La gran pregunta que en el Gobierno prefieren no hacerse

En cada acto que protagonizan “los pibes”, cantan, amenazan, se juramentan, se entregan y se consuelan con un hit de su cosecha. “Si la tocan a Cristina, qué quilombo se va a armar” es el himno que los convoca y los mantiene unidos ante los desafíos crecientes y el declive sostenido que su jefa afronta y tienen fecha en el almanaque judicial.

Ese canto de guerra resuena en las paredes de la Casa Rosada como música incidental de la película titulada con una pregunta cuya respuesta está cada vez más cerca y que, sin embargo, en el Gobierno prefieren no hacerse: “¿Qué va a pasar si la condenan a Cristina?”. Es decir, si la Justicia “la toca” a la vicepresidenta, el leitmotiv de esa canción, dramáticamente revisitada hace ya dos meses por el intento de magnicidio, que aún sigue rodeado de interrogantes o de certezas que al cristicamporismo no le alcanzan.

La cara de los funcionarios más cercanos a Alberto Fernández expresa, además de incomodidad, perplejidad y casi hasta sorpresa cuando se les plantea esa inquietud. Como si no hubieran pensado o no quisieran pensar en las consecuencias del fallo en la causa Vialidad, sobre el que hay un par de certidumbres relevantes. Primero, que se va a dictar y, segundo, que eso ocurrirá dentro de poco más de un mes, si no ocurre algún imprevisto. No es poco para adoptar previsiones.

La multiplicidad de problemas económicos irresueltos, que potencia la disparada carrera de precios y salarios, el malestar social, las disputas internas a cielo abierto en el Frente de Todos y los prolegómenos del año electoral componen un sustrato demasiado frágil sobre el que se asienta el Gobierno. A eso, el inminente fallo judicial y los avances en otras causas contra la vicepresidenta le agregarían un peligroso plus de tensión.

Son demasiados desafíos para la errática administración de Fernández, quien acaba de sumarle presión con su gesta de autorreivindicación honestista, que subraya diferencias con Cristina Kirchner" class="com-link break-word" data-mrf-recirculation="n_link_parrafo">Cristina Kirchner. Más allá de aclaraciones posteriores que solo oscurecen una relación inviable.

La semicerteza de que el fallo de los jueces del Tribunal Oral Federal (TOF) N°2 será adverso para la vicepresidenta aparece como la causa más concreta de la incomodidad del Gobierno. Las versiones que emanan de Comodoro Py y la información que manejan funcionarios con llegada a la Justicia Federal parecen abonar esa presunción. La misma que prevén, aunque por otros motivos, Cristina Kirchner y sus más fieles seguidores, que, más que advertir, con su hit parecen reafirmar esa convicción.

“La verdad, no tenemos ni idea de qué van a hacer Cristina y los pibes cuando se conozca el fallo, si es condenatorio. Lo esperable es que salgan a la calle el mismo día en el que se leerá el fallo y amenacen con una pueblada, pero también puede que ella prefiera bajarle el tono y que opte por descalificarlo y seguir el curso en la Justicia con las apelaciones”, afirma uno de los funcionarios de Fernández que se afana por articular las relaciones políticas internas.

Los allegados al Presidente que tienen vínculos cercanos con jueces y fiscales federales prevén un fallo contrario a la Presidenta, pero menos severo que lo que pidió el fiscal Diego Luciani.

En el primer piso de la Casa Rosada varios prevén la absolución por el controversial delito de asociación ilícita y una condena por administración fraudulenta. “Además de las pruebas recolectadas, hay jurisprudencia que lo avalaría. Y sería consecuente con la defensa sólida que hicieron los abogados de Cristina y pondría coto a la exagerada acusación de Luciani”, dicen. Ese es el pronóstico que prima.

La aparente benevolencia que podría tener ese fallo adverso encierra otro problema para Cristina. Buena parte de la estrategia de sus abogados y sus propias alocuciones autodefensivas se basaron en la descalificación del delito de asociación ilícita con el argumento de que no se puede acusar a un gobierno de haberse constituido para delinquir. En esa línea argumental hasta encontró el apoyo del opositor (desde hace tres años) Miguel Pichetto.

