La Coalición Cívica presentará un recurso de amparo contra la prohibición de las reuniones sociales en todo el país

La fuerza opositora convocará a algunas provincias -como Córdoba, Tucumán y Corrientes- a ponerle freno al decreto presidencial, por considerarlo "inconstitucional"
La fuerza opositora convocará a algunas provincias -como Córdoba, Tucumán y Corrientes- a ponerle freno al decreto presidencial, por considerarlo "inconstitucional" Crédito: Télam
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6 de agosto de 2020  • 18:39

La Coalición Cívica (CC) difundirá un documento para promover acciones de amparo en distintas provincias del país, en contra del decreto 641/2020 que prohíbe las reuniones sociales en todo el país.

En el escrito que preparó la fuerza opositora, se denuncia que algunas de las medidas adoptadas por el decreto presidencial "devienen violatorias de numerosos derechos protegidos constitucional y convencionalmente" y son "arbitrarias" -en lo que refiere, por ejemplo, a la determinación del número de concurrentes a un evento social-.

Maximiliano Ferraro, presidente del bloque de diputados nacionales por la CC, dijo a LA NACION que la promoción del recurso de amparo será difundida entre mañana y el próximo lunes, y estará destinada a provincias y localidades con bajo y nulo nivel de contagio. "La idea es que las presentaciones las realicen algunos dirigentes del interior y aquellos ciudadanos simpatizantes que se sumen", sostuvo Ferraro.

Si bien resta terminar de definir los destinos a los cuales se enviará el documento, algunas de las provincias involucradas serían Córdoba, Tucumán y Corrientes. "Más o menos serán entre unas 12 y 13 provincias, a las que se suman lugares del interior de la provincia de Buenos Aires que no presentan casos", explicó Ferraro.

Según el documento que difundirá la CC -en el que se advierte un "fuerte hiperpresidencialismo" y una "pasividad, como constante, en legisladores que responden disciplinadamente al Ejecutivo"- el avance de la tecnología ha permitido sesionar al Congreso y, a partir de ello, "ha cesado el supuesto constitucional que habilita al Poder Ejecutivo a dictar Decretos de Necesidad de Urgencia".

La iniciativa legal se desprende del comunicado emitido ayer por la coalición opositora, en el que los firmantes -el bloque de diputados nacionales por la CC, Elisa Carrió y la junta ejecutiva nacional del partido- repudiaron el decreto 641/2020 del presidente Alberto Fernández, publicado el lunes en el Boletín Oficial.

Según la acusación, como la medida tomada por el Gobierno no discrimina la situación particular de cada provincia o localidad -algunas de las cuales están libres de casos- representa un "abuso del poder inadmisible que viola derechos y libertades individuales previstos en los artículos 18° (inviolabilidad del domicilio) y 19° (libertad individual y acciones privadas) de la Constitución".

"Se trata de un acto perverso que esconde una finalidad: que no haya expresiones y/o manifestaciones públicas ciudadanas ante el avasallamiento de la Justicia, la búsqueda de impunidad, el cierre de comercios y PYMES, el aumento de la pobreza y el incremento de la inseguridad, principalmente en la provincia de Buenos Aires", dice el documento de ayer.

Inconstitucionalidad

En el decreto 641/2020, el Gobierno prohíbe los "eventos culturales, recreativos y religiosos en espacios públicos o privados con concurrencia mayor a 10 personas", además de los "eventos sociales o familiares en espacios cerrados y en los domicilios de las personas, en todos los casos y cualquiera sea el número de concurrentes, salvo el grupo conviviente", al considerar que una parte importante de los contagios se producen en este tipo de encuentros. Este decreto fue desoído por el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, quien consideró que no debía tener vigencia en su provi

La infracción a esa última norma, tal como indica el DNU, "deberá ser denunciada por la autoridad interviniente a fin de que la autoridad competente determine si se cometieron los delitos previstos en los artículos 205 y 239 del Código Penal".

En este punto, los firmantes aseguraron la "inconstitucionalidad" y consecuente "nulidad absoluta" del DNU, ya que abarca cuestiones de materia penal, prohibidas por la Constitución. "Con este decreto están instalando un Estado de Sitio de hecho", advirtieron.

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