La agenda de juicios orales 2024 incluye casos emblematicos de corrupción y el intento de asesinato a Cristina Kirchner

La agenda de juicios orales para 2024 en casos de corrupción que atañen a la política no se limita que se definan si avanzan los dos procesos que debe enfrentar aún Cristina Kirchner. Hay mucho mas en los tribunales orales, que a pesar de tener vacantes casi la mitad de sus cargos, tienen previsto juzgar este año a exfuncionarios como Guillermo Moreno, Julio De Vido o José López, a empresarios como Lázaro Báez o a los tres presos acusados de querer asesinar a la exvicepresidenta Cristina Kirchner.

Por lo pronto, el 26 de febrero se retomarán las audiencias en el juicio oral por la compra de los campos de El Entrevero en Uruguay, sobre la costa, un asunto residual de la causa de la ruta del dinero K. Allí se juzga por lavado de dinero a Lázaro Báez, al abogado Jorge Chueco, el contador Daniel Pérez Gadín, Leonardo Fariña, Maximiliano Acosta, Maximiliano Goff Dávila, el financista Santiago Carradori y Osvaldo Guthux. Los jueces del tribunal oral federal N° 4 escucharán los alegatos y dictarán su veredicto.

Báez ya fue condenado a 12 años por la ruta del dinero K, aunque la Cámara de Casación redujo la pena a 10 años, y luego sumó otra condena de 6 años por el caso Vialidad.

El otro juicio resonante que está en agenda es el que debe enfrentar el exsecretario de Comercio Guillermo Moreno, acusado de falsear los índices de inflación cuando era funcionario de Cristina Kirchner. El fiscal que promovió esa causa es Carlos Stornelli y el lo realizará su colega Diego Luciani. Los jueces que realizarán las audiencias desde el 22 de marzo son los del tribunal oral federal número 2, el mismo que condenó a Cristina Kirchner por el caso Vialidad.

Allí, Moreno está acusado de la manipulación de las estadísticas del Indec, por ejemplo datos de inflación, actividad, empleo, comercio exterior y pobreza. “Las conductas imputadas a Mario Guillermo Moreno resultan constitutivas de los delitos de violación de secreto en concurso real con destrucción de registros y documentos y falsedad ideológica de documentos públicos, ambos en concurso ideal entre sí y reiterado en siete (7) hechos, los cuales a su vez concursan en forma ideal con el delito de abuso de autoridad”, escribió Stornelli al elevar el caso a juicio.

Están acusados allí Beatriz Paglieri, mano derecha de Moreno en el Indec, Ana María Edwin, exdirectora del organismo, María Celeste Cámpora Avellaneda y Marcela Filia, empleadas del organismo. El Indec fue intervenido a fines de enero de 2007, cuando la inflación comenzó a ser un problema para el Gobierno de Néstor Kirchner.

Moreno ya se encuentra condenado en otras dos causas donde las sentencias no están firmes. Tiene una condena a dos años de prisión en suspenso por proferir amenazas en una asamblea de accionistas de Papel Prensa. La condena además lo inhabilita por seis meses para ocupar cargos públicos, pero el fallo no se aplica hasta que quede firme, lo que sucederá cuando la Corte Suprema de Justicia rechace el último recurso de la defensa. Y tiene además en octubre de 2017 Moreno ya había sido condenado a dos años y seis meses de prisión de cumplimiento en suspenso, inhabilitación absoluta y perpetua por la compra de cotillón anti Clarín con fondos públicos.

Este año también se fijó fecha para realizar el juicio oral por el primer caso de corrupción que enfrentó el kirchnerismo en la contratación de obras públicas. Se trata de la causa Skanska, donde se juzga el supuesto pago de sobornos para la concesión de una obra de extensión de gasoductos a esa empresa sueca.

La causa es emblemática de lo que puede durar un proceso de corrupción (en este caso casi 20 años), a pesar de hay una prueba clave que evidencia las coimas: una grabación de un ejecutivo de la firma que admite en una auditoría interna haber sobornado a funcionarios.

