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La consulta se haría en noviembre
Sería no vinculante, con una sola pregunta, y en la discusión se introducirían la democratización gremial y las listas sábana
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LA NACIONMariano Obarrio
El presidente Fernando de la Rúa definió ayer que la consulta popular prevista para llevar a cabo una profunda reforma política contemplará una sola pregunta, sería no vinculante y como fecha tentativa para su realización se evalúa el 18 de noviembre próximo.
Luego de una reunión de dos horas que mantuvo ayer por la tarde en la residencia de Olivos con el jefe de Gabinete, Chrystian Colombo; el viceministro del Interior, Lautaro García Batallán, y la ministra de Trabajo, Patricia Bullrich, De la Rúa acordó que la consulta popular contemplaría una sola pregunta: "¿Está usted de acuerdo con la reforma política propuesta por el Gobierno?
Es decir que la iniciativa oficial prevé instrumentar no sólo un ajuste de los gastos en la política sino también la eliminación de las listas sábana, la democratización de los sindicatos, la eventual desaparición de las legislaturas bicamerales y la reducción de concejales.
Este paquete de propuestas reformadoras reflotaría gran parte de un proyecto de ley que elaboró el Gobierno cuando Federico Storani era ministro del Interior.
Fuentes del Gobierno aseguraron anoche a LA NACION que la consulta será no vinculante y que el presidente De la Rúa firmaría el decreto que convoca a la consulta el 14 de septiembre próximo, ya que la ley le impone que lo haga con 60 días de anticipación.
Al ser no vinculante no será obligatoria. Por lo tanto, no se necesita un piso de asistentes a los comicios para que tenga validez (la ley exige un 35 por ciento en caso de ser vinculante). Lo cierto es que se necesita cierto aval popular a la medida, más que nada como una cuestión de respaldo político. Para eso, el Gobierno está terminando de delinear un plan de acción para difundir los alcances de la reforma que quiere instrumentar. En Olivos no descartaban que el Presidente hablara por televisión para dar los detalles.
En busca de otro camino
La consulta popular que realizará el Gobierno para avanzar en una reforma política comprenderá una propuesta para eliminar la lista sábana del sistema electoral por el cual se eligen diputados, senadores y legisladores provinciales y sustituirla por otro mecanismo.
Esta medida está comprendida en un primer borrador que analizó De la Rúa. El paper fue remitido hace una semana por el ministro del Interior, Ramón Mestre, según sus allegados. La existencia de ese proyecto fue confirmada a LA NACION por el viceministro García Batallán.
Mestre, García Batallán y el secretario general de la Presidencia, Nicolás Gallo, diseñan los detalles de la consulta anunciada por De la Rúa el miércoles último.
Quienes conocen ese papel aseguran que allí se propone preguntar a los votantes, entre otras cosas, si está de acuerdo con eliminar la lista sábana para sustituirla por un "sistema más efectivo". Pero por ahora no se especifica cuál sería el nuevo sistema electoral, en virtud del cual se debería cambiar la ley electoral.
La lista sábana se utiliza para elegir legisladores nacionales, provinciales y concejales municipales. Su eliminación, por ende, se aplicaría a todas esos cargos.
Este sistema electoral consiste en listas cerradas de candidatos, en la que la mayoría de éstos resultan desconocidos para el votante común. Sólo el primer postulante suele concitar cierta popularidad.
El sistema permite así que al votar al candidato que encabeza la nómina, el elector queda expuesto a incluir contra su voluntad a dirigentes que desconoce. O a los que no seleccionaría por propia iniciativa, toda vez que no confía en ellos.
Se trata de un sistema que diluye la representatividad, porque son las cúpulas partidarias las que en realidad seleccionan a los candidatos. Por lo tanto, la designación de éstos, su posterior desempeño legislativo y su eventual reelección en el cargo quedan condicionados al interés de la cúpula y no del elector.
Esto permite que se distorsione la voluntad del legislador en sus decisiones parlamentarias.
En la provincia de Buenos Aires la lista sábana es de 35 miembros, mientras que en la Capital es de 13, y en otras provincias es de cuatro, tres o dos candidatos. Es por ello que el Gobierno baraja un sistema electoral que equilibre la representación.
Fuentes del Ministerio del Interior justificaron la inclusión en el plebiscito de la lista sábana porque el Senado no trató el tema en el proyecto de ley de reforma política.
De la Rúa se reunió durante el fin de semana con Mestre en la residencia presidencial de Olivos para analizar la reforma política. El Presidente procura avanzar en ella con premura, como modo de reducir gastos y cumplir el plan de déficit cero, infundir confianza externa y obtener un rédito político interno.
Pese a que la consulta no será vinculante, se busca poner una presión moral a la clase política para que reforme las leyes actuales. El Poder Ejecutivo no puede imponer esos cambios en las provincias, porque ello sería avanzar sobre la autonomía de los Estados federales.
El paper de Mestre establece una sola pregunta: en una boleta diría "Sí, estoy de acuerdo", y en otra "No estoy de acuerdo". En ambas, figuraría todo el paquete de reforma política, con medidas muy específicas. Entre ellas, se analizan:
- Eliminar la lista sábana.
- Fijar topes para los gastos de los poderes legislativos y ejecutivos provinciales.
- Equiparar los sueldos de funcionarios con cargos políticos en los poderes legislativos y ejecutivos.
- Establecer la unicameralidad en las legislaturas provinciales, no en el Congreso Nacional.
- Reducir el número de legisladores y de concejales.
El paper avanza un poco más sobre el contenido específico del paquete que el Gobierno pondría a consideración del electorado.
Tope de gastos
Por ejemplo, el tope de gastos de los poderes legislativos y ejecutivos provinciales se fijaría en un máximo de 1,5% del presupuesto provincial. Esa regla no se aplicaría a la Nación, porque no supera esos límites.
"No puede ser que en algunas provincias la Legislatura represente el 6% del presupuesto", dicen los hombres de la Casa Rosada.
Para evitar que las rebajas en los presupuestos generen desequilibrios salariales (diputados que despidan empleados pero se asignen remuneraciones desmesuradas, por ejemplo), se instituiría la equiparación salarial para cargos políticos.
Se aplicaría a los funcionarios políticos -no los de carrera ni los de planta permanente- de poderes ejecutivos, legislativos y concejos deliberantes. Consistiría en una tabla de sueldos, con techos y pisos, según el cargo y la remuneración.
Se buscaría que un diputado no gane más que el presidente o que el jefe del Gabinete, o que un concejal no supere en ingresos a un legislador provincial, ministro o gobernador.
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