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La AFIP complicó a los Rodríguez Saá
Elevó un informe que dice que el aumento de bienes de Adolfo es "inconsistente" y que Alberto no declaró todo lo que tiene
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LA NACIONHugo Alconada Mon
El crecimiento patrimonial del ex presidente y actual diputado nacional Adolfo Rodríguez Saá no es consistente con sus ingresos lícitos declarados; su hermano Alberto, el gobernador de San Luis, también afronta dificultades: no declaró todo lo que tiene y lo que sí detalló se contradice con otros documentos presentados.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) llegó a esas conclusiones tras evaluar la información que recopiló el juez federal Juan José Galeano en la investigación por el presunto enriquecimiento ilícito de los poderosos hermanos puntanos.
Una especialista del Departamento Penal Tributario de la AFIP, Margarita Galletto, entregó su informe contable el 19 de agosto último, pero quedó envuelto entre los expedientes que Galeano elevó a la Cámara Federal por un incidente de nulidad.
Galeano tenía previsto, antes de presentar su renuncia como juez federal por la causa AMIA, avanzar sobre el binomio de San Luis para requerirles que justifiquen su evolución patrimonial, aun cuando el fiscal federal Jorge Di Lello entiende que aún es prematuro.
Galletto remarcó que su informe no llega a ser un peritaje contable porque faltan datos y registros que permitan cruzar información. Aun así es lapidario, coincidieron funcionarios judiciales y del Ministerio Público consultados por LA NACION.
Primero apuntó al fugaz ex presidente: "Prima facie no hay consistencia entre el incremento patrimonial en bienes, rodados y participaciones accionarias desde la primera declaración jurada de bienes aportada por la AFIP (1990) con los ingresos de cuarta categoría declarados. No declara ingresos exentos", expuso.
También confrontó lo declarado sobre sus participaciones accionarias. "Se necesita mayor información societaria y los registros contables (con su documentación respaldatoria) para poder controlar la inconsistencia entre lo declarado y los movimientos de fondo bancarios en períodos anteriores al 2000", reclamó.
Cosa juzgada
La réplica al informe que dio Adolfo Rodríguez Saá, que ocupó cargos públicos desde 1983, sorprendió a los investigadores. Cuatro años después de la apertura de la causa 10.820/00 pidió su cierre por "cosa juzgada", al sostener que ya había sido investigado y sobreseído dos veces por la justicia puntana (sobre lo que se informa por separado).
"Las dos causas judiciales invocadas por Adolfo Rodríguez Saá para eludir la investigación, y en las cuales los jueces de San Luis ya le habrían otorgado un «certificado de honestidad», se parecen mucho a una típica maniobra de «autoimpunidad» con la que las dictaduras latinoamericanas han intentado evitar posteriores investigaciones judiciales", comentó a LA NACION el dirigente opositor Juan José Laborda Ibarra.
La justicia federal porteña no sólo lo investiga; en rigor, le imputa ser uno de los presuntos testaferros de su hermano Alberto Rodríguez Saá, el actual gobernador.
Entre los bienes de quien ocupó la Casa Rosada por siete días en diciembre de 2001 figuraban un departamento porteño en la calle Libertad al 1200 e inmuebles en la capital puntana y en la localidad de Durazno.
Esto, además de los patrimonios de su esposa María Alicia Mazzarino y de María Antonia Salino, ex mujer del actual gobernador, y de la hermana de ambos, Zulema Rodríguez Saá; del esposo de ésta, Alfredo Divizia, o de su estrecho colaborador Luis Lusquiños.
La AFIP también apuntó como eventual testaferro a Luis Antonio Amitrano, ex ministro de Industria, ex presidente del Banco de la Provincia de San Luis y ex apoderado personal del gobernador, entre otros vínculos.
La especialista del Departamento Penal Tributario pidió "analizar si puede existir una vinculación entre el señor Luis Antonio Amitrano y el señor Alberto Rodríguez Saá, vinculación que permita deducir que aquél constituya un «tercero» que ha prestado su nombre".
Galeano, que ya procesó por enriquecimiento ilícito a la ex funcionaria menemista María Julia Alsogaray -causa por la que este año la ex funcionaria fue condenada a 3 años de prisión-, registró que en 1983 Alberto Rodríguez Saá dijo poseer dos lotes en El Durazno, una casa en la capital puntana, un Renault 6, una camioneta Fiat y la mitad de dos propiedades.
Para 2000 había adquirido tres vehículos -como una camioneta Ford Explorer y un automóvil BMW-, propiedades en el exterior -una casa y un terreno en Punta del Este-, y acciones o participación en empresas de San Luis, incluidos los diarios.
Sin balances
También sumó once campos, seis terrenos, dos departamentos y seis casas, pero ningún balance de una serie de sociedades en las que tendrían participación accionaria, punto que subraya ahora la AFIP en su informe.
"Participaciones societarias no declaradas" es el título del último rubro que analizó la especialista de la AFIP, en el que evaluó los movimientos bancarios de las sociedades anónimas Pincen y Los Peñitos.
La primera empresa movió fondos por 1.598.793 pesos entre marzo de 1996 y abril de 2001, pero "no existe información de balances presentados y la AFIP no ha aportado información alguna". Por escritura pública, el actual gobernador de San Luis tiene el 99% del capital societario de Pincen.
Querella
- SAN LUIS.- Daniel Pérsico, uno de los dos intendentes de esta capital, querelló ayer a Adolfo Rodríguez Saá por calumnias e injurias. La demanda es porque, en una conferencia de prensa que dio el 22 del mes pasado, el ex presidente atribuyó a Pérsico la autoría de una amenaza anónima contra la otra intendenta, María Angélica Torrontegui. En las grabaciones que el intendente aportó a la Justicia, Rodríguez Saá calificó a Pérsico como un "experto en acción psicológica", según dijo.
Números que no cierran
ALBERTO RODRIGUEZ SAA
Falta de datos
- El informe de la AFIP indica que el gobernador tiene "participaciones societarias no declaradas" en las sociedades anónimas Pincen y Los Peñitos.
- Según la AFIP, la primera de esas empresas manejó fondos por $ 1.598.793 entre marzo de 1996 y abril de 2001. "No existe información de balances presentados y la AFIP no ha aportado información alguna", dijo la especialista que confeccionó el informe.
- Se encontraron contradicciones entre los documentos aportados.
ADOLFO RODRIGUEZ SAA
Inconsistencias
- "Prima facie no hay consistencia entre el incremento patrimonial en bienes, rodados y participaciones accionarias desde la primera declaración jurada de bienes aportada por la AFIP (1990) con los ingresos de 4a. categoría declarados", dice el informe elevado a la Justicia.
- El ex presidente presentó un recurso de "cosa juzgada" para detener la investigación.
- Hay dos causas por igual delito que fueron cerradas en San Luis.
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