La inseguridad y el narcomenudeo presionan sobre el distrito más industrial

El industrioso municipio de San Martín comienza –o termina- entre basurales. A poca distancia del rio Reconquista, discurre, en paralelo, una autopista construida por el Ceamse: el conocido Camino del Buen Ayre. A su vera, la empresa estatal encargada de la administración de la basura tiene buena parte de sus plantas y dependencias. Del otro lado de la autopista, pegados a los barrios de José León Suarez, se suceden 8 de los 12 basurales clandestinos que, según un estudio urbano de la Universidad Nacional de San Martín, funcionan en el distrito. El Camino del Buen Ayre separa así la basura estatal de la clandestina, y se ofrece como una foto inaugural de un municipio en el cual el Estado, desde hace varias décadas, se hace presente con incesante intermitencia y cuestionable eficacia.

A unos pocos metros del Buen Ayre, cerca de uno de los basurales, entre napas que vecinos suponen contaminadas, se alza pulcro y orgulloso un secundario técnico creado en 2014 por la UNSAM. La escuela, que tras la reciente renuncia de su directora busca hoy un reemplazo, fue construida al término de la primera gestión del exintendente Gabriel Katopodis y es un norte de luz en José León Suarez; un barrio bajo el signo de una problemática con resonancias estatales.

La luz que irradia el establecimiento se ensombrece en sus inmediaciones. El narcomenudeo, el principal drama que presiona a San Martín en su conjunto, encontró en los alrededores de José León Suarez un ecosistema propicio para germinar, y según vecinos y fuentes de la UNSAM, es habitual ver deambular a vendedores de droga en las puertas del secundario. Otro contraste, cuyo reflejo se cristaliza a lo largo de un territorio que, tras la partida de Katopodis al Ministerio de Obras públicas en 2019, quedó en manos de quien fuera su jefe de gabinete, Fernando Moreira.

Villa Corea, Villa 18 y 9 de julio son algunos de los asentamientos apuntados donde parece regir una ley alternativa, y en donde el narcomenudeo, con sus múltiples derivas, echó profundas raíces. Los tres forman parte de los 57 asentamientos emplazados en un municipio con 54 kilómetros cuadrados.

“Hay barrios complejos”, indican en la intendencia, sin desconocer la existencia del fenómeno. Vecinos de José León Suarez, confesos simpatizantes de la gestión actual, señalan con euforia que la zona que va desde la ruta 4 hasta el río Reconquista, en la cual se concentra el 76% de los asentamientos, se encuentra en mejores condiciones que hace 20 años, cuando el radicalismo de Ricardo Ivoskus dejaba el territorio tras 8 años de gestión.

“Era tierra de nadie”, recuerda uno de ellos, que desde el 2015 trabaja con “la gestión”. Desde la intendencia, destacan que la zona cercana a la cuenca del río Reconquista, conocida como “el fondo” -nombre que prefieren evitar-, ni siquiera figuraba en el mapa de catastro municipal al arribó de Katopodis en 2011. La luminaria y el asfalto con los que urbanizaron el territorio, son otros de los logros que se esfuerzan en destacar.

El narcomenudeo guarda un vínculo sin solución de continuidad con otra problemática –también reconocida por la intendencia– que se expande por San Martín: la inseguridad. “No se puede más. Tenemos que trabajar con la puerta cerrada. No sé quién se tiene que hacer cargo”, explica un comerciante de Villa Ballester, ubicado en el corazón del municipio. El mismo vecino alista y promueve una marcha contra la inseguridad para el jueves próximo. Mantuvo diversas reuniones en las comisarías junto a otros comerciantes, pero la respuesta fue siempre la misma: falta de recursos. “Casi el 10% del presupuesto está destinado a la inseguridad”, explican en la intendencia y destacan en ese rubro la colocación de 15 postas de seguridad, la construcción de 200 “paradas seguras” y la compra de 120 patrulleros nuevos.

La tasa de homicidios dolosos es un indicador que vincula la inseguridad con el narcomenudeo. San Martín, en tanto cabecera judicial, con 90 casos en 2022, es solo superada por La Matanza, según datos de la Procuraduría General. Sin embargo, desde las filas de Moreira, el intendente, enfatizan que esas estadísticas traen confusión ya que agrupan también los datos de otros cuatro municipios. Voces autorizadas aseguran que, dada la dramática potencialidad del territorio, los datos, cuando son discriminados por municipio, si bien se encuentran por arriba del promedio, no resultan tan alarmantes.

“La gente se va de San Martín. Tenemos que evitarlo”, explica Mauricio D’Alessandro, precandidato a la intendencia por Juntos por el Cambio, en alusión al retiro de Katopodis, al de la directora de la escuela, y a las dos grandes problemáticas del distrito. Sin perjuicio de su validez, sus dichos hacen cierto juego con los números: el municipio se encuentra un punto por debajo del crecimiento promedio del conurbano; 8% contra 9%.

“El delito está cómodo”, refuerza Santiago López Medrano, su rival en la interna local, que como en casi todo el conurbano, recrea la disputa nacional. El abogado D’Alessandro, alineado con el precandidato a la presidencia, Horacio Rodríguez Larreta, asegura tener un vínculo fluido con Federico “Fico” Gutiérrez, exalcalde de Medellín, experto en seguridad urbana, y muy reconocido por su labor contra el narcotráfico en Colombia. López Medrano, alineado con Patricia Bullrich en la contienda nacional -a partir de quien esperan poder contrarrestar la popularidad de D’Alessandro-, relata que los suyos presentaron un proyecto en el concejo deliberante del distrito para declarar la emergencia en materia de seguridad. “Fue cajoneado”, sostienen.

