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La Justicia desacelera el ritmo de las causas de corrupción ante la incertidumbre política
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LA NACIONHernán Cappiello
La Justicia Federal parece estar inmersa en el síndrome de la incertidumbre electoral. La conclusión se desprende de la lectura política de las últimas resoluciones de casos de corrupción, más allá de que detrás de cada una de estas decisiones los jueces pueden enumerar fundadas razones jurídicas para respaldarlas.
En los últimos días se resolvieron las excarcelaciones del exsecretario de Julio De Vido José María Olazagasti; de su exjefe de jurídicos Rafael Llorens, y del exsecretario de los Kirchner Isidoro Bounine; también Juan Manuel Abal Medina quedó fuera de la figura de asociación ilícita en la causa de los cuadernos. A su vez se dictó la falta de mérito de Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri, en la causa de las coimas por el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento. Y quedó envuelta en la indefinición la resolución de qué tribunal debe realizar el juicio contra Florencia Kirchner por los casos Los Sauces y Hotesur y cómo afecta el primer juicio por corrupción contra Cristina Kirchner, previsto para el 21 de mayo.
Las conclusiones no son necesariamente lineales. Pero un silogismo ayuda a entender el momento: las decisiones de la Justicia Federal en ocasiones tienen vinculación con lo que sucede en el mundo de la política. Y el año electoral exhibe incertidumbre sobre quién ganará las elecciones: si Macri es reelegido o Cristina Kirchner vuelve al poder. Por lo tanto hay decisiones de la Justicia Federal vinculadas con la política que están guiadas por la cautela y se ponen entre paréntesis, al menos hasta después de la feria judicial de invierno, cuando el escenario ofrezca mayores certezas.
Esta lectura, que comparten algunos camaristas, abogados y fiscales, es rechazada de plano por los protagonistas de las decisiones judiciales que generan suspicacias y parecen ir a contramano de un proceso más largo que se inició incluso antes de que Mauricio Macri llegara a la presidencia. En los últimos cuatro años se dio el mayor avance que se recuerde en la Argentina en causas de corrupción contra funcionarios del gobierno, aun cuando estaban en el poder. Comenzó la investigación contra Amado Boudou cuando era vicepresidente y tras dejar el cargo fue condenado a cinco años y diez meses de prisión. Quedó preso. Como nunca antes, la Justicia avanzó en las causas contra Cristina Kirchner: le dictó cinco prisiones preventivas y diez procesamientos en diversos casos por corrupción. Solo sus fueros evitan que esté presa. Su ministro Julio De Vido perdió los fueros como diputado y quedó preso, al igual que funcionarios de su área: Roberto Baratta, José López y Ricardo Jaime (condenado tres veces y con un nuevo juicio oral en puerta por enriquecimiento ilícito). Eran tiempos en los que los jueces federales avanzaban a paso firme teniendo como interlocutor y guía espiritual a Ricardo Lorenzetti, a cargo entonces de la presidencia de la Corte. Se deban un respaldo mutuo. El mayor caso de corrupción del kirchnerismo, el de los cuadernos, avanzó hasta dejar al borde del juicio oral a la expresidenta y a los principales empresarios de la Argentina que confesaron haber pagado sobornos.
Ahora hubo cambios. Una causa judicial nacida y rodeada por operaciones de inteligencia jaquea a Carlos Stornelli, el fiscal de los cuadernos, cuya conducta es analizada por un consejo evaluador de la Procuración, y hay quienes quieren minar las declaraciones del arrepentido Leonardo Fariña, sostén de acusaciones de corrupción en diversos procesos. Ese expediente que revela una trama de espionaje ilegal puede ser usado políticamente para debilitar los casos que preocupan a la expresidenta.
Por eso no escapan a esta nueva situación de prudencia los jueces federales de primera instancia y los tribunales de apelación de Comodoro Py 2002. De la Cámara de Casación, que los últimos años estuvo envuelta en escándalos, se espera que no incurra en atrasos como en el pasado sucedió con la tragedia de Once, con la absolución que finalmente dictaron en beneficio de Carlos Menem o con la tardía condena contra el expresidente por el pago de sobresueldos. La Cámara debe definir, por ejemplo, un esquema que lleve certezas sobre el juicio que deben enfrentar Cristina, Florencia y Máximo Kirchner, sin demorar su inicio.
