugar. Todos los niveles cooperando al mismo tiempo".
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