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La Corte definirá quién investigará las maniobras de Chiqui Tapia y Toviggino al mando de la AFA
El máximo tribunal de Justicia ya tiene en sus manos el caso de fraude y desvío de fondos, y ahora llegará la causa por la compra de la quinta de Pilar por la apelación del fiscal Villar
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LA NACIONHernán Cappiello
La Corte Suprema de Justicia será el tribunal que defina finalmente qué juez es el que deberá investigar a la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por defraudación y lavado de dinero, tras ocho meses de idas y venidas entre jueces federales, de instrucción, penal económico y federales de la Ciudad de Buenos Aires y de Campana.
La AFA aspira a que todas sus causas queden en el Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, quien pugna por concentrar todos los expedientes.
Logró un reciente fallo de los jueces Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, de la Cámara Federal de Casación, que decidieron enviarle a Charvay el caso de la quinta de Pilar. En este expediente se investiga la compra del predio, que se sospecha que pertenece a Pablo Toviggino, tesorero de la AFA, pero que está a nombre de otras personas que habrían oficiado como testaferros, ya que se trata de una jubilada y un monotributista.
Ahora, el fiscal ante la Cámara de Casación Mario Villar recurrirá esa decisión de Borinsky y Barroetaveña ante la Corte Suprema mediante un recurso extraordinario, según adelantaron fuentes judiciales a LA NACION.
El plazo para presentar ese recurso vence el 31 del mes en curso. Si la Corte lo admite, podría definir qué juez es competente en el caso.
Se trataría de un asunto inusual, ya que el máximo tribunal del país no suele resolver estos temas. Pero este caso tampoco tiene un curso normal, dado que un planteo de competencia como este viene rebotando desde hace ocho meses entre diferentes jueces sin que nadie investigue ni el supuesto fraude ni el supuesto lavado de dinero.
La Corte ya tiene en sus manos otro asunto de competencia para resolver en la causa AFA, que es el vinculado con la denuncia de defraudación que presentó el empresario Guillermo Toffoni por el presunto desvío de unos 42 millones de dólares por parte de la entidad de fútbol, que preside Claudio Chiqui Tapia.
Ese caso está ahora en manos del procurador general de la Nación, Eduardo Casal, que se apresta a dictaminar para que luego resuelva la Corte si esa causa permanece en la justicia ordinaria, de instrucción de la Capital Federal, o en la justicia federal. Todo hace pensar que seguirá en la justicia ordinaria.
Este expediente, la Cámara del Crimen, con el voto del juez Ignacio Rodríguez Varela, se elevó a la Corte Suprema de Justicia hace cuatro meses, con la indicación, no obstante, de que se siga la investigación en el fuero criminal ordinario.
El máximo tribunal le corrió vista al procurador Casal, que ahora va a dictaminar. Tras su opinión, que probablemente coincida con que esta causa quede en la justicia ordinaria de instrucción, la Corte podrá fallar de manera definitiva en el caso de fraude que involucra a la firma Tour ProdEnter LLC, controlada por Erica Gillette y su marido, el productor teatral Javier Faroni.
Este fallo de la Corte, según interpretan altas fuentes de los tribunales, tiene influencia en todas las causas de la AFA sobre la cuestión de dónde tiene domicilio la entidad, si en la Ciudad de Buenos Aires o en Pilar, como pretenden sus directivos.
Esto es así porque uno de los criterios por los que se define la competencia de una causa es la materia y otro el territorio donde ocurrieron los delitos. El fraude es un delito de competencia ordinaria, no federal, por lo que, en ese sentido, no habría debate.
Y si la Corte además interpreta que esos delitos se cometieron en la AFA, radicada en la Ciudad de Buenos Aires, reforzaría la competencia local.
En esta causa, entonces, por el fraude, que podría ser el delito precedente, podría seguir en la justicia ordinaria de instrucción a cargo de la jueza de primera instancia del fuero nacional porteño, Paula Petazzi.
Se trata de la causa que nació con la denuncia del empresario Tofoni, que había celebrado contratos con la AFA y considera que no fueron cumplidos. Es la única con los registros bancarios que reveló LA NACION en diciembre, con documentos que darían cuenta de un desvío de al menos 42 millones de dólares hacia cuatro sociedades fantasma creadas en Miami. La facturación total es de unos 260 millones de dólares.
