La Coalición Cívica denuncia el DNU de los superpoderes para Cafiero

Un grupo de dirigentes de la Coalición Cívica presentaron una denuncia por la supuesta ilegalidad del decreto que le otorgó superpoderes para redistribuir partidas presupuestariasal jefe de Gabinete, Santiago Cafiero y pidieron a la Justicia que investigue "la posible comisión de los delitos de usurpación de autoridad, abuso de autoridad, y concesión de facultades extraordinarias".

La presentación la realizaron los diputados nacionales de la fuerza, encabezados por el jefe del bloque, Maximiliano Ferraro, y el acompañamiento de Paula Oliveto Lago, Mariana Zuvic, Héctor Flores, Juan Manuel López, Mariana Stilman, Mónica Frade, Lucila Lehmann y Marcela Campagnoli.

La presentación apunta específicamente al decreto 457/2020 el Poder Ejecutivo Nacional que "eliminó arbitrariamente los límites legalmente impuestos, arrogándose facultades propias del cuerpo al que pertenecemos y colocándola en cabeza del Jefe de Gabinete de Ministros; funcionario que él designa y remueve por sí, sin siquiera necesitar acuerdo del Senado".

Según los diputados, así el límite fijado por ley del Congreso para las atribuciones del funcionario "fue dejado sin efecto con escaso fundamento", ya que la única consideración referida a la urgencia y a la imposibilidad de continuar con los trámites ordinarios, expresada en los considerandos de la medida, es la de la eventual "posibilidad de una rápida respuesta a los requerimientos presupuestarios que podrían perjudicar a algunas jurisdicciones corriendo el riesgo de paralizar el correcto y habitual funcionamiento del Estado Nacional".}

El planteo de la Coalición Cívica es que el Congreso está en condiciones de tratar las cuestiones que le fueron delegadas a Cafiero y señala que "más allá de la inexistencia de urgencia e imposibilidad de funcionamiento del órgano legislativo", constituyen una "usurpación de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y el ejercicio de facultades extraordinarias".

Remarca entonces que "el dictado del DNU 457/20 viola el principio de división o separación de los poderes, el principio de reserva legal del Congreso de la Nación y las normas de procedimiento que expresamente prevé la Constitución Nacional para la materia presupuestaria".

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