La Corte ordenó la liberación de datos societarios de Ciccone
Dejó firmes fallos por los cuales la IGJ debe entregar información de la firma y de la licitación de dos represas en el Sur
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LA NACIONAdrián Ventura
La Corte Suprema ordenó a la Inspección General de Justicia (IGJ), la oficina que registra y controla a las sociedades comerciales, que le entregue al diputado Ricardo Gil Lavedra, por su simple calidad de ciudadano, los datos referidos a la constitución de las empresas Ciccone -Compañía Sudamericana de Valores y The Old Fund- y de las licitaciones para las represas santacruceñas Néstor Kirchner y Gobernador Jorge Cepernic.
Los dos amparos habían sido promovidos por el diputado Gil Lavedra y por la Asociación de Derechos Civiles (ADC), y en ambas demandas la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo había resuelto hacer lugar a los planteos, pero fundando que el acceso se debe conferir a Gil Lavedra no por su calidad de diputado, sino como simple ciudadano. Éste es el criterio que ayer la Corte Suprema dejó firme.
El Estado, ante las sentencias adversas, había decidido entregar la información -aunque lo hizo en forma insuficiente-, pero al mismo tiempo presentó recursos extraordinarios y de queja ante la Corte, los cuales ayer el tribunal rechazó con las firmas de Ricardo Lorenzetti, Elena Highton, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda, que dejaron firmes los fallos de la Cámara de Apelaciones.
Los fallos de la Corte son importantes, pero, al mismo tiempo, no vienen a solucionar el problema de fondo de acceder a toda la información sobre esos negocios: por un lado, confirman el derecho de todo ciudadano a acceder libremente a la información, como ya lo había hecho el tribunal en oportunidades anteriores, pero, por otro, no se conocerán nuevos datos, porque el conflicto se transformó en abstracto.
En efecto, los funcionarios demandados están cubiertos por haber dado la información, aunque sea parcialmente, y porque por pedido de un fiscal federal se desestimó la denuncia penal que Gil Lavedra había presentado para que se investigara a los funcionarios que se negaban a dar los datos de la licitación de las dos represas.
En el caso de las sociedades Ciccone y The Old Fund, Gil Lavedra había pedido todos los expedientes de la IGJ, pero la Cámara Federal condenó sólo a algunos de ellos, vinculados con la copia de los estatutos, detalle de la composición de los órganos de gobierno y fiscalización, accionistas, domicilios y demás datos que pudieran ser relevantes, algo que la IGJ tampoco cumplió cabalmente.
La Corte, en sus dos fallos, recordó que el artículo 6° del anexo VII del decreto 1172/2003 confiere legitimación para pedir acceso a la información a toda persona física o jurídica.
La Cámpora en la IGJ
En tanto, desde el viernes último, un hombre de La Cámpora, Diego Martín Cormick, está al frente de la Inspección General de Justicia.
Cormick es un abogado miembro de Justicia Legítima, la agrupación creada por el kirchnerismo para dividir aguas dentro del Poder Judicial, y de La Cámpora.
Hasta ahora, Cormick trabajaba en la Oficina de Orientación al Habitante (OOH), que depende de la Defensoría de la Ciudad de Buenos Aires, dominada por el kirchnerismo. Y tiene un vínculo estrecho con Ernesto Kreplak, uno de los principales impulsores de la suspensión del fiscal José María Campagnoli e ideólogo del cepo informativo que se dispuso en la IGJ y en el Registro de la Propiedad.
Cormick viene a reemplazar a Rodolfo Tailhade, quien renunció para impulsar su carrera política hacia la intendencia de Malvinas Argentinas, el municipio que conduce Jesús Cariglino, y desde entonces el cargo era desempeñado en forma interina por Analía Spatola, un abogada camporista que se desempeñaba como subinspectora general de Justicia.
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