La hipótesis es que esos fondos, generados por contratos de la selección y negocios internacionales, no habrían ingresado al patrimonio de la AFA, sino que habrían sido canalizados a través de Tour ProdEnter LLC.
Tofoni apeló la decisión de que el expediente se vaya a Campana y la Cámara del Crimen, en línea con el dictamen del fiscal Ricardo Sáenz, le dio la razón: frenó el traslado y envió el conflicto a la Corte Suprema hace 4 meses.
El juez Rodríguez Varela sostuvo que es “llamativa” la pretensión de llevar al conurbano todas las investigaciones de la AFA que, en rigor, es gestionada en la Capital y no en Pilar. Como no hay un tribunal superior común entre la Cámara del Crimen y el juzgado de Campana, Rodríguez Varela resolvió que sea la Corte quien defina.
Ahora, en paralelo, la Cámara Federal de Casación habilitó que otro segmento de la causa, que sería por supuesto lavado de dinero, tramite en el juzgado de González Charvay, en Campana.
Borinsky y Barroetaveña dijeron que el delito de lavado era federal y correspondía seguir entonces allí y no en el juzgado del fuero penal económico de Verónica Straccia, donde estaba.
Contra esa decisión, el fiscal ante la Casación Mario Villar planteará el recurso extraordinario, pero basado justamente en la competencia territorial de donde ocurrió el delito de lavado de dinero; considerando que si bien la quinta, supuestamente adquirida con producto del lavado, está en Pilar, las acciones y decisiones que terminaron en esa operación se ejecutaron en otra jurisdicción.
La quinta de Pilar es un predio de cinco hectáreas valuado en 25 millones de dólares, que adquirió la empresa Real Central que aparece controlada por el dirigente de fútbol Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte, que no tienen capacidad económica para ser propietarios de esa mansión.
La Justicia la allanó y encontró 45 autos de alta gama y de colección, pistas de salto, instalaciones lujosas, pileta, canchas, haras y elementos relacionados con Toviggino, ligado a esa casona.
El caso por lavado de dinero está en Campana, pero Pantano y Conte nunca fueron indagados, ni tampoco Toviggino fue citado en ese expediente.
Ahora el recurso de Villar podría permitir que la Corte analice todo el caso, ordene el asunto luego de tantas idas y venidas y determine quién es competente definitivamente para investigar: si la justicia federal de Buenos Aires, la penal económico o la de Campana.
En paralelo, el juez en lo penal económico Diego Amarante tiene otra causa relacionada con el supuesto lavado de dinero de maniobras relacionadas con la AFA.
El magistrado acaba de resolver que este expediente pase a la justicia federal y quedó en manos de la jueza María Servini. Este caso es también pedido por el juez González Charvay, de Campana.
La causa se refiere a una denuncia de Toffoni contra Toviggino y Tapia por presunto lavado de activos agravado por habitualidad y por conformar una banda.
Según el relato de la denuncia, existió un esquema de lavado de activos mediante el cual los fondos se desviaban desde España y Estados Unidos a empresas “intermediarias” y desde ahí llegaban a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través de un grupo de financieras ubicadas en el microcentro.
El dinero se trasladaba luego a un estudio jurídico porteño, de Juan Pablo Beacon, donde era contado en efectivo y el circuito terminaba en la sede central de la AFA en la ciudad de Buenos Aires.
El juez concluyó que todas las etapas del circuito de lavado tuvieron lugar dentro de la Capital, tanto el ingreso del dinero como su conteo y el destino final en la sede central de la AFA.
Apoyándose en la doctrina fijada por Borinsky y Barroetaveña, que sostiene que el delito de lavado es federal, Amarante sostuvo que carece de competencia material (no territorial, porque el delito de lavado de activos es de competencia federal salvo que se vincule con un delito propio del fuero Penal Económico, lo que aquí no ocurre).
Por eso declinó la competencia a favor de la justicia federal y el caso recayó en el juzgado de Servini.
Esta causa es distinta de la que tramitaba en el Juzgado Federal de Campana sobre la cual ya existía un conflicto de competencia entre Straccia y González Charvay. Amarante aclaró que aún no está determinado si corresponde unificar ambos expedientes, ni en qué jurisdicción, cuestión que quedará para más adelante.
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