La justicia electoral instó al Congreso a que cambie la ley para cortar un negocio millonario de los partidos

La Cámara Nacional Electoral advirtió que el Poder Ejecutivo consumió recursos públicos en la impresión de boletas de manera “desproporcionada e irrazonable”, e instó al Congreso a que modifique la ley electoral para gastar menos dinero en la confección de las papeletas que se usan en las PASO. O, al menos, que se modifique el mecanismo de asignación de fondos públicos para realizarlas.

Así lo afirmó el máximo tribunal electoral en una sentencia donde declara “carente de interés jurídico” pronunciarse sobre un reclamo del partido Unión Popular Federal, distrito Córdoba, que pedía fondos para imprimir boletas para cada una de las listas de los precandidatos que anotó en sus PASO. Poco después del momento en que el partido recurrió a la Justicia, a la Dirección Nacional Electoral dispuso otorgar “aportes a cada lista oficializada”, por lo que quedó abstracto el planteo del partido del distrito cordobés.

No obstante, la Cámara Nacional Electoral en su sentencia aprovechó para remarcar una idea que viene esgrimiendo en numerosos fallos contra el sistema vigente, que contribuyó a formar una “industria” de los partidos políticos, en particular los pequeños sellos con pocos votantes que, en cada PASO, presentan numerosas listas internas y reclaman un monto millonario del Estado para imprimir boletas equivalentes a un padrón electoral para cada precandidato. Con el agravante que luego ese dinero no siempre se destina a la impresión de boletas, sino que termina en los bolsillos de los dirigentes partidarios.

Ahora, la Cámara Nacional Electoral comunicó su fallo al Congreso, “a fin de que, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, disponga lo conducente para revisar y armonizar la regulación vigente en la materia, a la mayor brevedad posible”. Y le mandó copia a la Corte Suprema de Justicia y a los jueces federales con competencia electoral en todo el país.

Los jueces Alberto Dalla Via, Santiago Corcuera y Daniel Bejas destacaron que, según la última interpretación mantenida por la Corte Suprema de Justicia, el régimen impone que el Estado Nacional cubra el monto de impresión de las boletas de todas las listas de precandidatos, sin evaluar su representatividad, “como sí ocurre en otras pautas de distribución de fondos públicos, en las que se tiene en cuenta la cantidad de votos obtenidos por las agrupaciones en elecciones anteriores”.

Esa interpretación -señala el máximo tribunal electoral- conduce a resultados irrazonables, como que el partido que reclamó aportes en el caso, Unión Popular Federal del distrito Córdoba, “recibió fondos públicos para imprimir 15.325.440 de boletas para la categoría de diputados nacionales, mientras que [por los votos que obtuvo en las PASO] fueron efectivamente necesarias menos de 10.000 de esas boletas para votar a sus listas internas; esto es un 0,47% del total de votos emitidos”.

Lo mismo ocurrió en la categoría Parlamentarios del Mercosur, donde “el Estado entregó al partido el dinero necesario para imprimir 12.260.352 boletas, de las cuales los votantes utilizaron menos de 9000 para emitir los sufragios obtenidos por las listas propuestas por la agrupación”. Es decir que solo se usó el 0,41%. del total de votos.

En la provincia de Buenos Aires se presentaron 24 agrupaciones políticas con un total de 30 listas internas y solo cuatro agrupaciones lograron superar el piso legal del 1,5% de los sufragios para participar en los comicios de octubre. Para senadores se presentaron 26 agrupaciones y 37 listas, de las cuales también solo cuatro superaron el corte. Todas las demás agrupaciones, en todas las categorías, no lograron alcanzar el 1% de votos.

Tras reseñar varias situaciones como esa, ocurridas en las PASO del 13 de agosto, la sentencia denuncia el incremento exponencial de listas.

Otro dislate fue que de los resultados finales del escrutinio se desprende que tres agrupaciones que suman 12 listas internas no han alcanzado -todas juntas- a recoger el 0,15% de los votos válidamente emitidos. Es decir, sumadas no llegaron ni a un décimo de los votos necesarios para participar de las elecciones generales, pero cada una de las 12 listas internas recibió fondos para imprimir el equivalente de un padrón completo de boletas.

“No pueden descartarse situaciones de abuso del derecho o, lisa y llanamente, casos de malversación de fondos”, dijeron los camaristas. Recordaron una serie de medidas adoptadas por la Cámara para verificar la actividad de las imprentas que aparecen contratadas por las agrupaciones políticas y mencionaron la existencia de denuncias penales por la posible comisión de delitos por parte de algunos dirigentes partidarios.

El criterio de la Corte

En 2017, el gobierno de Cambiemos se negó a pagarle $20 millones al partido del ultraderechista Alejandro Biondini, quien se postuló al frente de una única lista de diputados nacionales, pero presentó siete listas internos de candidatos a senadores en las PASO. “No vamos a permitir avivadas”, afirmó entonces el secretario de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, Adrián Pérez.

En febrero de 2020, la Cámara Nacional Electoral convalidó esa decisión de la gestión de Mauricio Macri, estableciendo una interpretación más restrictiva con respecto al otorgamiento de fondos. Pero en septiembre de ese año la Corte Suprema revirtió el fallo de la Cámara y ordenó pagarle al partido de Biondini $14.080.00 por la impresión de boletas en 2017, que se sumaron a los más de cinco millones que ya recibió ese año.

Por eso es que ahora la Cámara, ante la reiteración de los reclamos de fondos de los partidos, le pidió al Congreso que revise el mecanismo de asignación de recursos mediante una reforma legal.

Dijo la Cámara que hubo un aumento sostenido de la cantidad de listas de precandidatos. Así, en la primera PASO de 2011 participaron 348 listas internas, mientras que en 2015 y 2017 hubo 570 y 421 listas, respectivamente. Este año hubo 750 listas, lo que implica un aumento del 115,8% en comparación con la PASO de 2011.

La norma que indica que “cada una de las listas de precandidatos imprima una cantidad de boletas equivalente a la totalidad de ciudadanos convocados a votar -es decir, multiplicando 750 veces el número de boletas disponibles para cada elector-, ha perdido ya sustento en toda base razonable”, advirtió la Cámara.

A partir de una investigación de LA NACION del 11 de agosto pasado, titulada “El entramado de 20 partidos que une a un grupo que hace negocios millonarios con la impresión de boletas”, el tribunal instó a que el fiscal nacional electoral Ramiro González iniciara una investigación.

De paso, la Cámara se quejó de no tener autonomía presupuestaria. Habló de que la “dependencia presupuestaria de una dirección del Poder Ejecutivo -tanto más en tiempo de elecciones- es una rémora injustificable cuando se cumplen 40 años desde la recuperación de la democracia, resultando insostenible que, por ejemplo, la actualización tecnológica del fuero electoral -entre tantas otras tareas esenciales- dependa de la buena voluntad de los funcionarios de la Dirección Nacional Electoral”.

Se quejaron de que se gastó plata en boletas “en cantidades desproporcionadas e irrazonables” y no en los requerimientos que hizo la Cámara ante “la reiterada falta de provisión” de por ejemplos sistemas de identificación y verificación de los datos biométricos de los electores o de los afiliados a los partidos políticos.

Con base en esas consideraciones, la Cámara resolvió dirigirse al Congreso de la Nación “a fin de que, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, disponga lo conducente para revisar y armonizar la regulación vigente en la materia, a la mayor brevedad posible”. Del mismo modo, hizo saber lo resuelto a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

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