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Kirchner apela a un decreto para forzar los juicios contra militares
Más presión sobre la Corte y el Congreso El Gobierno adhirió a un tratado internacional que declara imprescriptibles los crímenes de lesa humanidad Quiere que tenga rango constitucional Así se eliminarían las leyes de perdón
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En la decisión más fuerte de su estrategia para reabrir los juicios contra militares acusados de violaciones a los derechos humanos, el presidente Néstor Kirchner firmó anoche un decreto que podría acelerar la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final.
La forma elegida fue cumplir con los pasos legales para adherir a una convención internacional que obliga a los Estados miembros a declarar imprescriptibles los delitos de lesa humanidad sin importar la fecha en que hubieran sido cometidos. Además, el Gobierno envió al Poder Legislativo un proyecto de ley para darle rango constitucional a esa norma.
La convención sobre imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad fue firmada por la Argentina en 1970 y aprobada por ley del Congreso en 1995. Sin embargo, el Poder Ejecutivo eludió luego el cumplimiento de los requisitos establecidos para que el tratado entre en vigor.
"Con esta medida, el Presidente está dando una señal inequívoca a los otros poderes del Estado sobre su firme voluntad en el sentido de que no haya obstáculos para la Justicia que permitan la impunidad", afirmó anoche el ministro de Justicia, Gustavo Beliz, en la conferencia donde anunció la decisión oficial.
El tratado, que empezará a regir como ley dentro de 90 días, impone a los adherentes cambiar toda norma que impida el juzgamiento de los acusados de delitos de lesa humanidad y obliga a eliminar cualquier traba a eventuales pedidos de extradición.
Diversos juristas y algunos funcionarios del Gobierno reconocen que la medida quedará sometida a la interpretación de los jueces y, en especial, de la Corte Suprema.
Un decreto recalienta el conflicto militar
Kirchner adhirió a una convención internacional en la que se declara que los delitos de lesa humanidad no prescriben
El presidente Néstor Kirchner presentó anoche la decisión de mayor peso en su estrategia para reabrir cuanto antes los juicios contra militares acusados de violaciones a los derechos humanos cometidas durante el Proceso.
Por medio de un decreto adhirió a una convención internacional que obliga a los Estados miembros a aceptar que los delitos de lesa humanidad no prescriben.
Al mismo tiempo, envió al Congreso un proyecto de ley para darle rango constitucional a esa norma, lo que derivaría en la anulación de las leyes de obediencia debida y de punto final y podría acelerar la aprobación de las extradiciones de miembros de las Fuerzas Armadas solicitadas por el juez español Baltasar Garzón.
La medida se hizo pública un día antes de que la Cámara de Diputados discuta, en sesión especial, la validez de las leyes de perdón. El Gobierno se encargó de destacar que no se trató de una coincidencia.
"El Presidente está dando una señal inequívoca a los otros poderes sobre su firme voluntad en el sentido de que no haya obstáculos para la Justicia que permitan la impunidad", sostuvo anoche el ministro de Justicia, Gustavo Beliz, en una conferencia de prensa.
La convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad fue firmada por la Argentina en 1970. Su misión original era permitir las extradiciones de criminales de guerra nazis.
En 1995, el Congreso la convirtió en ley nacional, pero el Poder Ejecutivo evitó desde entonces cumplir los pasos requeridos para que el tratado rija.
Lo que resolvió Kirchner ayer fue justamente instruir a la Cancillería a depositar los instrumentos de ratificación ante el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). De ese modo, la ley entrará en vigor en 90 días.
Si el Congreso sancionara con dos tercios del total de ambas cámaras el rango constitucional de la convención, el Estado quedaría obligado a cumplir con una serie de medidas de alto impacto en el conflicto actual.
- El primer artículo declara que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles cualquiera fuera la fecha en que se hubieran cometido. Y el cuarto obliga a los países adherentes a tomar "medidas legislativas o de otra índole que fueran necesarias" para que la prescripción de la acción penal no se aplique a los crímenes mencionados "y, en caso de que exista, sea abolida".
- El tratado también compromete (artículo tercero) a los países firmantes a "adoptar todas las medidas internas que sean necesarias" para hacer posible la extradición de los acusados de esos delitos. Incluso si en el país de origen no estuvieran penadas esas conductas.
¿Significa esto que apenas rija esta norma se extraditará a España a los militares detenidos por pedido de Garzón?
No. Y tampoco su cumplirá en forma automática el objetivo final de Kirchner: que se abran los juicios contra los militares en el país, reconocen los funcionarios del Gobierno.
Aun si el Congreso aprobara el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo, serán los jueces y -en última instancia- la Corte los que interpretarán la validez de la convención.
La decisión de Kirchner significa, eso sí, una fuerte presión para el máximo tribunal, que demora una definición sobre la constitucionalidad de las leyes del perdón.
"Ahora cada poder debe opinar", agregó Beliz. Lo secundaban en la sala de conferencias de la Casa Rosada la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y el presidente de la DAIA, José Hercman, entre otros líderes sociales. Antes se habían reunido más de una hora con Kirchner.
Conflicto legal
La idea de adherir a la convención fue del senador Jorge Yoma, que ya había intentado, sin éxito, que el Estado adoptara esa medida en 1998 y en 2000. Kirchner analizó la idea el fin de semana en Santa Cruz junto con su esposa, la senadora Cristina Fernández, y el secretario legal y técnico, Carlos Zannini.
La falta de consenso en el Parlamento para anular las leyes de perdón y las demoras en la Corte lo convencieron de dar un nuevo paso para acelerar los tiempos de los otros poderes, explicaron allegados al Presidente.
Para que la letra del tratado quede vigente en forma efectiva el Congreso estaría forzado no sólo a anular las leyes de obediencia debida y punto final sino que debería incorporar al Código Penal un artículo en el cual se establezca que no prescriben los delitos de lesa humanidad.
El secretario de Relaciones Exteriores, Jorge Taiana, reconoció que a partir de este paso los jueces deberán resolver sobre distintos conflictos de interpretación.
Por ejemplo, la Constitución dispone que la ley penal no puede aplicarse en forma retroactiva. También otorga la facultad al presidente de indultar a condenados, mientras que, según cómo se entienda, la convención a la que adhiere el Gobierno pondría en duda la validez de los indultos a los comandantes de las Fuerzas Armadas aprobados por Carlos Menem en 1990.
"Le agregamos un elemento fundamental a esta historia", se vanagloriaba anoche un alto funcionario de la Casa Rosada. Las consecuencias reales empezarán a conocerse desde hoy.
Qué dice el tratado
Sin prescripción: declara que los delitos de lesa humanidad (entre ellos el genocidio) no prescriben "cualquiera que sea la fecha en que se hayan cometido".
Adaptación: obliga a los Estados adherentes a modificar su legislación de modo que se cumpla ese precepto. En el caso argentino, el Gobierno entiende que se deberían eliminar las leyes de perdón.
Al exterior: los países se comprometen a adaptar sus normas de modo que se haga posible la extradición de los acusados de esos crímenes "de conformidad con el derecho internacional".
Estado legal: el Congreso convirtió en ley la convención en 1995, pero sólo ayer el Ejecutivo cumplió con el paso administrativo que le permitirá regir desde dentro de 90 días. El Gobierno también quiere que el Parlamento le dé rango constitucional. Se requiere el voto de dos tercios de las dos cámaras.
Por Por Martín Rodríguez Yebra <br/> De la Redacción de LA NACION
