La Corte intervino en el caso del ajuste salarial
La Corte Suprema de Justicia produjo ayer lo que en círculos laboralistas es considerado un virtual per sáltum al haber solicitado a tribunales inferiores todos los expedientes relacionados con el ajuste salarial dispuesto por el Gobierno mediante el decreto 430, lo que paralizaría esas causas hasta tanto el supremo tribunal resuelva sobre la cuestión.
Los ministros de la Corte decidieron adoptar esta medida luego de hacer lugar a un recurso de queja del Gobierno que surgió porque la sala séptima de la Cámara de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal no hizo lugar al recurso extraordinario planteado por el Estado ante un fallo en favor de los trabajadores.
En rigor, no constituye realmente un per sáltum porque la causa ya estaba en la puerta de la Corte. Pese a esto, el abogado laboralista Héctor Recalde dijo a La Nación que la decisión "paraliza toda la actividad en los tribunales respectivos, cuyos fallos venían siendo adversos al Gobierno. Además, parecería que la intención es impedir la prosecución de las denuncias penales en contra de los funcionarios que desobedecieron las resoluciones judiciales que obligaban a pagar los sueldos sin rebaja".
Al respecto, Hugo Moyano, titular de la CGT disidente, anunció ayer que el lunes próximo presentará una "denuncia penal" contra el jefe de Gabinete, Rodolfo Terragno, por el delito de "desobediencia jurídica".
Recalde agregó: "Hay dos hipótesis. La primera, que la Corte se expida sobre la constitucionalidad o no del decreto. La sensación es que dirá que lo es. La segunda, es que se siente sobre los expedientes, con lo que, sin jugarse políticamente, permite que se consume la rebaja salarial".
"Un procedimiento normal"
Mediante un comunicado, la Corte, que espera un dictamen en relación con el tema del procurador general de la Nación, Nicolás Becerra, negó que se tratara de un per sáltum, por lo que el abogado Horacio Meguira, director del departamento jurídico de la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA), preguntó a La Nación : "¿Entonces por qué no devuelve el expediente principal ("ATE y otros contra el Estado nacional)? Puede dictar sentencia sin retener ese expediente. Al solicitarlo, extrae la causa de los jueces naturales. Es un nuevo escándalo jurídico similar al caso Aerolíneas, donde violó mandatos constitucionales con el per sáltum".
El Gobierno tampoco considera que se trate de un per sáltum. Enrique Espínola Vera, subsecretario de Trabajo, dijo a La Nación que "el pedido de los expedientes es parte de un procedimiento normal. La Corte solicitó la causa para ver si está bien o mal denegado el recurso extraordinario que pidió el Gobierno".
La Corte pidió este expediente una hora después de que el juez nacional de primera instancia del trabajo Miguel Pirolo, en la causa de ATE, resolviera sobre la cuestión de fondo, en coincidencia con lo ordenado en la medida de no innovar, al declarar la inconstitucionalidad de los decretos 430 y 461. El fallo del magistrado implica la nulidad absoluta de dichos decretos, por lo que el Estado debería pagar la totalidad de los salarios de junio y julio a los trabajadores. El Estado dispone ahora de 48 horas para apelar.
Pero la decisión de la Corte irritó a los sindicatos, y especialmente a los trabajadores de ATE, que ayer completaron un paro de 24 horas en repudio al ajuste y realizaron una marcha hasta la Plaza de Mayo. Apenas notificada oficialmente, la CGT disidente recusará a seis de los nueve ministros de la Corte, que, el 23 de junio último, redujeron un 15 por ciento sus salarios de 12.000 pesos. Julio Nazareno, Eduardo Moliné O´Connor, Carlos Fayt, Gustavo Bossert, Guillermo López y Adolfo Vázquez serán recusados "porque haberse bajado los sueldos es una forma de prejuzgar sobre la constitucionalidad del decreto", según explicó Recalde. De prosperar, se abriría una lista de conjueces.
Mientras la CGT rebelde ratificará la reserva del derecho de apelar ante Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, Moyano organizará, para el 6 del mes próximo, un abrazo a la Corte "para reclamar justicia y que devuelva los expedientes a los tribunales inferiores".
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