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La Cámara de Casación quedó en condiciones de definir quién debe investigar a la AFA
Lo tiene que decidir en cinco días hábiles; la fiscalía reclamó que la causa quede en el fuero federal o en el penal económico; la defensa, que siga en el juzgado de Campana
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LA NACIONHernán Cappiello
La Cámara de Casación Penal quedó en condiciones de definir qué juzgado debe investigar a los verdaderos dueños de la mansión de Pilar que se adjudica a las autoridades de la AFA y, por consiguiente, todas las causas relacionadas con la asociación deportiva.
El fiscal ante la Casación Mario Villar dictaminó que el tribunal sea el juzgado federal de Daniel Rafecas, donde arrancó el caso. O, en su defecto, el juzgado en lo penal económico N10, ahora a cargo de Verónica Straccia.
La defensa de Luciano Pantano y su madre Ana Conte, dueños de la sociedad real Central, titular de la quinta valuada en 20 millones de dólares, quieren que la causa quede en el juzgado federal de Campana de Adrián González Charvay.
Ambas posiciones quedaron expresadas tras la audiencia de hoy realizada ante los jueces de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal Ángela Ledesma, Javier Carbajo y Mariano Borinsky.
Ahora los magistrados ya se encuentran en condiciones de decidir sobre la competencia, que arrastra al resto de las causas contra la AFA, excepto el caso de evasión y apropiación de aportes patronales que tramita en la Justicia en lo Penal Económico y va más avanzado.
El fiscal y los defensores formularon presentaciones escritas —en sustitución de la audiencia oral— donde expusieron sus argumentos. Villar se remitió en todo al contenido de un dictamen anterior, a través del cual sostenía como hipótesis principal que el expediente debía ser enviado al juzgado de Rafecas.
Como segunda propuesta, planteaba que la causa debía pasar al Juzgado Penal Económico nro. 10, que está vacante y se encuentra a cargo de jueces subrogantes.
Por su parte, la defensa del Pantano sostuvo que el expediente debía permanecer en el Juzgado Federal de Campana.
En el caso se encuentra a estudio el recurso de Casación planteado por la fiscalía contra la resolución de la Cámara Federal de San Martín que le asignó la competencia a González Charvay.
El argumento que se tuvo en cuenta en ese momento es que el tribunal de Campana tiene jurisdicción territorial sobre el predio de la mansión de Pilar.
En cambio, la fiscalía señala que en el supuesto lavado de dinero que se investiga, la quinta es parte del delito que se habría cometido desde las autoridades de la AFA, que tiene su sede en la ciudad de Buenos Aires, al menos al momento del hecho.
A partir de hoy, entonces, la Sala I de Casación Federal tiene 5 días hábiles para resolver la cuestión de competencia y decidir qué juzgado debe intervenir.
Dijo el fiscal Villar que el caso del juzgado federal de Campana, a cargo de González Charvay, comenzó sin que existiera ninguna denuncia previa, prevención policial ni requerimiento fiscal.
“No puede existir una cuestión de competencia entre una causa y una no causa”, sentenció Villar.
El fiscal dijo que con este correo el juez de Campana habilitó la feria judicial y le dio curso al pedido sin solicitar una certificación completa de la causa original para saber exactamente qué delitos se estaban investigando.
Agregó que en 2021 y 2022, ante una denuncia idéntica por lavado de activos contra Claudio Tapia y la compra de propiedades en la misma jurisdicción bonaerense, González Charvay se había declarado incompetente argumentando que la AFA tenía su sede en la calle Viamonte y que los delitos se habían gestado en la ciudad de Buenos Aires.
“Ahora, en estas actuaciones, decide lo exactamente opuesto”, dijo el fiscal.
El fiscal dijo que en esta causa se investiga una red internacional de intermediarios financieros que habrían operado entre 2021 y 2025, y que habrían canalizado fuera del circuito bancario argentino fondos obtenidos por la AFA mediante un complejo circuito financiero.
Bajo el pretexto del cepo cambiario y mediante mecanismos irregulares (comisiones del 30%) se habrían desviado y ocultado del patrimonio de la AFA, valiéndose de empresas constituidas en el exterior (algunas en paraísos fiscales y con cuentas bancarias offshore), con la participación o aquiescencia de dirigentes de la AFA, sostiene el dictamen.
Los ingresos de la AFA se vincularían con el pago de derechos comerciales, de auspiciantes extranjeros de la Selección Nacional de fútbol y de derechos de transmisión de los partidos, entre otros.
Los investigadores sospechan que aquellos fondos vinculados a la actividad comercial de AFA habrían ingresado a las cuentas bancarias en el extranjero de Torneos y Competencia SA (primer intermediario de gestión de cobro de AFA), de Q22 Services Limited (segundo intermediario), de Stratega Consulting USA LLC (tercera intermediaria, controlada por la homónima en Reino Unido), Odeoma Gestión SL (cuarta intermediaria) y TourProdEnter LLC (última intermediaria a partir de diciembre 2021), y que luego los fondos fueron desviados ilícitamente a sociedades constituidas en los Estados Unidos, Reino Unido y Uruguay.
Los investigados son Claudio Tapia, Pablo Ariel Toviggino, Darío Fabián Toviggino (hermano del tesorero de la AFA, vinculado a Soma SRL), Juan Pablo Beacon (dirección ejecutiva de la AFA), María Florencia Sartirana (actual pareja de Pablo Toviggino y extesorera de la AFA), Leandro Petersen (jefe del área comercial y de marketing de la AFA), Marcelo Fabián Ramón Saracco (primer operador financiero de los fondos de la AFA junto con Toviggino, socio de Odeoma Gestión SL).
Además, mencionó a Gabriela Erica Gillette y Javier Horacio Faroni, una pareja vinculada a TourProdEnter LLC, operador financiero de AFA a partir de diciembre de 2021, entre otros.
Se mencionaron también otras sociedades destinatarias de los fondos de AFA constituidas en EE.UU. presuntamente sin actividad real ni empleados a cargo, supuestamente controladas por personas de escasos recursos en Bariloche.
La mayoría de estas sociedades carecerían de operaciones comerciales comprobables, no tendrían oficinas reales ni actividades acordes a los montos recibidos y habrían sido utilizadas como vehículo de lavado de activos para ocultar la verdadera trazabilidad y destino final del dinero, según la fiscalía.
Asimismo, se supo de empresas vinculadas a actividades ecuestres privadas, ajenas a la actividad de la AFA, que habrían recibido sus fondos. Ellas son Carbello SRL (dedicada a la compraventa de caballos), M&H Horses Services (empresa francesa de transporte de caballos) y Equestrian (dedicada a la compraventa de caballos de salto).
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