El escándalo estalló en 2005 por coimas y sobreprecios para hacer gasoductos y ahora se ventilará con el desfile de 130 testigos que comenzarán a desfilar desde el 8 de abril ante los jueces del tribunal oral federal número 4. El fiscal de juicio es Abel Córdoba y quien impulsó la investigación es su colega de instrucción Carlos Stornelli.

El juez Sebastián Casanello envió a juicio oral a Julio De Vido por administración fraudulenta y cohecho, es decir ecibir sobornos por unos 13 millones de pesos de 2005. El ex ministro ya fue condenado por la Tragedia de Once y por la compra de trenes chatarra a España y Portugal.

Los acusados son 36 entre ellos están el exgerente de Fideicomisos del Banco Nación, Néstor Ulloa, y ex directivos de la empresa. En esta causa se investiga la confección de facturas truchas a través de las que se simulaba la salid del dinero para pagar sobornos.

Un audio grabado por un ejecutivo de Skanska que admite wue se pagó una coima " a un pingüino de acá a la vuelta” es una de las pruebas clave. La causa en pleno kirchnerismo fue cerrada en un trámite controvertido por jueces de la Sala I de la Cámara Federal porteña. En 2015 la Corte ordenó reabrir la causa y anular sobreseimientos.

Reabierta la causa, el juez Casanello y Stornelli investigaron la hipótesis de que Skanska habrían pagado sobornos a los funcionarios públicos: “dádivas ilegítimas, justificando dichas erogaciones mediante facturas apócrifas” que fueron compradas a Infinity Group “con la finalidad de beneficiar a la referida empresa en las contrataciones de la ampliación de los Gasoductos Norte y Sur”.

La causa investigó el Proyecto de Ampliación de Gas 2005 de los gasoductos en el sistema norte (licenciataria TGN) y en el sistema sur (licenciataria TGS), y todo financiado por Nación Fideicomisos.

Entre los testigos están el exministro Roberto Lavagna, la ex ministra Felisa Miceli, Daniel Cameron (ex Secretario de Energía).

Para el fiscal, De Vido “entre noviembre de 2004 y abril de 2006 recibió dinero, en su carácter de titular del Ministerio de Planificación por parte de directivos del grupo económico Skanska”. A cambio “intervino en la selección y direccionamiento irregular del proceso licitatorio” de la expansión de los gasoductos, “mediante el cual se garantizó la selección y adjudicación del proyecto a la compañía Skanska, pese a la existencia de desvíos presupuestarios”.

El fiscal Stornelli acusó de realizar los pagos a Mario Piantoni, Gustavo Vago, Ignacio de Uribelarrea, Javier Azcárate, Héctor Osvaldo Obregón, Eduardo Varni, Juan Carlos Bos, Alejandro Gerlero y Roberto Antonio Zareba, quienes extrajeron 13.949.829,87 pesos de la filial argentina de la multinacional sueca.

“Al menos parte del total [fue destinado], a los funcionarios públicos que intervinieron en el proceso administrativo; entre los que se encontraban, al menos, Julio De Vido, José López y Néstor Ulloa”, escribió Stornelli.

A esta agenda de corrupción se suma el juicio, aún sin fecha, que seguramente este año enfrentarán los presos Fernando Sabag Montiel, su novia Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo por el intento de asesinato de Cristina Kirchner ocurrido el 1 de septiembre de 2022. La fiscal es Gabriela Baigún y el tribunal no tiene jueces. Está vacante desde 2020. Actualmente actúan como jueces suplentes allí Sabrina Namer e Ignacio Fornari. Fue sorteado para completarlo Adrián Grünberg. El juicio con tres detenidos, se hará cuanto antes. La exvicepresidenta no está conforme con la investigación y cree que hay más personas involucradas en la tentativa de homicidio.