La Corte rechazó una presentación del Gobierno por la distribución de alimentos en los comedores

La Corte Suprema de Justicia rechazó por “inadmisible” una presentación del Gobierno contra un fallo que había ordenado al Ministerio de Capital Humano confeccionar un plan de distribución de alimentos destinados a comedores comunitarios, lo que había generado una fuerte polémica al inicio de la gestión de Sandra Pettovello.

El caso llegó a la Corte por un recurso de queja de Leila Gianni, entonces subsecretaria Legal del Ministerio de Capital Humano, que buscaba dejar asentado que la decisión judicial de ordenar confeccionar un plan de reparto de alimentos era arbitraria.

Gianni, que luego renunció a la cartera que dirige Pettovello para convertirse en candidata de La Libertad Avanza (LLA) en La Matanza, sostuvo que no se podía permitir una “intromisión del Poder Judicial” sobre “facultades exclusivas del Poder Ejecutivo Nacional”.

Gianni, que resultó electa concejal libertaria de La Matanza, había efectuado la presentación con el patrocinio de Rodolfo Barra, que era entonces procurador del Tesoro. La polémica giró en torno a la suspensión de la entrega de alimentos en comedores comunitarios ubicados en todo el país, como parte del “Plan Nacional Argentina contra el Hambre”.

El ministerio de Capital Humano emitió hoy un comunicado en el que afirmó que la Corte Suprema resolvió no tratar el recurso extraordinario del Poder Ejecutivo y que “de ningún modo se obliga a distribuir alimentos a los comedores”.

El juez de primera instancia Sebastián Casanello había ordenado la confección de un plan de distribución de los alimentos que se encontraban en los depósitos reservados para atender situaciones de emergencia . Más allá de las apelaciones interpuestas, el Ministerio ya había cumplido la orden judicial y distribuyó los alimentos mediante convenios firmados con las provincias.

El dirigente social Juan Grabois hizo una denuncia penal e impulsó otra causa en el fuero en lo contencioso administrativo contra el Gobierno. Se basó en informes periodísticos que daban cuenta que existían alimentos sin repartir en cetros de acopio de Villa Martelli y Tafi Viejo en Tucumán, que rondaban los cinco millones de kilos. Grabois habló de leche a punto de vencer.

La fiscal federal Paloma Ochoa pidió realizar medidas de prueba y reclamó que los alimentos allí guardados se distribuyeran en los comedores registrados oficiales. El juez Casanello sostuvo que el destino de los productos era una potestad administrativa del Ejecutivo, pero reclamó a Capital Humano que elaborara un plan de distribución de esos productos teniendo en cuenta su tipo, cantidad, fecha de vencimiento y grupo de destino.

Al disponer una medida cautelar le dio un plazo al Estado de 72 horas. Gianni apeló mientras en entrevistas televisivas decía que no iba a permitir que “ningún juez militante” se entrometiera con las políticas del Gobierno.

Hubo entonces una audiencia pública ante la Cámara Federal, donde Gianni y Grabois se cruzaron con insultos y gritos. Por esta circunstancia la Cámara Federal reclamó que fueran sancionados por su comportamiento. “Las partes no contribuyeron en nada para la solución del caso. Todo lo contrario”, dijeron.

A la hora de decidir, los jueces Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico confirmaron la medida cautelar que ordenaba informar el stock de alimentos que tenían almacenados en los depósitos de Villa Martelli y de Tucumán, y el cronograma de su entrega.

“Si no fuera bastante el tiempo transcurrido desde el 10 de diciembre pasado, y no fuera suficiente el plazo de 72 horas que otorgó el Juez, el Ministerio de Capital Humano tenía la posibilidad de pedir una postergación para decidir en un ámbito de libertad cuál sería el mejor plan posible de distribución”, dijeron.

El Ministerio de Capital Humano apeló ante la Cámara Federal de Casación Penal que rechazó la presentación. Y ahora el caso llegó a la Corte Suprema a través de un recurso de queja. Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti desestimaron la presentación por inadmisible, a través del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, sin dar mayores explicaciones.

No obstante, en el interín el Gobierno informó al juez Casanello que iba a distribuir los alimentos, mediante convenios con las provincias. Y así lo hizo. A a postre, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, a pedido de Casanello, verificó la trazabilidad de los alimentos para determinar como fueron adquiridos y para qué plan de políticas públicas.

Por Hernán Cappiello

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