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La Corte explicitó en un fallo los límites de los decretos de necesidad y urgencia
La decisión fue tomada en forma unánime por los miembros del máximo tribunal y sistematiza los recaudos que debe cumplir el Poder Ejecutivo
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LA NACIONHernán Cappiello
La Corte Suprema declaró inconstitucional un artículo del decreto de necesidad y urgencia 274/2019, dictado por Mauricio Macri, y explicitó allí los límites que tienen que tener esas normas presidenciales.
La aclaración aparece en un fallo del máximo tribunal sobre una disputa menor entre dos cámaras federales acerca de quién debía revisar una multa de 700.000 pesos a la empresa Cencosud, el consorcio que maneja Jumbo, Vea, Disco e Easy.
La sentencia lleva la firma de los tres jueces del tribunal: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
El expediente nació de una infracción en la góndola. La Subsecretaría de Defensa del Consumidor sancionó a la cadena con 700.000 pesos porque en uno de sus locales se facturó en la caja un producto a un precio superior al que anunciaba el cartel de exhibición.
La empresa apeló según el artículo 53 del DNU 274/2019, que establecía que esos recursos solo se podían apelar ante la Cámara Civil y Comercial Federal.
Ahí se abrió el conflicto. ¿Podía el Ejecutivo definir esa competencia a través de un decreto?
La Sala I de ese fuero declaró de oficio la inconstitucionalidad del artículo 53, porque entendió que el Poder Ejecutivo se atribuyó una potestad del Congreso, y giró el expediente al fuero contencioso administrativo federal, que era el competente.
La Sala IV del Contencioso Administrativo no lo aceptó, por lo que fue criticada por la Corte Suprema apoyándose en una norma que esa cámara ya había invalidado.
La Corte Suprema finalmente anuló el artículo 53 del DNU y recordó los límites que tienen los decretos de necesidad y urgencia para ser válidos. Enfatizó que las expcionalidades deben ser rigurosas.
La Corte subrayó que los DNU son válidos cuando hay una situación “de grave riesgo social” que requiere medidas súbitas y que debe haber una motivación específica. Según el fallo, los criterios de conveniencia del Poder Ejecutivo nunca justifican imponer un derecho de excepción.
Mencionó además que, si el Congreso los refrenda, esto no desplaza al control judicial de los DNU y reiteró que el silencio del Parlamento no los convalida.
El decreto montó un régimen nuevo de lealtad comercial de 77 artículos.
El alcance de la decisión de la Corte es acotado y se refiere a que el trámite por sanción debe seguir entonces en lo inmediato ante la Sala IV del fuero contencioso administrativo federal.
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