Tras el recorte de fondos, Rodríguez Larreta rediseña el presupuesto de la Ciudad y prepara argumentos económicos para dar pelea en la Corte

Horacio Rodríguez Larreta tiene que presentar el presupuesto para 2021 al final del mes en curso. A la espera de una definición de la Corte Suprema, el gobierno porteño deberá diseñar los números sin los fondos que le recortó el Gobierno la semana pasada y que podrían significar unos $45.000 millones el año próximo. El drenaje se siente todos los días: desde que Alberto Fernández anunció la quita del 1,14% de la coparticipación nacional, la Ciudad de Buenos Aires recibió unos $800 millones menos, según fuentes de la gestión porteña.

En Ciudad aspiran a que la Corte Suprema resuelva favorablemente y lo antes posible la cautelar para interrumpir esa sangría de fondos. Pero también presentarán todos los los argumentos institucionales y económicos para que el máximo tribunal resuelva la cuestión de fondo, en lo que será probablemente el fallo con mayor densidad política en lo que va de la gestión de Alberto Fernández.

Mientras avanza la estrategia judicial, el gobierno porteño busca asimilar el golpe económico que tuvo la Ciudad este año y que combinó la caída de la recaudación por el coronavirus más la tijera sobre los fondos coparticipables. "Tenemos que rever el plan de inversiones de los próximos años", aseguran en la Ciudad, donde cultivan la obsesiva planificación que caracteriza a Rodríguez Larreta.

El impacto más fuerte que tuvo la caja porteña fue producto de la pandemia. El coronavirus aparejó una caída en la recaudación de unos $76.000 millones más un incremento inesperado en el gasto sanitario de unos $20.000 millones. Desde 2007 que Pro al frente del gobierno porteño viene administrando cuentas acomodadas, con un superávit que permite reinvertir en obras de capital.

Con el recorte de la coparticipación, entonces, habrá que ajustar aún más el cinturón. "Vamos a preservar los servicios de seguridad, salud, educación y atención social", afirman en la sede porteña de Uspallata. Días atrás, el vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli, afirmó: "Obviamente se verá dañada la infraestructura, pero no nos alcanza con eso, acá el impacto es brutal. Nos duele, porque nos quita el esfuerzo de planificación presupuestaria de una sana administración para 7 millones de argentinos".

Argumentos económicos

Sin detonar todos los puentes con la Nación, en la Ciudad se preparan para dar pelea en la Justicia por los fondos de coparticipación correspondientes al traspaso de la Policía. El ministro de Hacienda porteño, Martín Mura, está preparando informes para nutrir de información y argumentos económicos al procurador de la Ciudad, Gabriel Astarloa, encargado de la estrategia legal ante la Corte. Se espera que la Ciudad también apunte a un argumento institucional centrado en el desvío de fondos nacionales a la provincia, dinero que tenía justificación por el traspaso del servicio de seguridad para la Capital Federal.

En la Casa Rosada consideran que, aún con el zarpazo a los fondos (que llevaron a la coparticipación de la ciudad del 3,5% al 2,32%), la administración de Rodríguez Larreta recibe unos $2.500 millones de más para los gastos de la policía.

En Ciudad rechazan esos cálculos. "El primer error es considerar que lo que se traspasó en 2016 fueron uniformados y patrulleros. Lo que se transfirió fueron funciones y competencias", señalaron desde Uspallata. "La cuenta es fácil: ¿cuánto le insumió a la Nación el gasto por la seguridad de la Capital Federal en 2015? Ese es el parámetro que hay que tomar para luego indexar", agregaron.

También marcaron como un "error de cálculo" que la Casa Rosada tome como referencia al año 2016, ya que fue un período de transición, donde los policías y los recursos fueron transferidos en etapas. "Miran una foto que se tomó cuando no se había completado el traspaso", señalan. Agregan que la Ciudad le brinda seguridad "a quienes residen y a casi 4 millones de argentinos que ingresan a trabajar todos los días".

En la Casa Rosada, la secretaria de Provincias del Ministerio del Interior, Silvina Batakis, dijo a LA NACION: "Hoy financiamos los gastos de la policía de la Ciudad con el 0,92% de los fondos nacionales de la distribución primaria de la coparticipación. Pero la seguridad de la Ciudad no debería financiarse de ese modo. Nosotros transitoriamente sostendremos la coparticipación en un 2,32%, pero a futuro es un debate que deberíamos dar en el Congreso". El gobierno nacional evalúa opciones para presentar un proyecto de ley que le permita blindar la decisión que tomó la semana pasada por decreto.

En la Ciudad, en tanto, agregan que aquellas competencias de la Justicia que se transfirieron en los últimos años se hicieron "sin los fondos correspondientes". Si el Gobierno logra sancionar la reforma judicial, de hecho, también deberá negociar con Rodríguez Larreta lo que queda pendiente del traspaso de la Justicia. Sobre la mesa había estado la posibilidad de negociar la coparticipación y los traspasos en un mismo combo, como parte de una discusión política. Esa posibilidad quedó desterrada con el anuncio de Fernández.