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Diferencias en la Justicia por la constitucionalidad de un artículo clave de la reforma laboral sobre las indemnizaciones
Fallos de la Cámara Nacional de Apelaciones y de tribunales del interior declararon la invalidez del artículo 55, mientras que otros jueces lo avalaron; la nueva ley contempla una reducción del cálculo indemnizatorio
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LA NACION
Tanto en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo como en tribunales del interior del país se acumulan fallos que consideran que el artículo 55 de la ley de modernización laboral que aprobó el Congreso el 28 de febrero pasado viola al menos tres artículos de la Constitución al imponer una quita del 33% en las indemnizaciones de quienes iniciaron juicios. Estas decisiones dejaron al descubierto las divergencias con otros jueces, que avalaron lo establecido en la nueva legislación, incluso dentro de una misma cámara.
Se reactivó la incertidumbre sobre el criterio a aplicar a partir de dos fallos de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que se diferenció de las salas II y VIII, que sostuvieron la constitucionalidad del artículo 55.
Fuentes de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dijeron a LA NACION que no está previsto que se cite a un plenario que unifique la jurisprudencia.
El 17 de marzo, con la ley de modernización laboral recién reglamentada, los jueces Enrique Catani y Gabriela Vázquez, en el marco de una causa por el despido de un trabajador de un lavadero en 2022, consideraron que el artículo 55 de la nueva legislación, al establecer un régimen de actualización diferenciado para los créditos laborales que ya estaban judicializados al momento de sancionarse la ley, viola los artículos 16, 17 y 18 de la Constitución Nacional.
“El artículo 55 de la ley 27.802 no supera el examen de constitucionalidad, pues vulnera, en el caso, los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Nacional, así como el principio protectorio consagrado en el artículo 14 bis”, escribió Catani al emitir su voto.
Además, el fallo, al que accedió LA NACION, expuso que el artículo 55 establece un “piso mínimo” del 67% del valor que resultaría de actualizar el crédito por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) con más una tasa de interés pura del 3% anual. Esto significa que los trabajadores que iniciaron juicios antes de la reforma percibirían, en la práctica, una quita del 33% de sus indemnizaciones respecto del régimen general fijado en el artículo 54 de la misma ley.
“La norma no se limita a reglar el modo de cálculo de los accesorios, sino que impone una verdadera quita legal sobre el contenido económico de la acreencia. Nadie tiene un derecho constitucional a que su deuda se licúe mientras permanece impaga por el mero transcurso del tiempo”, fundamentó Catani. Y añadió: “La norma coloca a un grupo de personas en peor situación no por la naturaleza ni por la antigüedad de su crédito, sino por haber acudido a la justicia para cobrarlo”.
El tribunal identificó tres ejes de inconstitucionalidad. En primer lugar, la afectación al derecho de propiedad privada (artículo 17 de la Constitución Nacional), al licuar una porción del crédito en beneficio del deudor incumplidor. En segundo lugar, la violación del principio de igualdad ante la ley (artículo 16), al establecer un trato más gravoso para los trabajadores que recurrieron a la justicia en comparación con aquellos que no lo hicieron.
El fallo de la Sala I no fue un caso aislado. Previamente, la Sala VI de la misma Cámara había dictado una resolución similar. Cuando dictó ese fallo, la Sala VI estaba integrada con una subrogante, Vázquez, que es jueza de la Sala I.
Pero también tuvo correlato en el interior. Hay fallos similares, que también cuestionan este aspecto de la reforma, en los tribunales de Chubut, La Rioja y Corrientes, de acuerdo a fallos a los que accedió LA NACION.
Las divergencias entre las distintas salas del fuero laboral se dan en un momento en el que se aceleró el traspaso de la justicia laboral al ámbito de la justicia porteña, también aprobado por el Congreso cuando se trató la ley de modernización laboral.
Los gobiernos de la Nación y de la Ciudad, que son aliados políticamente, ya avanzaron en casi todo lo necesario para abrir los tribunales laborales porteños en el primer trimestre de 2027. Se terminó el primer concurso -destinado a cubrir diez juzgados y dos salas- y ya se preparan para un segundo, de otros 30 juzgados y tres salas más, como publicó LA NACION el domingo pasado.
El fallo de la Sala I fue celebrado en la CGT, que mantiene su estrategia judicial por limitar en los tribunales los alcances de la normativa que impulsó la gestión de Javier Milei. Sin embargo, los operadores judiciales de la central obrera peronista miran con preocupación lo que puedan resolver la Corte Suprema de Justicia o el Tribunal Superior de Justicia porteño en caso de que les toque decidir sobre cuestiones de fondo de la reforma laboral.
La información que manejan los sindicalistas es que la Corte Suprema, que por ahora evitó interceder a pesar de tener planteos a definir, no objetaría la ley aprobada por el Congreso a pesar de las dudas que existen sobre la constitucionalidad de algunos artículos, entre ellos, los que limitan el derecho a huelga.
LA NACION
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