La gestión de Félix Crous en la OA redujo al mínimo las querellas en causas contra el kirchnerismo

La Oficina Anticorrupción (OA) quedó involucrada en la oleada de recambios. Quien fuera su titular desde que asumió el gobierno del Frente de Todos, el fiscal Félix Crous renunció a su cargo como titular de la OA y su dimisión fue aceptada en el Boletín Oficial. Cerca suyo explicaron a LA NACION que la razón de su renuncia es que se aproxima un nuevo vencimiento de su licencia como fiscal en la oficina de enlace legislativo de la Procuración General de la Nación. Además el fiscal atravesó problemas de salud que lo llevaron a estar internado en más de una ocasión, señalaron. En el Ministerio Público Fiscal, sin embargo, rechazan que la licencia de Crous tuviera un vencimiento y dijeron que él mismo pidió el cese para regresar a su cargo.

En lo que refiere a la gestión de la OA en el ámbito de los expedientes por corrupción, Crous, que fue uno de los referentes de la agrupación Justicia Legítima se abocó a reducir al mínimo la función del organismo como querellante en las causas judiciales por corrupción, especialmente en los expedientes que involucran a Cristina Kirchner.

La OA mostró un fuerte viraje en las causas Hotesur y Los Sauces, que fueron cerradas el año pasado sin que se hiciera el juicio oral y público. La dependencia que condujo Crous renunció a su rol como querellante en esas causas, en las que había intervenido con énfasis durante el gobierno de Mauricio Macri -mientras la titular era Laura Alonso-, donde también estaban procesados Máximo y Florencia Kirchner. Lo hizo con el argumento de que, como se investigaba el delito de lavado de dinero, correspondía que interviniera la Unidad de Información Financiera (UIF). También justificaron desde el organismo haber desistido por “falta de recursos humanos”.

Luego la UIF, en su rol de querellante, pidió el cierre de las causas. La OA también renunció a su rol como querellante en pleno desarrollo del juicio oral por la causa Vialidad, justo antes de que comenzaran los alegatos acusatorios. Con esta última decisión, Crous tomó un rumbo distinto del que había señalado cuando asumió y, ante una consulta de este medio, había dicho: “Las querellas que están en juicio seguirán adelante”.

Con respecto a la gestión preventiva, una fuente que acompañó la gestión de Crous sintetizó en diálogo con LA NACION: “Si hubiera grandes casos de corrupción de este gobierno diría que fracasamos estrepitosamente”. Y destacó una serie de iniciativas y acciones que hizo el organismo desde su rol preventivo. Entre ellas nombró el haber desarrollado el Registro de Integridad y Transparencia para Empresas y Entidades (RITE), y el haber trabajado con distintos ministerios y empresas públicas en desarrollar sus áreas de integridad. Esa fuente buscó remarcar que el rol de auditar las gestiones a posteriori le compete a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y no a la OA. También remarcó que la OA presentó este año un nuevo proyecto de Ley de Ética Pública, que actualmente se encuentra bajo estudio de la Secretaría Legal y Técnica.

“Lo más público fue lo de las querellas. Pero atrás de esa decisión de salir de todas las querellas, cualquier gestión nueva sale de querellas y se mete en otras. Laura Alonso no querelló contra el macrismo”, retrucó.

El abogado Sebastián Pilo, Codirector en ACIJ (Asociacion Civil por la Igualdad y la Justicia), opinó en diálogo con LA NACION sobre el rol de la OA como agente preventivo de la corrupción en los funcionarios públicos. “Si tuviera que destacar una iniciativa importante, diría que fue el impulso de un proceso participativo para cambiar la Ley de Ética Pública por un nuevo régimen de integridad, más allá de que el proyecto que se elaboró es aún perfectible”, dijo Pilo.

“De hecho -agregó-, el proyecto está en la Secretaría Legal y Técnica, y sería bueno que el Poder Ejecutivo lo presente pronto en el Congreso. Nosotros le propusimos algunas mejoras a Vilma Ibarra. Pero, al mismo tiempo, el hecho de que no se haya logrado aún que el proyecto llegue al Congreso es una deuda importante: seguimos teniendo una ley vetusta y muy deficiente, que en la práctica no está sirviendo para detectar enriquecimientos indebidos, ni conflictos de intereses, ni uso indebido de fondos públicos, etc. Para mí, el éxito de una gestión de la OA, en materia preventiva, sería lograr aprobar y luego aplicar un nuevo sistema de integridad. Y en eso, si bien hubo avances, no se logró”.

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