La AFIP quiere subir la presión sobre dos sectores

Con la recaudación desacelerándose sin pausa, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) pretende concretar una reforma tributaria que amplía la presión impositiva sobre el sector financiero no bancario y el inmobiliario, entre otros. Se trata del paquete Antievasión 3, que el jefe de la AFIP, Ricardo Echegaray, anunció con gran entusiasmo en 2011, pero que aún no logró salir de su etapa de borrador para transformarse en un proyecto de ley que debería tratar el Congreso, por las discusiones que mantiene con el Ministerio de Economía y la Casa Rosada.

Uno de los ejes conflictivos es que a priori proponía gravar la compra venta de acciones de sociedades que no cotizan en Bolsa, de bonos y de fideicomisos con el impuesto a las ganancias. En la AFIP aclararon a LA NACION que no se trata de gravar en términos generales la "renta financiera" para evitar temores sobre la posibilidad de que alcance a los depósitos en los bancos del sistema financiero local.

Como ya ocurrió con otros proyectos similares surgidos del Ministerio de Economía en 2006 o de técnicos allegados al oficialismo posteriormente, esta opción encuentra reparos en el Poder Ejecutivo. Fuentes oficiales y tributaristas consultados por LA NACION afirman que hay dos argumentos para esta resistencia: no se quiere afectar a empresas de sectores muy vinculados a lo más alto del poder político y, además, se cree que el efecto recaudatorio sería relativamente bajo.

En 2001,en plena crisis, se estableció transitoriamente una alícuota especial del 15% para determinadas acciones, según recordó el socio de impuestos de PWC, Andrés Edelstein. De hecho, mientras que el plan original de la AFIP planteaba llevar esta alícuota al 35%, como en el resto de las actividades de la economía, una propuesta del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires -que esta semana- sugiere "gravar ciertas ganancias de capital obtenidas por personas físicas (títulos valores, transferencias de participaciones en empresas y cesiones de créditos) a una alícuota del 15%", nuevamente. Otros aspectos relevantes son:

-Adopción del ajuste impositivo por inflación y reimplantación de las normas necesarias para lograr la corrección de los diversos elementos referidos a la determinación tributaria, que no se discuten desde la salida de la convertibilidad, pese a la suba de precios acumulada desde 2002. El proyecto de la AFIP no contempla a priori corregir esta distorsión.

-Eliminación del impuesto a la ganancia mínima presunta y modificación del impuesto sobre los bienes personales, asimilándolo a un impuesto al patrimonio neto.

-Ampliación del período de cómputo de los quebrantos impositivos de 5 a 10 años, otorgando la opción al contribuyente de hacerlo sin límite de tiempo, en cuyo caso podría aplicarlo hasta un tope del 30/50% de la ganancia gravada. Por el contrario, el proyecto de la AFIP pretendía limitar la posibilidad de computar quebrantos al 30% de sus ganancias, por la sospecha de que a través del actual mecanismo las empresas eluden el pago de Ganancias.

Pero el presidente del Instituto Tributario del Colegio de Graduados de Ciencias Económicas, César Litvin, consideró que esta idea del organismo fiscal "es inconstitucional, porque afecta derechos adquiridos por el contribuyente en los quebrantos generados antes del dictado de la ley, violentándose el derecho de propiedad garantizado por la constitución nacional y también los perjudica porque, al no poder utilizar una parte de los quebrantos, los mismos probablemente vayan prescribiendo en su utilización a lo largo del tiempo".

Según Litvin, "hay países que no ponen limite en el tiempo para el computo de los quebrantos, otros que establecen plazos de hasta 10 años para el uso del mismo y hasta algunos permiten la utilización" retroactiva. Otro de los ejes discutibles del proyecto de la AFIP, dentro y fuera del Ejecutivo, planteaba que en el impuesto sobre los Bienes Personales se computara el valor de mercado de los inmuebles en lugar de su valor fiscal. Edelstein dijo que este posible cambio produciría "un incremento de la obligación fiscal, el cual probablemente será de mayor magnitud en el caso de inmuebles adquiridos hace varios años o cuyas valuaciones fiscales se encuentren más desfasadas con respecto a los valores de mercado".

En tanto, Lucio Giaimo, socio del departamento de impuestos de KPMG, consideró que las reformas en Ganancias deberían consistir en "brindar mayores estímulos a la reinversión de utilidades en las actividades de las empresas a través de beneficios fiscales, como podría ser la desgravación, total o parcial, de los montos reinvertidos". También, aconsejó generar "condiciones que favorezcan la realización de otras actividades de valor agregado en forma centralizada desde la Argentina hacia el exterior, por ejemplo, financiamiento, provisión de servicios administrativos y tecnológicos y otorgamiento de derechos vinculados al uso de propiedad intelectual, evitando la doble imposición".

Por su parte, la tributarista Flavia Melzi propuso ajustar todos los mínimos y las escalas de Ganancias y Bienes Personales, tanto para los empleados en relación de dependencia como de los autónomos, para no gravar "capacidad contributiva inexistente en sus diversas manifestaciones", a tono con la propuesta de la CGT y las dos CTA que el Gobierno, por ahora, se niega a escuchar.