Los fiscales Marcelo Colombo, Diego Velazco y Diego Luciani ya le impusieron ritmo al asunto. Dijeron que Hotesur y los Sauces son conexas entre sí. Pero las separaron de la causa de Vialidad, que debe empezar en mayo. El fiscal de Casación Mario Villar opinó lo mismo. Ahora debe definir Casación si comparte este criterio, que permitiría arrancar con el juicio.
Freno de mano
En los tribunales reconocen que la actividad judicial ingresó en un compás de espera trimestral. Y deslizan que se tomarán decisiones intermedias, no absolutas ni terminales. No es lo mismo dictar una falta de mérito, que significa que no hay elementos para procesar pero tampoco para sobreseer al acusado, que dictar un sobreseimiento, lo que implica que queda definitivamente librado de la acusación. Una cosa es un fallo no tan definitivo y otra una absolución. Una cosa es revocar una prisión preventiva y conceder la excarcelación, y otra es conceder la libertad al entender que no hay razones para continuar con la persecución penal.
En el entorno de Cristina Kirchner, en cambio, definen la situación como "una normalización del Estado de Derecho" y sobre la hija de la expresidenta sospechan que los tribunales no saben qué hacer con ella, sobre todo cuando su madre ahora parece tener chances en octubre.
Lo que sucede en los tribunales se puede comparar con lo que ocurre en el mundo de las finanzas. La incertidumbre económica lleva a los inversores a postergar sus decisiones. La tibieza judicial sigue esta lógica de precaución y autopreservación. No por nada siempre se dijo que en el mundo del poder permanente los tribunales son los más atentos a los aromas políticos.
Y su olfato les indica que aún es tiempo de incertidumbre.
Las últimas excarcelaciones y los beneficiados con falta de mérito
José María Olazagasti
Exsecretario de Julio de Vido
El juez federal Claudio Bonadio ordenó la excarcelación del exsecretario privado y hombre de confianza de Julio De Vido en la causa de los cuadernos de las coimas con la condición de que deposite dos millones de pesos. Olazagasti seguirá procesado como miembro de una asociación ilícita que cobró sobornos a empresarios vinculados a la obra pública en el kirchnerismo. Había sido detenido el 11 de agosto último.
Isidro Bounine
Exsecretario privado de Cristina
El exsecretario privado de Cristina Kirchner también fue excarcelado en los últimos días, tras pasar casi tres meses en prisión. Había sido señalado por el exministro de Economía de Santa Cruz Juan Manuel Campillo como uno de los hombres del entorno de Cristina que lo convocaron para participar de las maniobras de lavado de dinero en el exterior, investigadas en la causa de los cuadernos de las coimas.
Jorge "Corcho" Rodríguez
Empresario
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi determinó la semana pasada que por el momento no había pruebas de que el empresario Jorge "Corcho" Rodríguez estaba implicado en el pago de sobornos para el soterramiento del Sarmiento. Rodríguez había sido señalado por la presunta conformación de una sociedad en el exterior para utilizarla como medio para pagar las coimas para la megaobra.
Ángelo Calcaterra
Empresario
El extitular de Iecsa y primo del presidente Mauricio Macri fue otro de los empresarios beneficiados por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi. Al igual que Jorge "Corcho" Rodríguez, el magistrado dictó la semana pasada la falta de mérito por no haber encontrado pruebas de que el empresario Calcaterra haya estado involucrado en el pago de sobornos por el soterramiento del ferrocarril Sarmiento.
Rafael Llorens
Fue funcionario de De Vido
Llorens fue uno de los primeros detenidos de la causa de los cuadernos de las coimas. El exresponsable de los Asuntos Jurídicos del Ministerio de Planificación, cuyo nombre aparecía en las anotaciones del chofer Oscar Centeno, fue liberado por el juez Claudio Bonadio tras el pago de una caución. Acusado de integrar una asociación ilícita, la defensa del exfuncionario de Julio De Vido alegó que no existe peligro de fuga.
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