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La Corte anuló una sentencia del Tribunal Superior de Justicia porteño que beneficiaba al gobierno de la Ciudad
Sostuvo que el fallo no tiene “concordancia lógica”; se refiere a una acción por discriminación por la falta de escuelas de jornada completa en zonas desfavorecidas
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LA NACIONHernán Cappiello
La Corte Suprema de Justicia anuló hoy una sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires que beneficiaba al gobierno porteño ante un reclamo por la falta de escuelas de jornada completa en las zona mas desfavorecidas del distrito porteño, como Barracas, Nueva Pompeya, Villa Soldati, Villa Lugano y Villa Riachuelo.
Los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación dijeron que en el fallo del tribunal local, los jueces expusieron distintos argumentos, pero sus votos no guardan “la mínima concordancia lógica y argumental requerida” para decisiones judiciales.
Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti enviaron así un mensaje al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad que revisa todas las causas de la justicia nacional de la Ciudad.
Señalaron así que se debe exigir una mayoría de votos y respetar la lógica en sus resoluciones, más allá del “respeto por las opiniones individuales y las disidencias”.
La decisión se tomó en un amparo que presentó la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Planeó la ONG que existía una discriminación estructural y una vulneración del derecho a la educación pública y equitativa respecto de los estudiantes de los Distritos Escolares 5, 19 y 21 de la ciudad de Buenos Aires, que se corresponden con sectores de Barracas, Nueva Pompeya, Villa Soldati, Villa Lugano y Villa Riachuelo.
ACIJ sostuvo que la falta de oferta de escuelas primarias de jornada completa estatal en esas zonas con la población socioeconómica más vulnerable de la Ciudad es discriminatoria y reclamó la creación de más establecimientos en esos distritos.
El Gobierno de la Ciudad replicó que no incurrió en ninguna omisión ni conducta ilegítima o arbitraria, planteó que la definición y distribución de políticas educativas y de la infraestructura escolar forman parte del ámbito de su discrecionalidad técnica y presupuestaria de la administración pública y pidió rechazar el amparo.
En primera instancia, la justicia condenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a desarrollar un programa tendiente a que funcionen en el Distrito Escolar 21 al menos un 30 % de escuelas con jornada completa, dispuesta esta proporción por la Ley 26.075.
Y lo exhortó a implementar políticas públicas para igualar la oferta de doble jornada en esos distritos.
La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario confirmó la condena respecto del Distrito Escolar 21 e instó al gobierno de la Ciudad a presentar y desarrollar un programa de extensión de jornada completa en los Distritos Escolares 5 y 19.
El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires admitió la queja de ACIJ, pero rechazó su recurso de inconstitucionalidad y modificó la condena.
Se limitó únicamente a exhortar de manera no vinculante al Gobierno a impulsar políticas de jornada ampliada. La mayoría se integró con los votos de los jueces Inés Weinberg, Ana María Conde y José Osvaldo Casás (ambos ya jubilados). Los jueces Luis Lozano y Alicia Ruiz votaron en disidencia.
Los jueces Rosatti y Rosenkrantz, en un voto en el que coincidió en gran parte de sus términos el juez Lorenzetti, sostuvieron que “esta Corte ha establecido que, aun cuando los fallos deben limitarse a lo peticionado por las partes en sus recursos extraordinarios, constituye un requisito previo emanado de su función jurisdiccional el control del desarrollo del procedimiento cuando se encuentran involucrados aspectos que atañen al orden público, toda vez que la existencia de un vicio capaz de provocar la nulidad absoluta del fallo no podría ser confirmado por sentencias ulteriores”.
El fallo resaltó que la Corte “ha precisado que toda sentencia constituye una unidad lógico-jurídica, cuya parte dispositiva es la conclusión necesaria, por derivación razonada, del análisis de los presupuestos fácticos y normativos efectuado en sus fundamentos”.
Añadió que “en el caso de los tribunales colegiados, ello supone no concebirlas como una colección o sumatoria de opiniones individuales y aisladas de sus integrantes, sino como el producto de un intercambio racional de ideas entre ellos”.
Así, “la ausencia de coincidencia sustancial de fundamentos por la mayoría absoluta de las opiniones vacía la decisión de toda fundamentación, puesto que no habría razón valedera para optar por un voto u otro al momento de apreciar cuál ha sido el presupuesto en que se basó la decisión apelada”.
En ese sentido, el máximo tribunal expresó que “una sentencia cuenta con mayoría aparente si en realidad se sustenta en votos que no guardan entre sí la mínima concordancia lógica y argumental requerida a las decisiones judiciales o si se basa en fundamentos normativos discordantes que, además, carecen de un análisis razonado y acorde de los problemas conducentes para la correcta dilucidación del pleito”.
“A la hora de examinar la existencia de una mayoría sustancial de fundamentos que ponga de manifiesto la voluntad de un tribunal colegiado, no cabe atenerse a un criterio puramente formalista que permita tenerla por configurada con opiniones extrínsecamente concurrentes que coinciden en la parte dispositiva”, resaltó.
Rosatti y Rosenkrantz afirmaron que: “Sin perjuicio del respeto por las opiniones individuales y las disidencias, los magistrados que conforman los tribunales colegiados deben asegurar que su deliberación arribe a un acuerdo mayoritario sobre un mínimo de razones comunes que constituyan el fundamento lógico y jurídico del fallo”.
“Sobre esa comunidad sustancial de razones se erige la sentencia, que representa la voluntad del tribunal como órgano colectivo, la cual debe identificarse con la voluntad de la mayoría de sus miembros, en ausencia de unanimidad”, señalaron.
Dijeron que “no se trata de que no coinciden los argumentos, sino que resuelven aspectos diferentes”, advirtió Lorenzetti.
Con ese escenario, la Corte sostuvo que “la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad aquí cuestionada no ha dado cumplimiento con las exigencias antedichas”.
Y señaló que “la ausencia de mayorías de fundamentos y de decisión quedó puesta de manifiesto en la resolución del Tribunal Superior de Justicia que, con una diferente integración, denegó el recurso extraordinario federal”.
Por eso, la Corte anuló el fallo del Tribunal Superior de Justicia y ordenó dictar una nueva resolución que cumpla con sus lineamientos.
Tipo de trabajo:noticia original
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