La fiscalía pidió medidas para averiguar si los iraníes del avión venezolano tienen vínculos con el terrorismo

La fiscal federal de Lomas de Zamora Cecilia Incardona impulsó la investigación del caso del avión venezolano que aterrizó el lunes pasado en Ezeiza con cinco iraníes: pidió investigar si los tripulantes tienen vínculos con el terrorismo y solicitó que se decrete el secreto del sumario, medida que el juez tomó pocos minutos después.

Incardona presentó su requerimiento de instrucción (paso necesario para que comience toda causa penal) ante el juez Federico Villena, que esta mañana ordenó que se les retuvieran los pasaportes a los ciudadanos iraníes. Además, el juez había dispuesto ayer -en una resolución previa que se mantuvo en reserva- que se les tomaran las huellas digitales en el hotel donde están alojados, el Plaza Canning Dessing.

Villena había tomado estas medidas con carácter urgente, tras una presentación de la DAIA, como paso previo al inicio formal de la causa, que se da con el requerimiento de Incardona.

El juez también pidió que la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) le informe “cualquier movimiento que se produzca sobre la aeronave matrícula venezolana YV3531 ­Boeing 747 Dreamliner de la empresa Emtrasur­, la cual se encontraría en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza Ministro Pistarini”. En principio, el avión no tiene prohibido salir del país.

En el mismo fallo que ordenó la retención de los pasaportes de los ciudadanos iraníes, Villena aceptó a la DAIA como querellante, es decir, como particular damnificada. Este reconocimiento le da acceso al expediente y la habilita a pedir medidas de prueba y recurrir decisiones judiciales. Según el juez, la DAIA, tiene “un interés legítimo para que se investiguen los hechos denunciados” por “su carácter de representante de la comunidad judía argentina que sufriera el atentado a la AMIA-DAIA como víctima directa”.

En el expediente judicial que investiga al avión y sus tripulantes se acumulan ahora una presentación de la oposición, el habeas corpus en defensa de los iraníes y los venezolanos, y el escrito de la DAIA.

El avión bajo investigación

El B747 de la empresa Emtrasur llegó a Ezeiza el lunes 6 de junio a las 15:30. Antes, había hecho una parada en Córdoba; según se informó, por razones climáticas. El avión venía de Caracas, Venezuela. Llegó con 19 tripulantes (cinco iraníes; el resto, venezolanos).

Dos días después el Boeing partió rumbo a Montevideo, pero debió retornar a Ezeiza, porque Uruguay no admitió el ingreso a su territorio. De nuevo en Ezeiza, Migraciones dispuso retener la documentación de los miembros de la tripulación y darles una autorización provisoria de permanencia en la Argentina.

El viernes, los tripulantes venezolanos recuperaron sus pasaportes. No así los iraníes, que de todos modos estaban autorizados a dejar el país si lo hacían en un vuelo comercial. El sábado, el abogado Rafael Resnik Brenner promovió un habeas corpus reclamando por la “libertad” de los pasajeros y pidiendo el “aprovisionamiento de combustible” del avión (ninguna empresa quería proveerle por las sospechas de Estados Unidos).

Ayer, el juez Villena rechazó el habeas corpus, pero ordenó formar una nueva causa penal para investigar si detrás de este episodio hay un delito penal de acción pública. Incardona impulsó hoy esa nueva causa.

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