La Justicia allanó el convento de la polémica y retuvo dos celulares

La Justicia volvió a allanar el convento de General Rodríguez al que llegó José López con casi nueve millones de dólares la madrugada del 14 de junio. Secuestró dos teléfonos celulares, que ahora serán analizados por peritos de la policía judicial del Ministerio Público de la Ciudad.

El objetivo del operativo, ordenado por el juez federal Daniel Rafecas y ejecutado anteayer, era hacerse del teléfono de la madre superiora, Alba Díaz de España Martínez Fernández, acusada de encubrimiento en esta causa. Pero además, durante el allanamiento los investigadores dieron con otro celular que también fue secuestrado. Estaba en la habitación que fue del obispo Rubén Di Monte y suponen que era el que usó él hasta su muerte, en abril de este año.

Los dos teléfonos son antiguos, analógicos, informaron fuentes judiciales a LA NACION. El de la madre Alba es un Samsung; el atribuido a Di Monte, un Siemens. No tienen acceso a Internet, pero los investigadores confían en que puedan contener datos de interés en el registro de llamadas entrantes y salientes, en los mensajes de texto y en la lista de contactos.

El allanamiento había sido pedido por el fiscal del caso, Federico Delgado, que tiene delegada la parte de la investigación vinculada con las comunicaciones telefónicas. La fiscalía espera ahora el resultado del trabajo que está haciendo la policía judicial del Ministerio Público de la Ciudad sobre los nueve teléfonos que ya están bajo peritaje.

Para Delgado, las conversaciones detectadas sobre la línea de la madre Alba las horas previas a la detención de López fueron la prueba de que ella, responsable del convento desde la muerte de Di Monte, había acordado la visita. La tarde previa, la madre superiora habló varias veces con la mujer del ex funcionario, Amalia Díaz. Además, el viernes pasado, dos religiosas de clausura que habitan el monasterio confirmaron ante el juez que efectivamente Alba les había avisado que López las visitaría.

El fiscal cree que tanto la madre superiora como Celia Inés Aparicio (la hermana Inés) encubrieron el enriquecimiento ilícito de López porque colaboraron para que "ocultara los rastros" de su delito, escondiendo los bolsos con dinero en el convento.

La hermana Inés debe presentarse a declarar en indagatoria el lunes próximo. Anteayer estuvo en los tribunales de Comodoro Py y se reunió con la defensora pública Perla Martínez de Buck. Ayer, el juzgado de Rafecas recibió la notificación formal de la designación de Martínez de Buck como la abogada de la religiosa.

En cuanto a la madre Alba, de 95 años, la Justicia acaba de recibir un primer informe oficial sobre su salud. Tiene un "descenso cognitivo que la compromete psíquicamente a la hora de enfrentar un proceso penal", advierten las conclusiones del estudio del Cuerpo Médico Forense, firmadas por el especialista Leonardo Ghioldi. Por eso, todo indica que no será indagada y que la causa no avanzará contra ella. No obstante, la seguirán analizando.

El Cuerpo Médico Forense solicitó dos estudios complementarios: un "psicodiagnóstico" y un "examen neurocognitivo". El juez ya los ordenó.

En total, las llamadas registradas entre la madre Alba y la mujer de López fueron once. La primera fue a las 20.35 del 13 de junio; la última, a la 1.29 del 14, un par de horas antes de que el ex funcionario de Cristina Kirchner tocara el timbre del convento. Según el dictamen que presentó el fiscal hace dos semanas, esos contactos "en apariencia inocuos" son importantes porque la madre Alba era la responsable del "lugar elegido por López para esconder su botín".