La condena por administración fraudulenta vendría a confirmar la creencia de casi el 60 por ciento de los argentinos de que Cristina Kirchner es culpable de corrupción. Es decir, de haberse enriquecido, ella y su familia, con el manejo de los bienes públicos. A ellos la discusión sobre la tipificación penal los excede.

También supera a la mayoría de los ciudadanos el debate acerca de la naturaleza de los pagos que hacía a la familia Kirchner el contratista concentrado de la obra pública patagónica Lázaro Báez por bienes y servicios que no utilizaba y hasta eran ruinosos para su empresa. Para los defensores de la vicepresidenta no se trataría de delitos. En todo caso serían fallas éticas, es lo que también dijo el profesor de derecho penal en ejercicio de la presidencia de la Nación. Lo cual amerita la condena social. “Cosas que no voy a olvidar”, canta Fito Páez, mientras Cristina Kirchner hace los coros.

En ese contexto, cobra más relevancia y genera más irritación en el cristicamporismo el reciente raid autorreinvidicatorio de su honestidad que hizo Alberto Fernández, con la asistencia (mejor no decir ayuda) de su portavoz Gabriela Cerruti.

Lo que empezó en el Coloquio de IDEA con el desafío a los empresarios para que le dijeran si en su gestión (como Presidente, vale aclarar) alguien les había pedido coimas, siguió con la inefable disputa en redes y medios con un participante del ciclo Gran Hermano. Nada de eso parece un arresto irreflexivo, aunque termine orillando el ridículo, una vez más.

El énfasis y la dedicación puestos hacen que se interprete como una estrategia de diferenciación con los presidentes anteriores, incluida su mentora, y un intento de maximizar el escaso capital simbólico que le quedaría a Fernández después de tantos tropiezos y falta de resultados para los problemas que aquejan a la sociedad.

Esas acciones presidenciales operan como combustible para los cristicamporistas que motorizan un acto para el Día de la Militancia, el 17 de noviembre, que vendría a ser un test preparatorio de la capacidad de movilización. Si sale bien, serviría como advertencia de lo que podría ocurrir si la Justicia la condena y avanzan las otras causas que están abiertas contra la vicepresidenta y sus hijos.

A la luz de lo ocurrido en los últimos dos meses, resulta razonable que se busque medir la capacidad de movilización. La menguada asistencia al acto por el Día de la (des)Lealtad que tuvo por orador central a Máximo Kirchner así como la dispersión de actos del oficialismo y los subsecuentes enfrentamientos públicos que profundizan fisuras internas son un llamado de atención.

Esas prevenciones se ahondan cuando se constata que el atentado contra la vicepresidenta no se tradujo en la pueblada esperada y que con el paso de los días se fue deshilachando la reunificación que el repudiable hecho había generado, mientras buena parte de la opinión pública hasta se permitía dudar de los motivos y la autoría intelectual.

En medio del revival ochentista de estos días, lo ocurrido permite trazar un paralelismo con el sangriento copamiento del regimiento de La Tablada por militantes del MTP, el 23 de enero de 1989, en las postrimerías del mandato de Raúl Alfonsín. Lo que entonces se presumía que desataría una ola de apoyos al endeble gobierno radical no ocurrió, sino que hasta se llegó a instalar la sospecha de que había sido autoprovocado o inducido. La historia no se repite, pero habilita comparaciones.

El intento de magnicidio, de todas maneras, dejó huellas en la vicepresidenta y en su familia, principalmente en su hijo Máximo, relatan quienes los frecuentan. El líder de La Cámpora sigue obsesivamente la investigación: “Sabe el árbol genealógico de cada uno de los copitos”, cuentan algunos de sus interlocutores. Las medidas de seguridad siguen reforzadas y Cristina Kirchner no deja nunca el auto blindado presidencial que le cedió Fernández en las primeras horas posteriores al atentado.

