Diputados | Impulsan el rechazo del decreto que prorroga el impuesto sobre los pasajes al exterior

El bloque de la Coalición Cívica y la diputada Margarita Stolbizer (GEN) presentaron esta tarde un proyecto de resolución para declarar “nulo de nulidad absoluta” el decreto 4/2025 por el cual el Gobierno dispuso la extensión hasta el 31 de diciembre de 2027 del impuesto del 7 por ciento sobre los pasajes al exterior, salvo a países limítrofes. Esgrimió un argumento constitucional: advirtió que, en virtud del artículo 99 inciso 3, al Poder Ejecutivo le está vedado dictar decretos en materia tributaria.

“El DNU 4/2025 no solo no supera el más mínimo análisis de constitucionalidad, sino que la conveniencia de prorrogar el impuesto también es cuestionable -enfatizaron los diputados de la bancada que comanda Juan Manuel López-. En este sentido, la forma en que se fiscaliza el cumplimiento del pago de este impuesto por parte de los sujetos obligados ha sido objeto de importantes críticas debido a los altos costos que implica”.

En efecto, la prórroga del tributo -que va a contramano del compromiso del presidente Javier Milei de reducir impuestos durante su gestión- desató una ola de cuestionamientos no solo de parte de los empresarios del sector, sino también de distintos espacios opositores: apuntaron que el 60% de la recaudación se destina a financiar el Fondo Nacional de Turismo, una caja que controla por fuera del presupuesto el ministro del área Daniel Scioli.

“La ‘cajota de Scioli es nula de nulidad absoluta -planteó el diputado Maximiliano Ferraro (CC)-. Este decreto viola flagrantemente la Constitución: su artículo 99, inciso 3 es claro al prohibir al Poder Ejecutivo, bajo pena de nulidad absoluta, dictar decretos en materia tributaria”.

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, lo recaudado por este impuesto representa el 0,05% del PBI. El año pasado significaron casi $200 mil millones, informó el Ministerio de Economía.

“El presidente incurrió en una falta grave. No cabe duda de que se trata de un fondo de carácter tributario y, por ende, limita la atribución del Poder Ejecutivo para su disposición”, advirtió la diputada Stolbizer. “No es a costa de las instituciones como se crece ni se enfrentan los problemas económicos y sociales. Al contrario, es con las instituciones y respetando la Constitución Nacional”, agregó.

El decreto en cuestión corre riesgos de ser rechazado por el Congreso: distintas voces de la oposición, incluso del macrismo, ya anticiparon sus reparos. Por caso, los dos referentes más importantes del bloque de diputados de Pro de la Comisión de Presupuesto, Luciano Laspina y Germana Figueroa Casas, criticaron que se aumenten impuestos para financiar campañas turísticas y señalaron que lo correcto sería reducir la complejidad fiscal.

También desde Unión por la Patria hubo fuertes cuestionamientos al decreto. Guillermo Michel, exdirector general de Aduanas y hombre de Sergio Massa, advirtió que no es posible prorrogar un impuesto por medio de un DNU. En el mismo sentido se expresó la diputada Ana Ianni, quien si bien se pronunció a favor de la continuidad del Fondo Nacional de Turismo, advirtió que la Constitución le prohíbe al Poder Ejecutivo emitir decretos en materia tributaria.

En cambio, el diputado y economista Martín Tetaz (UCR) tiene otra mirada: sostiene que no se trata de un decreto de naturaleza impositiva -lo cual está vedado por la Constitución- sino de una medida de tipo resolutiva que impone una retención -el 7% sobre los pasajes al exterior- a cuenta del impuesto a las Ganancias.

Tetaz sostuvo que el Gobierno debió apelar a este decreto -que, en rigor, estaba incluido en el proyecto de presupuesto 2025 que no se trató en el Congreso- por razones cambiarias por la avalancha de argentinos de viaje por el exterior ante el encarecimiento de la moneda local.

Lo cierto es que, mientras el Congreso se mantenga en receso -el Poder Ejecutivo no convocó a sesiones extraordinarias-, difícilmente la oposición pueda avanzar en la discusión del decreto. En teoría podría hacerlo, ya que la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo -que debe expedirse sobre la validez o invalidez de los DNU- es permanente, es decir, está habilitada a funcionar aún en receso de las cámaras. Sin embargo, el oficialismo -que preside la comisión-, con el guiño de sus aliados de Pro y de la UCR, mantiene paralizado este cuerpo desde hace meses. Allí ya se acumulan decenas de decretos de la actual gestión todavía sin auditar.

Empero, la ley 26.122 -que regula el tratamiento legislativo de los DNU- ofrece una salida: si al cabo de 20 días hábiles -que incluye el plazo que tiene el Gobierno para enviar el decreto al Congreso y el que tiene la Comisión Bicameral para expedirse- los legisladores no emiten dictamen, las cámaras podrán tratar el decreto de oficio y, eventualmente, aprobarlo o rechazarlo con mayoría simple.

Este fue el camino que debió tomar la oposición para rechazar el decreto por el cual, el año pasado, el presidente Milei aumentó en 100 mil millones el presupuesto de los gastos reservados de la SIDE. “Lo más probable es que si la Comisión Bicameral continúa paralizada, debamos esperar a marzo próximo para tratar este nuevo decreto de oficio”, deslizan en la Coalición Cívica.

Lo llamativo, recalcan en ese bloque, es que el propio ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, había cuestionado por burocrático y oneroso para el fisco el mecanismo de recaudación del impuesto. En efecto, según recordó López, durante el último coloquio de IDEA realizado en octubre pasado Sturzenegger ironizó que el gobierno anterior había instrumentado una suerte de “SWAT team” que, en tres turnos de 8 horas, realiza auditorías en los counters de embarque de los vuelos para verificar si el impuesto ha sido pagado.

También constitucionalistas cuestionaron la validez del decreto. Andrés Gil Domínguez afirmó en su cuenta de X que “el artículo 99.3 de la Constitución Argentina es contundente: los decretos de necesidad y urgencia no pueden tratar materia tributaria bajo pena de nulidad absoluta e insanable”.

El constitucionalista dijo que “mediante un DNU [Milei] extendió la vigencia y aplicación de un IMPUESTO [en mayúsculas en el original] que es una de las materias expresamente vedada por la Constitución argentina”. Y afirmó: “El DNU 4/2025 es nulo de nulidad absoluta ¿Quién lo puede impugnar judicialmente? Toda persona a la que se le aplique el impuesto cuando adquiera un pasaje por cuanto existe una afectación directa, concreta e inmediata del derecho de propiedad. Cualquier agente de percepción en la medida que la aplicación del impuesto genera una objetiva situación de incertidumbre constitucional. En ambos casos, también es posible solicitar la declaración de inconstitucionalidad de la ley 26.122 que regula el control político ulterior de los DNU por parte del Congreso”.

Por Laura Serra

• Cámara de Diputados

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