La Corte busca ser percibida como un tribunal independiente

Esta semana comenzó una nueva etapa de la Corte Suprema: luego de haber vivido un año y medio de continua inestabilidad, que todavía no fue definitivamente superada, sus nueve integrantes se pusieron como objetivo mostrar independencia, alcanzar mayor cohesión y enfrentar, de una vez por todas, una agenda importante, pero muy postergada.

El martes último, la participación de Carmen Argibay en el acuerdo no fue tan importante por su actuación como por el hecho de que el tribunal, por primera vez en el último año y medio, volvía a estar completo, con sus nueve plazas cubiertas. Por lo menos, mientras Antonio Boggiano, acusado por la Cámara de Diputados por mal desempeño, no sea suspendido por el Senado.

Desde que Néstor Kirchner asumió la Presidencia, renunciaron a la Corte cuatro ministros y fue destituido por el Senado Eduardo Moliné O´Connor.

Ahora, la primera tarea de los jueces que ya formaban parte del tribunal -Carlos Fayt, Enrique Petracchi, Augusto Belluscio, Boggiano y Juan Carlos Maqueda- y de los incorporados en último término -Eugenio Zaffaroni, Elena Highton, Ricardo Lorenzetti y Argibay- es doble: por un lado, compatibilizar su forma de trabajar y, por el otro, aprender a superar sus marcados individualismos, factor que llevó al tribunal a dictar algunas sentencias con tantas contradicciones que hicieron que los tribunales inferiores no las obedecieran.

Pero de cara a la ciudadanía, el problema central es otro. En efecto, el Gobierno, con sus cuatro nombramientos, parece haber querido sugerir que busca una Corte más independiente. Sin embargo, el alto tribunal estuvo muchos años sometido al Poder Ejecutivo de turno, por lo cual ahora debe esforzarse por probar que, esta vez sí, sus miembros son verdaderamente independientes.

"Es imprescindible que demostremos que la Corte es independiente. Pero todavía hay poros que deben ser cerrados", admitió uno de los jueces del máximo tribunal a LA NACION.

Zaffaroni, Highton, Lorenzetti y Argibay, que no son idénticos desde un aspecto profesional, sí tienen como denominador común que todos ellos, para ser nombrados, contaron con el aval de alguno de los integrantes del círculo íntimo del poder: el propio Kirchner, la senadora Cristina Kirchner; el secretario legal y técnico, Carlos Zannini, y el jefe de Gabinete, Alberto Fernández.

Sea porque los jueces conocieron a alguno de esos altos funcionarios durante la campaña electoral o coincidieron en los claustros universitarios o se conocieron en el ejercicio de la actividad profesional, existe entre los hombres de Balcarce 50 y los nuevos ministros de la Corte alguna relación.

El año último, uno de esos poros permitió que se filtraran presiones para que la Corte, a las apuradas, dictase el caso Bustos, una sentencia que, contra lo que pretendía, estuvo muy lejos de darles solución a los problemas de la pesificación de los depósitos. No fue esa la única vez que ocurrió.

Un segundo frente que debe solucionar la Corte es el Consejo de la Magistratura. El año último, las relaciones entre ambos organismos fueron malas y comenzaron bastante mal.

Hoy en día, la sala donde el Consejo celebró hasta diciembre último sus reuniones plenarias contiene miles de expedientes del corralito. La Corte desalojó de ese recinto al Consejo, que ya no tiene su sede en el cuarto piso de Tribunales -asiento del alto tribunal-, sino en un edificio que queda a algo más de cien metros. Desde lo simbólico, el tribunal envió el claro mensaje de que nadie puede disputar su supremacía.

En la agenda pendiente de la Corte hay varios temas tan importantes como demorados:

• El caso San Luis, conflicto donde la Corte, después de más de un año de trámite, debe decidir cuál de los dos intendentes que conviven en San Luis (Daniel Pérsico o María Angélica Torrontegui) debe continuar en el cargo.

• La pesificación de los depósitos bancarios, de los documentos en dólares y de las hipotecas y otros contratos. Es impensable que la Corte, como lo hizo en el caso Bustos, no confirme la validez de la pesificación, pero algunos jueces de la Corte consideran que la sentencia no puede ser idéntica a la del citado caso.

• La suerte de las leyes de punto final y de obediencia debida. La mayoría de los jueces coinciden en que hay que avalar la reapertura de los juicios contra los ex militares que hoy tramitan en los tribunales inferiores, pero no coinciden en decidir si es mejor hacerlo por vía de declarar la inconstitucionalidad de las leyes del perdón o si, por el contrario, debe declararse válida la ley por la que el Congreso, en 2003, anuló aquellas leyes.

La Corte, nueva en su composición, tiene problemas nuevos y otros que no lo son tanto. Pero el desafío sigue siendo el mismo: tratar de convencer a la ciudadanía que estamos frente a una Corte independiente.

• El ex presidente Adolfo Rodríguez Saá aseguró ayer que si la Corte falla en favor del intendente opositor de San Luis, Daniel Pérsico, en su disputa con Ana Torrontegui por la capital provincial, se va a "torcer la voluntad popular". A su vez, indicó que ello demostraría una "gravedad institucional enorme" y aseguró que "el Partido Justicialista, sintiéndose proscripto, va a agotar las vías institucionales y jurídicas internacionales para que esto se revea". Añadió que "un grupo de jueces adictos y abogados lobbistas amigos del Poder Ejecutivo parece que va a lograr torcer la voluntad popular de los sanluiseños".

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