La causa contra Mauricio Macri, Luis Caputo y Federico Sturzenegger por el crédito de US$57.100 millones del FMI se encamina a su cierre definitivo

La causa contra el expresidente Mauricio Macri y los actuales ministros Luis Caputo y Federico Sturzenegger por tomar un crédito de 57.100 millones de dólares del FMI se encamina a su cierre definitivo por inexistencia del delito.

El fiscal ante la Cámara de Casación Raúl Pleé, en un dictamen al que accedió LA NACION, desistió de la apelación que habían planteado sus colegas de las instancias inferiores contra el cierre del caso, por lo que ahora, sin impulso fiscal, el tribunal decidiría el fin del expediente.

Hay un pretenso querellante en el caso, Antonio De Martino, un ciudadano que adhirió al recurso de queja, por lo que se analizará su escrito de 70 páginas a todo color, en tonos amarillo y azul, con fotos y dibujos de personajes públicos, políticos, empresarios, el presidente Javier Milei y periodistas especializados en corrupción.

En esta causa están imputados Macri, Caputo, que en aquel entonces ocupaba la Secretaría de Finanzas, y Sturzenegger, quien encabezaba el Banco Central.

Se trata de la investigación relacionada con el acuerdo stand by celebrado con el FMI en 2018, por el cual la Argentina obtuvo inicialmente un financiamiento de 50.000 millones de dólares, luego ampliado a 57.100 millones de dólares.

La investigación procuró determinar si el crédito era innecesario y en verdad se tomó para fugar los dólares con acuerdo de empresarios y financistas allegados al poder.

También el caso trata de determinar si durante la negociación, la suscripción y la ejecución del acuerdo se produjeron incumplimientos de las normas que regulaban este tipo de operaciones.

En primera instancia, la jueza María Eugenia Capuchetti archivó el caso, fallo que fue confirmado por los camaristas Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens.

La decisión fue recurrida primero por el fiscal Franco Picardi. Luego, el fiscal de Cámara José Agüero Iturbe interpuso un recurso de Casación, que fue desestimado, y finalmente un recurso de queja, que ahora fue desistido por el fiscal Raúl Pleé.

Por lo tanto, los jueces Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos de la Cámara Federal de Casación deberán resolver definir si archivan el caso, como todo parece indicar, ya que sin impulso fiscal no hay delito que investigar.

Pleé argumentó que por un lado no hay requisitos previos para admitir el recurso y por otro dijo que las hipótesis presentadas por el fiscal Picardi “no corresponden con inferencias lógicas” de las constancias de la causa y tampoco “fueron sustentadas sobre la base de alguna propuesta de medidas concretas”.

Repasó que los jueces que intervinieron consideraron agotada la investigación, tras cinco años de medidas de prueba, contra la opinión de los fiscales, que identificaron cuáles son las medidas pendientes de realización.

La fiscalía también descartó que hubiera incumplimientos en el trámite del préstamo, como señalaron los fiscales, y sostuvo que la jueza Capuchetti los analizó y los valoró.

Dijo Pleé que, para que el caso prospere, el hecho a investigar debe ser delictivo o bien debe proponer diligencias probatorias que permitan corroborarlo.

Asimismo, el fiscal Pleé descartó la existencia de un esquema defraudatorio. Dijo que no hubo “infracción concreta” en la aplicación de los fondos, sino que hubo un cuestionamiento general a la política pública del macrismo, sobre su destino.

Los fiscales habían basado sus cuestionamientos al préstamo del FMI en el informe de la Auditoría General de la Nación, firmado por tres auditores a favor, del peronismo, y tres en contra, de la oposición. El presidente votó y desempató en favor de la crítica del peronismo.

Por eso es que Pleé dice que no puede ponderarse “con grado de certeza” un informe “cuyas conclusiones y metodología están cuestionadas por la opinión de tres auditores del mismo cuerpo”.

Al contrario, Capuchetti no es que no lo tuvo en cuenta, sino que lo ponderó, pero con estas limitaciones.

Dijo que tras el préstamo hubo misiones del FMI de seguimiento y revisiones del programa, que evaluaron la ejecución y el desembolso de los fondos. Por eso hubo una supervisión continua del acuerdo, lo que no se condice con la afirmación de que se lo incumplió adrede como parte del plan delictivo.

“Sin diligencias probatorias pendientes de producción, independientemente de cualquier construcción teórica, la hipótesis de los fiscales recurrentes se revela equivocada y amerita el desistimiento de la vía intentada en resguardo de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad, por los que me toca velar, en relación con la necesidad de tener una racional y objetiva administración de justicia”, subrayó Pleé, en negritas en el original.

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