La conectividad que ofrece el municipio agrega otra condición de fertilidad para el narcomenudeo. Ningún distrito es superficie estanca, pero San Martín, capital de la Pyme, con casi medio millón de habitantes, lo es menos aún; pegado a la Capital Federal, se encuentra recortado por la General Paz y atravesado por la ruta 4 y el mencionado camino del Buen Ayre; vías que otorgan rápida salida al acceso norte y a la ruta 8. Todo lo cual hace de San Martín un lugar estratégico para un mal que mostró sus primeros brotes a mediados de los noventa y que hoy despliega sus tentáculos hacia otros municipios.

El suceso de la “cocaína envenenada”, tal como la crónica periodística lo tituló –tristemente, sin redundancias-, que en febrero del año pasado se cobró 24 vidas, tuvo su origen en puerta 8, barrio del vecino municipio de 3 de Febrero. Sin embargo, una línea de investigación señala que quien estuvo detrás de la distribución de aquella droga adulterada fue la banda comandada por Miguel Ángel “Mameluco” Villalba, de gran inserción en el municipio. A “Mameluco”, que en 2011 llegó a coquetear con la idea de postularse a la intendencia por el peronismo federal, el Estado lo puso tras las rejas en el penal de Rawson, pero se sospecha que, desde allí, en sus horas más bajas, todavía ordena y desordena el hiperconectado distrito de San Martín.

Periodistas especializados señalan que parte del municipio se encuentra disputado por dos bandas criminales. “Si vos querés ganar algo, tenés que pelearlo”, dijo, rodeado de armas de guerra, un miembro de una ellas en una entrevista televisiva, en la que proponía una suerte de reinado narco bajo control. “Va todo en la misma bolsa”, deslizó, cuando, en dicha entrevista, se le preguntó por la complicidad estatal.

En el triste episodio de la cocaína adulterada, el Estado, en un bosquejo tardío, apareció en la voz del ministro de Seguridad de la Provincia, Sergio Berni: “Quienes compraron droga en estas últimas 24 horas tienen que descartarla”, advirtió, en un espasmo marcado por la urgencia, el paternalismo y la controversia. Por las muertes que aquella cocaína cortada con carfentanilo ocasionó todavía no hay detenidos.

Para el director del observatorio de política criminal, Ariel Larroude, el narcomenudeo es un asunto que excede por largo al municipio. Según el experto, el principio de abordaje debe venir desde lo más alto. “Hasta tanto no sea discutida una nueva ley de drogas y el país no solucione los problemas económicos de los jóvenes en el conurbano, este será el caldo de cultivo para las bandas. La ley actual está obsoleta”, sentencia.

Muy por debajo del ordenamiento jurídico “obsoleto”, en el plano electoral del municipio, se da otro juego de apariciones discontinuas. “Es una estafa electoral. Son candidaturas testimoniales”, arremeten en las filas de D’Alessandro. Es que el oficialismo, acusa la oposición, repitió dos veces una operatoria de “fuga”: en 2019, en lo que hubiera sido su tercera intendencia, Katopodis partió a ocupar el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, en un movimiento que, aseguran, se sabía de antemano. La intendencia lo niega. En las legislativas de 2021, Nancy Capelloni -esposa de Katopodis- y Leonardo Grosso, actual precandidato a la intendencia en la interna oficialista, ocuparon los dos primeros lugares en las listas del Frente de Todos, que resultó victorioso. Capelloni no se privó de pegar el apellido Katopodis en la lista. Ninguno ocupa hoy su banca en el concejo deliberante.

Con todo, desde la oposición destacan que a Katopodis -con estudios de postgrado en gestión y administración pública- no le cabe la acusación, como a otros intendentes del conurbano, de no tener presencia en el distrito. “Conocía y recorría el territorio”, aseguran. Algo que continúa haciendo en pos de transferirle parte de su charm al ignoto Moreira, su alfil, que buscará legitimar su intendencia –heredada tras la partida del “griego”- en las urnas.

La escuela técnica que la UNSAM inauguró en 2014, hoy acéfala, profundizó un inconveniente geográfico de José León Suarez: al estar elevada por sobre un terreno que desde la ruta 4 sufre un pronunciado descenso, provoca un efecto “embudo” que agrava las inundaciones en la zona. Allí, pasando la ruta 4, cerca del “fondo”, donde se concentra el 76% de los asentamientos, el narcomenudeo anidó hace tiempo.

“No pido cosas que no corresponden. El asfalto se transforma en un canal de agua. Necesitamos un desagüe”, pide un vecino pronto a cumplir medio siglo en el barrio, que asegura, mientras enseña las puntas que añadió a la reja de su casa, haber sufrido tres robos el pasado mes. “No estamos en un barrio cerrado”, le soltó un policía hace unas semanas. Desde la intendencia, niegan la existencia de los basurales clandestinos y aseguran que las inundaciones en José León Suarez son un problema del pasado. “Hay solo zonas puntuales”, explican.

A diferencia del griego, del ruso o del inglés, los verbos ser y estar, propios del castellano, permiten matizar, dicen los lingüistas, modos en la presencia. Las autoridades gubernamentales, en todos sus niveles, deberán tomar nota de ello, para un distrito que parece reclamar que el Estado, aparte de simplemente estar, sea.

Por Federico González del Solar

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