La Argentina ante el desafío de ingresar a la OCDE

La Argentina lleva décadas con dificultades sociales y económicas. Comparado con países democráticos con economías de mercado abiertas y transparentes, padecemos una baja tasa de crecimiento alto costo financiero, baja tasa de inversión extranjera y local, inestabilidad macroeconómica, baja credibilidad económica internacional, altas tasas de pobreza y desigualdad más un débil entramado institucional, entre otros temas.

Un camino para mejorar esta situación es ser miembro de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), un foro de 38 países democráticos con ideas afines y comprometidos con principios económicos basados en el mercado. Propone un sistema de comercio multilateral abierto, libre, justo y basado en reglas, cree en la transparencia y la responsabilidad gubernamental y el estado de derecho. En la OCDE se discuten y establecen estándares y buenas prácticas para el desarrollo económico. Su cumplimiento no es coercitivo, aunque cuenta con un eficaz mecanismo de monitoreo y revisión que induce cambios de comportamiento a través de incentivos reputacionales para los países.

La OCDE es nada más y nada menos que una organización que sugiere reglas. Es distinta a otras más conocidas. No provee financiamiento. Tampoco es un foro de negociación de acceso a mercados como la OMC (Organización Mundial de Comercio), ni negocia tratados de libre comercio. Tampoco se debe confundir su ranking de riesgo -que influye en la tasa de interés en créditos a las exportaciones y seguros de caución- con las calificadoras de riesgo.

El primer efecto es el fortalecimiento institucional. El Estado argentino realiza un Memorando Inicial donde se autoevalúa en cuanto al grado de cumplimiento de los estándares y buenas prácticas de la OCDE. Debemos saber “donde estamos”.

Hay un modesto primer efecto positivo que implica someter las políticas públicas al escrutinio en función de resultados.

Posteriormente, en un proceso de negociación de la Accesión que puede demandar algunos años, se alinearán la legislación, prácticas y políticas de nuestro país con los estándares y buenas prácticas de la OCDE.

Así, se busca anclar las reformas institucionales, económicas y políticas necesarias para mejorar nuestra situación de acceso al crédito, reducir de tasas de interés, atraer inversiones, crecer y reducir la pobreza, entre otros alivios.

Hay una crítica obvia: la limitación de espacios de política de nuestro país y someternos a un esquema más rígido de normas y estándares que hoy no tenemos. Sin embargo, los países en desarrollo que abrazaron el modelo de las economías de mercado democráticas estables (México-1994, Corea del Sur- 1996, Chile-2010, Colombia-2020 y Costa Rica-2021, entre otros) usaron este proceso como parte de su camino de reformas estructurales.

Una vez logrado el estatus de Miembro de la Organización, el fortalecimiento de la calidad institucional continúa mediante el monitoreo periódico de las políticas públicas en función de resultados. Para ello, la OCDE cuenta con las herramientas como “marcos de evaluación comparativa” (benchmarking) en diversas temáticas y “mecanismos de examen entre pares” (peer review) para evaluar el desempeño de los miembros vis á vis los estándares y buenas prácticas de la organización.

Las naciones más desarrolladas del mundo no tienen reparos en someterse a dichos escrutinios. ¿Por qué los tendríamos nosotros? Hoy solo tenemos magros indicadores de crecimiento, empleo y desarrollo. No estamos solos. La OCDE invitó a tres países europeos y tres latinoamericanos (Brasil, Perú y nuestro país), así como a Indonesia, preservando la representación geopolítica entre los miembros. .

Evitemos ilusiones infantiles: ingresar a la OCDE forma parte de una visión de mediano y largo plazo, inusual en nuestro país. Es pensar más allá de la coyuntura, plantear una dirección a seguir y mantenerla en el tiempo.

Las mejoras en la calidad de vida de la población, en su gran mayoría, serán la consecuencia de la adopción de medidas adecuadas y llevar adelante reformas estructurales que mejoren el clima y marco legal de los negocios. Permite concentrarse en lo verdaderamente importante como salud, educación o justicia, sabiendo que el clima de negocios permite que la economía crezca.

Desde hace décadas y por muchas razones (defaults, déficits, inflación, etc.) los inversores extranjeros se han alejado de nuestro país. Construir una buena reputación llevará varios años. El desafío radica en pasar de una posición de outsider a una de prestigio. Dependerá de las medidas económicas y que mantengamos las reformas a lo largo del tiempo.

Alcanzada la Accesión, los mecanismos de revisión entre pares y los informes producidos por la OCDE permitirán observar y “certificar” los avances. De adoptarse y mantenerse las medidas, nuestro país obtendrá el “sello de calidad” que conlleva la membresía de la OCDE. Hoy estamos en el peor de los mundos: nos miran y no nos creen.

La OCDE califica anualmente el riesgo en la mayoría de los países del mundo, otorgando una nota que va de 1 a 7, siendo esta última la peor calificación que reiteradamente hemos recibido. No es motivo de orgullo y tiene costos muy directos: la baja calificación impacta en el costo de los seguros de inversión y el costo financiero que deben enfrentar nuestra sociedad.

Otros países hicieron y mantuvieron las reformas que mejoran la calificación trayendo confianza a país. Podemos y debemos hacerlo.

Esa es la lógica que proponemos para la Argentina del futuro que, con el esfuerzo de hoy, alcance el grado de desarrollo, grandeza y libertad que su pueblo supo tener y, sin dudas, aspira recuperar. La OCDE nos compromete con normas claras, previsibles y responsables en el camino para dicho objetivo.

* La autora es ministra de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto

Por Diana Mondino

---

Conforme a

Tipo de trabajo:análisis