La expropiación de Vicentin: el Colegio de Abogados denunció una intromisión en el funcionamiento de la Justicia
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LA NACION
La intervención de la empresa Vicentin por parte del Gobierno, junto al anuncio de un proyecto par estatizarla, sumaron un nuevo rechazo. El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires señaló que la decisión del presidente Alberto Fernández constituye una "intromisión en el funcionamiento de la Justicia" y una "clara violación a la separación de poderes", desde el momento en que la cerealera intervenida se encontraba tramitando su concurso en los tribunales.
"Resulta absolutamente inaceptable que, a través de un DNU, el Poder Ejecutivo de la Nación determine la intervención oficial de un grupo de empresas del sector privado que conforme al régimen legal vigente ha impulsado la tramitación de su proceso concursal ante la Justicia competente, ya que constituye una clara violación del principio de separación de poderes en tanto implica una ilegítima intromisión en el funcionamiento de la Justicia, quien cuenta con diversas herramientas en el marco de la legislación aplicable, para buscar la preservación de los empleos y de los activos que son prenda común de los acreedores", advirtieron desde el directorio de la institución, que preside Máximo Julio Fonrouge.
El Colegio señaló además que, en el marco de la profunda crisis acentuada por la pandemia del coronavirus, muchas otras empresas probablemente se acojan al régimen concursal. "Dicho DNU anticipa la vocación oficial de avanzar con la sanción de una ley que proclame la futura expropiación de ese grupo empresario. De implementarse ambas iniciativas se consumaría una inadmisible lesión al derecho de propiedad y a la tutela judicial efectiva de los derechos de las personas involucradas, que peligrosamente podría extenderse a otras empresas concursadas, con el agravante que por efectos de la pandemia que nos afecta es esperable que muchas otras acudan a la protección del régimen concursal", explica el comunicado.
El Colegio apuntó también a las experiencias de otras estatizaciones y los resultados que tuvieron para el desarrollo productivo del país y para las arcas del Estado: "Tras dogmáticos argumentos que proclaman el beneficio de los productores y la soberanía alimentaria nacional, subyace la triste experiencia habida en la historia de nuestro país que, una y otra vez, ha significado la regulación e intervención oficial de actividades competitivas, organizadas y transparentes de nuestro quehacer productivo, que en su devenir han demostrado la ausencia de competencia y la clara ruptura del principio de subsidiaridad del Estado propio de las naciones más desarrolladas, arrojando resultados absolutamente contrarios a los anunciados con su implementación que, lamentablemente, significaron el menoscabo de derechos de los ciudadanos y la afectación del progreso de la Nación".
El último tramo del comunicado apunta a los otros poderes del Estado: "Es de esperar que la Justicia defienda el ejercicio de su competencia y de las facultades que le acuerdan la Constitución Nacional y la ley de concursos, y que el Congreso de la Nación no apruebe el proyecto de ley dirigido a expropiar esta empresa, ni de ninguna otra que se encuentre en similares condiciones".
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