Quien sí se pregunta y responde con acciones ante una probable condena en su contra es precisamente Cristina Kirchner. A su permanente embate contra el Poder Judicial, en la última semana logró la exótica inclusión en el proyecto de presupuesto de la eliminación de la exención para los magistrados del pago del impuesto a las ganancias.

A todas luces es evidente que no es un objetivo recaudatorio, dado el bajo impacto en las complicadas cuentas fiscales que tendría, sino un intento de enfrentar a los magistrados con una ciudadanía hastiada de privilegios y abusos de los poderes estatales. Bajo ese prisma se procura que se juzgue (y se descalifique) cualquier decisión del Poder Judicial. Incluido, especialmente, un fallo adverso contra la expresidenta. Actos preparatorios.

En el mismo sentido se interpreta la búsqueda de sostén y revinculación internacional de la vicepresidenta. No solo se apuesta al triunfo de Lula, un espejo que potencia la extravagante teoría del lawfare y la ilusión de la reparación popular. También se debe contabilizar su inusual aceptación de la invitación del embajador de la Unión Europea Amador Sánchez Rico a reunirse en la sede de esa legación con los representantes de los países que componen la organización. Varios de ellos interpretaron su concurrencia, el jueves pasado, como parte de una estrategia de blanqueo de cara a los avances de la Justicia sobre ella.

Más allá de varios “ah, pero Macri”, Cristina Kirchner evitó allí profundizar sobre la situación nacional y se cuidó de hablar de las disputas internas. En cambio, se mostró como analista internacional y dio cátedra de las amenazas que para la economía y la paz mundiales existen en el actual contexto. Una demostración de que no solo es consciente de su fragilidad y vulnerabilidad judicial, sino también de la del gobierno que ella creó (aunque ahora tome distancia) y de la del país, en general.

No deja traslucir ante extraños, en cambio, qué les ordenará hacer llegado el momento del fallo a sus dirigentes y militantes. Si se limitará a la defensa en otras instancias judiciales o si generará un hecho político en las calles para confirmar su poder y enfrentar a la Justicia. Por ahora refuerza su liderazgo entre los propios, con la reafirmación de toda su simbología, aunque eso implique cuestionar a su propio gobierno y debilitarlo. Las contradicciones suelen derivar en ejercicios de suma cero.

Por las mismas razones, la pregunta que en la Rosada no quieren hacerse también la evitan en Economía. En el entorno de Sergio Massa saben que no caben más crisis políticas internas y menos nuevas tensiones sociales. “El plomero del Titanic” no quiere más fisuras en el barco que con mucho esfuerzo y creatividad trata de mantener a flote.

Por lo pronto, él se ocupa de sostener los difíciles vínculos en la cima de la descosida coalición oficial e intenta disipar sospechas de estar buscando su candidatura presidencial. Cada vez que puede lo subraya, como el viernes pasado en un programa de radio al que acudió con su hijo, quien con espontaneidad adolescente lo ayudó a freezar las preguntas sobre una postulación en 2023.

“Si las cosas salen bien, la candidatura será inevitable”, dicen en sus cercanías, con lo que relativizan, además, los cuestionamientos que surgen del cristicamporismo a su encadenamiento al acuerdo con el FMI y las medidas que de eso derivan. Massa aceita constantemente el vínculo con el sector que aún sigue siendo el más poderoso internamente.

“Sergio habla con Alberto como con Cristina y con Máximo, pero las decisiones siempre se las cuenta primero a la vice”, admiten en la Casa Rosada. El ministro entrena cada día todos los sentidos para detectar cualquier cambio de clima.

Si nada extraño ocurre, en algo más de un mes se develará la gran pregunta que corre sin respuesta ni previsiones en las dos terceras partes del oficialismo. Mientras tanto, Cristina Kirchner mantendrá a todos en vilo, Una vez más.

Por Claudio Jacquelin

• Cristina Kirchner
• Alberto Fernández
• Casos de corrupción

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